La fiscal Sabadell ignora a Anticorrupción y notifica al juez su investigación al hermano de Ayuso

Dos fiscales delegados a la órdenes de Concepción Sabadell, exfiscal del caso Gürtel y desde julio de 2020 representante de España en la Fiscalía Europea, han dado traslado a la Audiencia Nacional del decreto de incoación de procedimiento de investigación, fechado el pasado 16 de marzo.

En él afirman que el contrato por importe de 1,5 millones de euros adjudicado por la Consejería madrileña de Sanidad a la empresa Priviet Sportive, propiedad de un amigo de Isabel y Tomás Díaz Ayuso y en el que este último intermedió a cambio de una comisión, puede haber perjudicado los intereses de la Unión Europea, ya que fue sufragado con fondos europeos.

El decreto invoca presuntos delitos de fraude a la Hacienda Europea, malversación y cohecho como objeto de las pesquisas.

La Fiscalía Europea, en funcionamiento desde junio de 2020, es competente para investigar y acusar a los responsables de las infracciones penales que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, "así como los delitos que están indisociablemente vinculados con ellos", según el Reglamento de la UE que regula su funcionamiento.

El modelo que implanta el Reglamento es el de la dirección de la investigación por los integrantes de la Fiscalía Europea, que son los que deciden la apertura y cierre de los procedimientos y el ejercicio o no de la acción penal. Cada Estado miembro tiene un representante en la Fiscalía Europea (Concepción Sabadell, en el caso de España). Hay, además, siete fiscales españoles delegados que trabajan para la Fiscalía Europea desde Madrid.

La ley nacional que traspuso el Reglamento de la UE incorpora la figura del juez de garantías, que es el encargado de controlar la investigación de los fiscales europeos en aquellos aspectos que afecten a los derechos fundamentales.

Esa ley establece que el órgano competente para el conocimiento y enjuiciamiento de los procedimientos de investigación que dirijan los fiscales europeos es la Audiencia Nacional. Por ello se ha comunicado a este tribunal el inicio de la investigación sobre el contrato en el que intermedió Tomás Díaz Ayuso y se ha solicitado la designación del juez de garantías.

Hechos consumados 

Sabadell no ha esperado a que la fiscal general, Dolores Delgado, decida sobre el conflicto de competencias que se ha suscitado después de que el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, se haya negado a ceder a la Fiscalía Europea el conocimiento de las diligencias de investigación que abrió el 22 de febrero tras recibir las denuncias del PSOE, Más Madrid y Podemos en relación al contrato de las mascarillas.

Luzón dirigió el 10 de marzo un escrito a los fiscales europeos en el que les indicaba que las diligencias de investigación que él dirige se refieren a conductas "que afectan directa y exclusivamente a intereses nacionales" y en ellas se dirimen presuntos delitos de tráfico de influencia, falsedad documental o negociaciones prohibidas a funcionarios. Es decir, presuntas infracciones penales ajenas a las competencias de la Fiscalía Europea.

Más aún, el fiscal jefe anticorrupción manifestaba que en su investigación "no se aprecia base indiciaria suficiente" en relación con los delitos competencia de la Fiscalía Europea.

Dolores Delgado ha convocado para el próximo lunes a la Junta de Fiscales de Sala con el fin de oír su opinión sobre el conflicto que se ha suscitado entre la Fiscalía Europea y Anticorrupción. Pero, en una política de hechos consumados, Sabadell ha ignorado el criterio de Luzón, ha avocado para sí el asunto y ha puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional la incoación del procedimiento de investigación.

Lo ha hecho pese a ser consciente de que se avecinaba un conflicto con Anticorrupción: en el propio decreto de los fiscales europeos figura un apartado dedicado a la 'eventual cuestión de competencia'. En él afirman que, a su parecer, “no cabría plantear una cuestión de competencia cuando, como ocurre en el presente caso, la Fiscalía Europea decide ejercer su competencia a través del derecho de avocación".

Cautela del juez

Pero los fiscales europeos se han encontrado con que el Juzgado Central de Instrucción se ha negado por el momento a incoar el procedimiento de garantías. En vez de ello, ha abierto unas diligencias indeterminadas para que, antes de dar cauce al proceso que pretende la Fiscalía Europea, se le aclare si es este órgano el competente o lo es la Fiscalía Anticorrupción.

El Juzgado se ha dirigido a Luzón solicitándole información sobre sus diligencias. Es previsible que, a diferencia de los fiscales europeos, el fiscal jefe anticorrupción no conteste antes de conocer el criterio de los fiscales de sala y la decisión de Dolores Delgado.

Fuentes de la Audiencia Nacional defendieron que hay que actuar con cautela a la vista de las circunstancias que concurren: la Fiscalía Europea es un órgano nuevo que en España aún no ha cuajado y, además, no existen precedentes de un conflicto competencial entre los fiscales europeos y un órgano nacional del Ministerio Público.

En la Audiencia Nacional se tiene la impresión de que Sabadell está "poniendo toda la carne en el asador" para quedarse con el mediático caso del hermano de Ayuso en un afán de "situar en el mapa" a la Fiscalía Europea. En España este órgano apenas si tiene asuntos, en comparación con la dotación de medios personales que tiene asignados.

Solución salomónica

La fiscal general, a modo del Salomón bíblico, va a plantear a la Junta de Fiscales de Sala que una solución conciliadora, de modo que cada órgano lleve a cabo la investigación de los delitos de su competencia.

En concreto, Delgado propondrá "la continuación del conocimiento de las diligencias de investigación [del contrato de las mascarillas] por parte de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en averiguación de todas aquellas posibles infracciones penales distintas de los referidos delitos objeto de investigación por la Fiscalía Europea".