El fiscal del Tribunal de Cuentas reclama a los líderes del 'procés' la devolución de 3,4 millones

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas demanda a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, así como a otros líderes del 'procés' y cargos de la Generalitat, el reintegro de un total de 3,4 millones de euros empleados indebidamente en el referéndum ilegal del 1-O y en la promoción del proceso independentista en el extranjero.

El nuevo fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, ha presentado este miércoles la demanda de responsabilidad contable contra 35 políticos y altos cargos de un total de 42 inicialmente incluidos en el procedimiento contable.

Entre ellos están Puigdemont y Mas, a los que se reclama 2.486.790 y 739.918 euros, respectivamente. El exvicepresidente catalán y líder de ERC Oriol Junqueras es demandado por la misma cantidad que Puigdemont y el exconsejero de Economía Andreu Mas-Collel por idéntica cuantía que Mas.

El exconsejero de Acción Exterior Raül Romeva deberá responder por una reclamación de 2.277.101 euros; la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa, por 987.964 euros; Jordi Turull, por 995.822 euros y los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig, en la actualidad prófugos de la Justicia, por 826.649 euros.

Disminución

El fiscal ha rebajado sensiblemente la cuantía presuntamente menoscabada respecto a la que determinó la delegada instructora, Esperanza García Moreno. Así, el Ministerio Público reclama 1.219.838 euros por los gastos de celebración del 1-O, mientras que el importe de la liquidación provisional ascendía a 3.903.294 euros.

Respecto a la actividad de promoción del 'procés' en otros países, el fiscal cifra la cantidad a reintegrar en 2.209.503 euros. La delegada instructora la elevaba por este capítulo a 5.150.711 euros.

Esta disminución es consecuencia de que la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que algunas de las cantidades vinculadas al 'procés' de acuerdo con la sentencia dictada en octubre de 2019 por el Tribunal Supremo no llegaron a causar un perjuicio al erario público.

"Hemos hecho más indagaciones y hemos llegado a esa conclusión", dijeron fuentes de la Fiscalía, que señalaron que, de todas maneras, el Tribunal de Cuentas podría condenar al reintegro de cuantías no mencionadas por el Ministerio Público porque sí están incluidas en la demanda presentada por Sociedad Civil Catalana, que ejerce la acción popular. 

Es el caso de la distribución de papeletas y sobres para la celebración del referéndum que fue encargada por distintas Consejerías a la empresa Unipost por un importe cercano al millón de euros.

La Fiscalía recuerda que la sentencia del Tribunal Supremo declara acreditado que la Generalitat hizo ese encargo a Unipost pero "la prestación no llegó a ejecutarse". "Es más", señala el fiscal, "consta la anulación de las facturas, la renuncia de la administradora concursal y el relevante dato de que no figura en la masa activa del concurso de la sociedad. Podemos concluir que no hubo prestación y no hay posibilidad de reclamación alguna".

Lo mismo sucede con la construcción de un call center que fue utilizado para la celebración de la consulta independentista del 1 de octubre de 2017. La cantidad destinada a esta infraestructura no se reclama por la Fiscalía "al no haberse acreditado que el gasto tuviera relación exclusiva con el referéndum ilegal". De hecho, no figura en los gastos enumerados en la sentencia del Tribunal Supremo.

Libertad ideológica

Respecto a la actividad de Diplocat, el consorcio destinado a la acción exterior de la Generalitat de Cataluña, el fiscal ha excluido numerosos gastos contemplados en la liquidación provisional en virtud del principio de libertad ideológica.

A su juicio, la mayoría de los desplazamientos realizados por los líderes del 'procés' para impartir conferencias o para asistir a debates, jornadas y presentaciones de libros en el extranjero "no pueden reputarse dirigidas exclusivamente a publicitar el proceso soberanista, sino que se enmarcan en la organización de un programa de viaje con un objeto y finalidad de carácter institucional en el ejercicio de sus funciones".

Considera, además, que las manifestaciones que los exgobernantes catalanes hicieron en el curso de esos debates, conferencias o declaraciones están amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Respecto a los gastos atendidos por Diplocat derivados de actividades en ámbitos parlamentarios, académicos y culturales, se ha constatado que "prácticamente todas las actividades consisten en actos coorganizados por ese organismo con distintas instituciones, en gran parte con departamentos o institutos dependientes de universidades extranjeras y escuelas superiores u otros centros y entidades culturales".

Excluidos

De la demanda de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas han sido excluidos los exconsejeros del Gobierno catalán a los que el Tribunal Supremo absolvió del cargo de malversación de fondos públicos o no fueron acusados. Quedan fuera, por tanto, de la reclamación del Ministerio Público Josep Rull, Joaquim Forn, Carles Mundó, Santiago Vila y Meritxell Borràs.

Tampoco se dirige la reclamación contra las exconsejeras Clara Ponsatí y Meritxell Serret. La primera, huida de España, "no consta que participara a través de su departamento" en los gastos del 1-O o de la promoción del 'procés' en el exterior. A la segunda, que se entregó en el Tribunal Supremo en marzo de 2021, no se le imputa un delito de malversación en la causa pendiente de ser juzgada por el Tribunal Superior de Cataluña.

Tampoco son demandadas por el fiscal las interventoras de la Generalitat Mireia Vidal y Rosa Vidal. Martín-Granizo se ha basado en los informes de los peritos interventores que auxilian a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y que no consideran acreditado que hayan fiscalizado el gasto en alguna de las fases de ejecución.

Josep María Jové y Natalia Garriga, exsecretario general y exdirectora general de la Consejería de Economía y Hacienda, han quedado también excluidos de la demanda. La liquidación provisional realizada por la instructora delegada los relacionaba con el gasto del call center, que no fue objeto de condena por malversación.

También ha quedado al margen de la acción del fiscal Francesc Sutrías, exdirector general de Patrimonio, a quien no se le exige responsabilidad por la exclusión de los gastos relativos a Unipost y al call center.