El juez descarta que el gerente de la funeraria falseara papeles y niega a Más Madrid su imputación

El juez Adolfo Carretero, encargado de investigar el caso Mascarillas, ha denegado la imputación de Fernando Sánchez González, gerente de la empresa funeraria muncipal de Madrid.

En un auto, fechado este miércoles y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado descarta ampliar, por el momento, el número de investigados y reitera que no consta que la actuación de este funcionario pretendiese dificultar la investigación ni ocultar información a las autoridades.

El partido Más Madrid, que ejerce la acusación popular en esta causa, solicitó que Fernando Sánchez fuese citado a declarar como investigado por la presunta modificación de varios documentos que obran en el sumario del caso; lo que, a ojos del partido, podía constituir un delito de falsedad documental y obstrucción a la Justicia.

En un escrito dirigido al Juzgado, el partido izquierdista advertía de alteraciones en varios papeles que, a su juicio, debían ser idénticos: por un lado, los entregados a la Fiscalía en diciembre de 2020 por la funeraria municipal y, por otro, los aportados por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento meses después.

La primera tanda incluía varias cartas de encargo y, como anexos, los contratos de material sanitario que ya investiga el juez. Y, según señaló Más Madrid, el contenido de aquellas cartas no coincidía con la documentación de la segunda tanda. Se habían sustituido los anexos por una breve reseña en las cartas que resumía los contratos, que ya no se aportaron en esta ocasión.

Sin embargo, la Fiscalía descartó rotundamente la falsedad documental. Aunque reconocía que los papeles no eran idénticos, "coinciden en todo caso la fecha, la identidad de las personas que lo firman y su contenido".

"Contrariamente a lo que se afirma en el escrito [de Más Madrid], la remisión de estos documentos no ha supuesto ningún obstáculo para la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, como no lo ha supuesto ninguna otra actuación del Ayuntamiento de Madrid o de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que han respondido puntualmente a todos los requerimientos", subrayó el fiscal Luis Rodríguez Sol.

El Ayuntamiento, por su parte, indicó que se trataba de dos documentos diferentes, complementarios; cada uno, con una función. Por ello, no eran idénticos. El consistorio también negó la falsedad documental atribuida al gerente.

En la misma línea con ambos, el juez Carretero repone ahora: "Sí constan diferencias en las cartas de encargo, como resulta de su lectura literal, [pero] ninguna de ellas afecta a elementos esenciales de los documentos, cuya fecha, identidad de firmas y contenido coinciden".

"No constando falsedad documental, tampoco consta obstrucción a la Justicia por parte del gerente de la funeraria, delito al que se alude [en el escrito de Más Madrid] sin relatar los hechos en que se funda y al que se opone rotundamente la Fiscalía Anticorrupción, señalando (...) que no hubo obstaculización alguna con la remisión de los documentos aludidos", destaca.

Asimismo, el magistrado incide en que no consta "que las modificaciones las haya hecho el gerente ni que se hiciesen con objeto de dificultar las investigaciones de la Fiscalía ni ocultar su contenido al Ayuntamiento, cuyos grupos políticos conocían las cartas de encargo de los contratos y su contenido, pues las aprobaron por unanimidad en el consejo de la funeraria [municipal]". El consistorio posee el 100% de la participación de esta empresa pública, de cuyo consejo forman parte concejales de varias formaciones políticas.

La Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid fue la encargada de efectuar las compras de material sanitario que ahora se investigan en el caso Mascarillas. El Ayuntamiento de la capital figura como perjudicado por esta estafa, cometida, supuestamente, por los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina.

La declaración de Collado

Asimismo, el juez ha suspendido la declaración como testigo de Elena Collado, prevista para el próximo día 9. Se trata de la funcionaria responsable de las compras de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid y quien negoció con Luceño los tres contratos que ahora investiga el juez, firmados al inicio de la pandemia de la Covid-19.

El Grupo Mixto municipal, también presente en esta causa como acusación popular, ha solicitado al juez su imputación por los posibles delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, por lo que Adolfo Carretero ha optado por aplazar su testifical y consultar a las partes.

A principios de abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios firmados con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra la Covid-19.

Lo habrían hecho "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado, en los meses más duros de la pandemia de coronavirus. La empresa municipal pagó por todos los productos unos 11 millones de euros de dinero público.