Luis Medina vendió los bonos que adquirió con su comisión a los seis días de declarar ante el fiscal

Rodríguez Sol advirtió al aristócrata de que "cualquier maniobra" con esos fondos podría ser un delito de alzamiento de bienes. Tanto Medina como su abogado protestaron con vehemencia su voluntad de transparencia y ayuda a la investigación. "Nada más lejos, señor fiscal, colaboración extrema", dijeron.

Era el 13 de abril de 2021 y Anticorrupción llevaba ya cinco meses investigando una denuncia del Sepblac recibida en julio de 2020. El Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales había detectado una operación de compra de un millón de mascarillas, dos millones y medio de guantes y 250.000 test anti-Covid realizada por la Empresa Municipal de Servicios Funerarios en marzo y abril de 2020, en la peor época de la pandemia.

La sociedad, participada 100 % por el Ayuntamiento de Madrid, pagó un total de 11 millones de euros. Lo llamativo de la operación era su "sobreprecio": 5,6 millones de euros, casi el 50%.

El "sobreprecio" resultó ser una millonaria comisión que había sido ocultada al Ayuntamiento. Así lo declaró la funcionaria que negoció el contrato, Elena Collado, y también lo admitieron los propios comisionistas. Alberto Luceño, que era el que tenía relaciones con las empresas asiáticas que proporcionaron el material sanitario, se embolsó 4,7 millones de euros. Y Medina recibió de su socio un total de 927.410 euros por hacer una llamada a Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde, para obtener el contacto de Elena Collado.

Bonos y un yate

"¿Qué hizo usted con ese millón?", le preguntó el fiscal Luis Rodríguez Sol en la declaración del 13 de abril de 2021. "Mis gastos, mis cosas", contestó Luis Medina.

Admitió que se compró un yate que actualmente está en Gibraltar y que invirtió 400.000 euros en bonos. "En el banco me dijeron: 'Para tener el dinero parado, ponlo en esto'", explicó.

Medina no se acordaba del nombre de los productos bancarios en los que invirtió. "Lo puedo preguntar", ofreció al fiscal. "Porque usted a lo mejor necesita saber si yo el dinero se lo he desviado a..."

"Le voy a ser muy sincero", le cortó Rodríguez Sol. "Si vamos al Juzgado, hay que pedir el embargo de estos bienes. Su abogado se lo podrá decir, pero si usted hiciera cualquier maniobra intentando, no sé, ponerlo a nombre de otro... eso sería un delito", le advirtió.

Fue entonces cuando el aristócrata replicó "¡Ah, no, hombre!".

En realidad, en ese momento Medina ya había vendido la mayor parte de los bonos en los que gastó el 1 de abril de 2020 un importe de 200.000 euros y el 29 de abril de 2020 otros 200.000.

No informó al fiscal, pero la primera inversión en productos estructurados fue vendida a pérdidas entre julio y agosto de 2020. Medina obtuvo 192.033 euros.

En cambio, los otros 200.000 euros fueron vendidos a partir del 21 de septiembre de 2020 con un beneficio de 18.239 euros. En ese momento la alerta del Sepblac había llegado a la Fiscalía Anticorrupción, pero las diligencias de investigación no serían abiertas hasta el 19 de noviembre siguiente.

Seis días después

Aunque el empresario lo ocultó al fiscal, cuando compareció en Anticorrupción a Medina sólo le quedaban 45.000 euros en bonos. Empezó a deshacerse de ellos el 19 de abril de 2021, exactamente seis días después de garantizar al representante del Ministerio Público su "colaboración extrema".

Medina vendió 10.000 euros el 19 de abril, la misma cantidad el 29 de abril, otros 10.0000 el 26 de mayo y la cantidad restante el 24 de agosto de 2021. En ese momento el saldo de la cuenta de valores de la que era titular el aristócrata quedó a cero.

Así se la ha encontrado el juez Adolfo Carretero cuando el pasado 8 de abril, a petición del fiscal, pidió al banco el "embargo, bloqueo y prohibición de disponer" de todas las cuentas bancarias del hijo de Nati Abascal y del fallecido duque de Feria.

Movimientos de la cuenta de valores de Luis Medina./ E.E.

Los movimientos de la cuenta de valores aportados por la entidad bancaria, conocidos por EL ESPAÑOL, dan cuenta de los pasos de Luis Medina para vaciarla y ponen de manifiesto que, en contra de lo que manifestó en su declaración ante el fiscal, sí ha movido el dinero.

Medina tiene otras tres cuentas en la misma entidad, pero el juez sólo ha podido embargar 247,46 euros en una de ellas. En las otras dos el saldo es negativo a fecha de 12 de abril pasado: una cuenta en euros tiene -163,34 y la otra cuenta, en dólares, tiene -19,23.

El banco ha informado, además, al juez instructor de que el aristócrata "mantiene una deuda impagada de -5.719,59 euros correspondiente a una liquidación de una tarjeta de crédito que no fue atendida a su vencimiento".

Fianza

El juez sí ha embargado el yate que Medina compró junto a su hermano. El fiscal ha pedido al instructor que bloquee además otros bienes que pueda tener el empresario hasta cubrir un importe de 891.227 euros.

Anticorrupción, que se ha querellado contra los dos comisionistas por presuntos delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de dinero, cifra en un total de 1.216.989 la fianza que debe prestar Medina, que es el importe resultante de la suma de la comisión cobrada más un tercio de la misma. Al haber podido embargarle el velero, la cantidad resultante queda en esos más de 890.000 euros.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, personado en las diligencias como acusación particular, ha solicitado al Juzgado que investigue "la existencia de otras cuentas corrientes abiertas a nombre de Luis Medina" y "de bienes muebles o inmuebles inscritos en los diferentes registros públicos" bajo su titularidad. Más Madrid, que actúa como acusación popular, ha formulado una petición en el mismo sentido.

El PSOE, también acción popular, ha pedido al juez Carretero, que embargue a Medina Abascal los derechos que puedan corresponderle de la herencia de su abuela, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, fallecida en 2013.

Los bienes y títulos de la que fue duquesa de Medinaceli y grande de España son objeto de litigio entre sus hijos y nietos en un pleito que tramitan los órganos judiciales sevillanos.