El Ayuntamiento de Madrid reivindica su condición de víctima de la supuesta estafa del caso Mascarillas. En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 47, se ha opuesto al recurso del imputado Luis Medina, con el que el aristócrata trató de que el consistorio dejase de figurar como acusación contra él.
En el documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la asesoría jurídica municipal defiende su condición, dado el "perjuicio económico derivado del sobrecoste oculto" en los tres contratos sanitarios en los que Medina y el empresario Alberto Luceño se habrían embolsado una abultada comisión. Y recuerda que la Fiscalía, al interponer su querella contra ambos intermediarios, instó a "ofrecer acciones" al Ayuntamiento.
Este viernes, el fiscal Luis Rodríguez Sol se ha reiterado, dando la razón al consistorio madrileño. "Resulta evidente que el único concepto en el que se puede personar es el de actor civil o acusación particular", señala el Ministerio Público en un contundente escrito, en el que pide al juez que desestime totalmente el recurso de Luis Medina.
Luis Medina, en una imagen de archivo.
En total, por los tres contratos, la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S. A. —participada al 100% por el Ayuntamiento— abonó, en la peor etapa de la pandemia de la Covid-19, unos 11 millones de euros de dinero público.
"Los querellados fijaron los precios de los mismos ocultando que un elevado porcentaje de tales precios (aproximadamente un 60% para las mascarillas, un 81% para los guantes y un 71% para los tests) correspondía a las comisiones que los mismos querellados iban a percibir; lo que supuso un incremento exorbitante del precio de los productos contratados", señala el consistorio en su escrito.
Fianza de 6,2 millones
Asimismo, el Ayuntamiento de la capital ha solicitado al juez Adolfo Carretero, encargado de la investigación del caso Mascarillas, que imponga una fianza de casi 6,2 millones al empresario Alberto Luceño, también imputado. Y pide que, si éste no la aporta, el Juzgado averigüe todas sus cuentas y bienes y los de una de sus empresas y proceda a embargarlos por el mismo valor.
Así consta en otro segundo escrito enviado al magistrado este viernes. Debido a que los bienes ya embargados a Luceño no alcanzan, ni remotamente, la cantidad solicitada por la Fiscalía Anticorrupción (5.567.725 euros), el Ayuntamiento de la capital solicita ahora al juez la averiguación de "la existencia de otras cuentas corrientes y otros bienes muebles o inmuebles titularidad de don Alberto Javier Luceño Cerón y de Takamaka Invest, S. L.".
Y, si el empresario no satisficiese su fianza, el consistorio pide al que "se proceda al embargo de los bienes encontrados en la cuantía total de 6.191.127 euros", cifra que el Ayuntamiento ha fijado para la asunción de las hipotéticas responsabilidades civiles que se deriven del proceso judicial.
El artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) indica que la cuantía "no podrá bajar de la tercera parte más de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias".
Embargos
Tal y como informó este diario, el pasado 19 de abril, el juez Adolfo Carretero optó por ordenar el bloqueo de todas las cuentas bancarias tanto de Alberto Luceño como de su empresa Takamaka, al no poder retenerle los más de cinco millones y medio de euros que pidió Anticorrupción.
Dicha cantidad es algo superior a la que el empresario habría cobrado, como comisión, por intermediar en tres contratos sanitarios por los que la funeraria municipal pagó unos 11 millones de euros públicos en la peor etapa de la pandemia.
En su auto del pasado martes, el juez también destacaba que el empresario ya no tiene en su poder varios de los coches de alta gama en los que habría gastado el dinero cobrado como comisión: un Range Rover Sport vendido el 5 de abril de 2022, un KTM X BOW del que se deshizo en la misma fecha que el anterior y un Lamborghini Huracan Evo Spyder vendido el 11 de enero de 2022.
Fue el pasado martes cuando el juez instó a las partes —y, entre ellas, al Ayuntamiento, como acusación particular— a solicitar nuevas medidas económicas.
'Caso Mascarillas'
Hace dos semanas, la Fiscalía Anticorrupción presentó, finalmente, una querella contra Alberto Luceño y Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de varios contratos sanitarios —para guantes, test contra la Covid y mascarillas— "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado, en los peores meses de la pandemia de coronavirus.
Luis Medina habría cobrado 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada al consistorio. Su socio, en total, más de cinco millones de euros por los tres contratos. E, incluso, este último habría ocultado a Medina que su comisión era varias veces superior, haciéndole creer que ambos recibirían cantidades idénticas.
Además, ambos usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. Y, con la compra de bienes de lujo —entre ellos, los coches de alta gama a los que aludía el juez en su auto del martes— habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal. Medina y Luceño deberán acudir a declarar ante el juez el próximo día 25 en la madrileña Plaza de Castilla.