La Asociación de Fiscales, de representación mayoritaria en la carrera fiscal, ha pedido a la Comisión Europea que tome medidas ante la reforma que se pretende hacer en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que la fiscal general ascienda automáticamente a la categoría de fiscal de Sala cuando termine su mandato.
La modificación se está tramitando en el Congreso en virtud de enmiendas presentadas por el PSOE a una ley ajena a la Fiscalía (la ley concursal) y, de este modo, eludiendo los informes del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial.
Además de la promoción a la primera categoría del responsable del Ministerio Público tras su cese, las enmiendas facultan al fiscal general para que informe, sin ningún control ni transparencia, al Gobierno de los asuntos que le parezcan de "especial trascendencia".
La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, y los miembros de la Comisión Ejecutivoa han enviado una carta al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y a la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia, Vera Jourová, para trasladarles la "honda preocupación" que la reforma suscita por el "riesgo de deterioro grave del Estado de Derecho".
Ese riesgo se produce por el "menoscabo del principio de independencia del Ministerio Fiscal en sus relaciones con el Gobierno y la pérdida de la necesaria imparcialidad de quien dirige el Ministerio Público, así como de su apariencia, derivada de las injerencias políticas en este órgano constitucional".
"Premiar" a la fiscal general
Para la AF, con esta reforma se busca "premiar" a la fiscal general, "contribuyendo a una mayor politización de la institución del Ministerio Fiscal".
"No resulta ocioso recordar el contexto en que se produce el nombramiento de la actual fiscal general, que había concurrido a las elecciones generales celebradas en noviembre de 2019 en las listas de candidatos del PSOE, participando en la campaña electoral en actos organizados por este partido y solicitando el voto para el mismo", recuerda la carta.
"Tras la celebración de las elecciones, obtuvo escaño en el Congreso de los
Diputados y era ministra de Justicia en funciones cuando fue propuesta por el Gobierno para ocupar el cargo de fiscal general", añade.
Para la AF, la reforma garantiza a Delgado que, cuando cese, en vez de volver a la plaza de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de la que es titular, ascenderá a fiscal de Sala "sin necesidad de concurrir con otros candidatos en concurso de méritos y capacidad".
"No es necesario realizar esfuerzo dialéctico alguno que evidencie la regalía de la disposición para quien hoy es fiscal general", señala. "Tampoco el descrédito que llevaría aparejada tal reforma para la función que constitucionalmente está llamado a cumplir el Ministerio Fiscal".
A la Asociación de Fiscales le preocupan otros aspectos de la reforma, en particular el referido a las comunicaciones de la fiscal general con el Gobierno.
Relación con el Gobierno
A su parecer, la modificación es también en este punto contraria a las recomendaciones que vienen realizando la Comisión Europea y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) para suprimir los supuestos de injerencias indebidas de los poderes públicos en el Ministerio Fiscal.
La carta recuerda que, conforme a los dictámenes del GRECO, la legislación española debería garantizar que las comunicaciones del fiscal general con el Gobierno se hagan por escrito y con registro y que esas comunicaciones sean públicas, con el fin de incrementar la percepción ciudadana sobre la independencia de la Fiscalía.
La AF da a conocer a la Comisión Europea que las enmiendas socialistas se refieren únicamente al primer aspecto y obvia el segundo, "que es precisamente el único útil a los efectos del control ciudadano y/o parlamentario de las posibles injerencias del Gobierno en el Ministerio Fiscal".
"Si no son de dominio público las peticiones de información, de actuación o de omisión que el Gobierno dirija al Ministerio Público, ¿qué se habrá ganado con el cumplimiento de un aspecto meramente formal, de documentación escrita y registro?", se pregunta.
También subraya que la enmienda obvia la obligación de registro si es el fiscal general el que, por propia iniciativa, decide comunicar al Gobierno asuntos de especial trascendencia.
"Dicho en otros términos, se aparenta cumplir con parte de las recomendaciones realizadas a España tanto por la Comisión Europea como por el GRECO y después se da carta de naturaleza a una vía destinada justamente a eludir la documentación, registro y publicidad que deben presidir las comunicaciones entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal", concluye la AF.
"Nuevo espacio de sombra"
Se garantiza así al fiscal general y al Gobierno "un nuevo espacio de sombra" que es "absolutamente contrario a los principios que rigen en la instituciones europeas".
"Atendiendo a la integridad de la enmienda", afirma la AF, "nos encontraríamos ante una fiscal general del Estado, propuesta por un Gobierno que preside la misma persona que la hizo ministra, con quien compartió lista y proyecto electoral, que podrá informar al Gobierno de los asuntos que entienda de especial relevancia sin que deba dejar constancia por escrito de esos informes ni, por supuesto, darlos a conocer públicamente, no ya la información compartida, sino el simple hecho de compartir información con el Gobierno, y que obtendrá la recompensa de adquirir la condición de fiscal de Sala cuando cese como fiscal general".
Para la Asociación de Fiscales, tanto el contenido de las enmiendas como la forma elegida para acometer unos cambios que considera de enorme calado en la Fiscalía "evidencian la intención última que se persigue: premiar la relación de subsidiaridad de la fiscal general del Estado con el Gobierno de la nación".
Ello explica, a su juicio, que hayan sido los ministros Pilar Llop y Félix Bolaños los que hayan salido a defender la iniciativa. "Ni una sola palabra se ha pronunciado por el portavoz del grupo socialista en el Congreso", teórico autor de las enmiendas.
La AF pide a la Comisión Europea que "inste al Gobierno de España para que acometa las reformas de las que precisa el Ministerio Fiscal en forma absolutamente respetuosa con los valores recogidos en el Tratado de la Unión Europea" y que "de persistir en esa reforma, se pondere la procedencia de iniciar el procedimiento para constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave" del Tratado.
Considera asimismo que, si la reforma siga adelante, la Comisión Europa debe "ponderar" la aplicación del Reglamento que prevé condicionar el presupuesto destinado por la UE a un país miembro en caso de vulneración de los principios del Estado de Derecho.