Llop rectifica y autoriza medidas de apoyo a la Sala Civil del Tribunal Supremo que negó en febrero

En aquel momento, el Ministerio adujo "razones de índole presupuestaria" para no acceder a una medida de refuerzo que consideró "precipitada" porque el pasado septiembre se incorporaron cuatro nuevos letrados.

Descontenta con la negativa, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo insistió en marzo "reiterar la petición objeto de denegación", haciendo ver al Ministerio la crítica situación en la que se encuentra la Sala Civil para hacer frente al volumen de asuntos que recibe.

De acuerdo con un informe presentado por Francisco Marín, presidente de la Sala Civil, este órgano comenzó 2020 con 12.659 asuntos pendientes y la proyección a 31 de diciembre de 2021 era que la pendencia aumentara un 54,7%, hasta llegar a los 19.591 asuntos.

Ello se ha traducido en un aumento significativo de los tiempos de respuesta. Si hasta 2020 se tardaba 24 meses en decidir sobre la mera admisión del recurso, ahora son ya 28 meses. El pasado octubre había 753 recursos admitidos, tramitados y pendientes de señalamiento para deliberación y fallo, cuando sólo un año antes eran 312 los recursos que estaban en ese estado, es decir, un 141% menos.

En los últimos años se ha producido un notable incremento de la litigiosidad en el ámbito de los contratos celebrados entre bancos y consumidores. Los recursos referidos a esta materia representan ya el 51% de los admitidos por la Sala Primera.

Al mismo tiempo, han comenzado a llegar recursos en materia de defensa de la competencia y de contratación bursátil y bancaria.

El informe advertía de que no será posible asumir todos esos asuntos "si no se habilitan con urgencia medidas de refuerzo y apoyo proporcionadas a la gravedad de la situación".

El Ministerio ha anunciado este miércoles que ha concedido la autorización económica para las cinco comisiones de servicio solicitadas en la Sala Civil, que durarán hasta el 31 de diciembre de 2022.

La dotación presupuestaria de esta medida extraordinaria asciende a 234.000 euros por seis meses, cifra que puede variar en función de su definitiva puesta en marcha, indica.

Un comunicado ministerial señala que esta autorización se suma a las medidas extraordinarias aprobadas en 2021, y prorrogadas durante 2022, con la dotación de 12 letrados, presupuestados en casi 700.000 euros, "para paliar los efectos ocasionados en el funcionamiento del Tribunal Supremo con motivo del bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de tres años en funciones, lo que ocasiona un retraso de más de 1.000 sentencias al año".

La Sala Tercera, pendiente

El Ministerio de Justicia tiene pendiente de dar una respuesta sobre las medidas de refuerzo solicitadas el 31 de enero por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. La Sala Tercera reclama tres letrados coordinadores más y una nueva secretaría para hacer frente a la litigación en masa proveniente del confinamiento decretado por el Gobierno durante el primer estado de alarma por la pandemia de la Covid-19.

Fuentes del alto tribunal señalan que "esperan" que Llop se dé cuenta de la "crítica" situación en la que se encuentra el Supremo y que le expusieron el presidente, Carlos Lesmes, y todos los presidentes de Sala durante una reunión celebrada el pasado 23 de febrero.

En ese encuentro, el primero que celebraba la ministra con la Sala de Gobierno, se le expuso el estado de "colapso absoluto" y el "riesgo de paralización" del enjuiciamiento que padecen las Salas Primera, Tercera y Cuarta. 

Tras la reunión, Llop hizo público un comunicado en el que aseguró que el Ministerio de Justicia "tiene la voluntad de resolver la situación en la que se encuentra el Tribunal Supremo debido a la alta litigiosidad a la que tiene que hacer frente".