Dolores Delgado pierde el control del Consejo Fiscal al arrasar la Asociación de Fiscales en las elecciones

La Asociación de Fiscales ha incrementado su representatividad tras las elecciones al Consejo Fiscal (CF) celebradas este miércoles. 

Fuentes de la asociación mayoritaria, presidida por Cristina Dexeus, indican que ha obtenido seis de los nueve puestos del CF que son elegidos democráticamente por la carrera. La AF tenía cinco vocales en el Consejo saliente.

Los seis candidatos presentados por la Asociación de Fiscales han sido, además, los más votados.

El que mayor respaldo ha obtenido es el fiscal anticorrupción Jorge Andújar (1.216 votos, según los resultados provisionales), seguido por Isabel Gómez, jefa de la Fiscalía de Cuenca (1.091 votos) y Eva María Mas, de la Fiscalía Provincial de Sevilla (1.089).

Los otros tres nuevos vocales de la AF son Miguel Rodríguez Marcos, de la Fiscalía de Asturias (1.076); Roberto Valverde, fiscal de criminalidad informática en la Fiscalía de Barcelona (1.072), y Beatriz Sánchez Carreras, jefa de la Fiscalía de Las Palmas (993).

La Unión Progresista de Fiscales, afín a Delgado, ha perdido a dos de los cuatro vocales que tenía en el Consejo. Los nuevos vocales son Santiago Mena, fiscal superior de Castilla y León; y Yolanda Ortiz, delegada de medio ambiente en la Fiscalía de Sevilla.

Ambos han quedado a mucha distancia de la AF. Mena ha obtenido 498, según los resultados provisionales, aún pendientes de confirmar de manera oficial, y Ortiz, 445.

Entra la tercera asociación

También les ha superado en votos Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo y fundador de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Es la primera vez que una tercera asociación entra en el Consejo Fiscal, donde hasta ahora sólo han tenido representación la AF y la UPF.

Viada, muy crítico con la fiscal general, sobre todo por su actuación en el caso Stampa, ha obtenido 552 votos, a mucha distancia de la sexta vocal de la AF (que le saca más de 400 votos) pero con 50 votos más que el primer consejero de la UPF.

Estos resultados representan un serio revés para Delgado, que ha perdido el control del Consejo Fiscal. Hasta ahora, la fiscal general ha podido contar con el respaldo de los cuatro vocales de la UPF y de los dos miembros natos del CF: la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, y la jefa de la Inspección, María Antonia Sanz Gaite.

En el nuevo Consejo sólo podrá tener los votos, a priori, de cuatro de los 11 vocales.

Toque de atención 

El Consejo Fiscal es clave en la estructura del Ministerio Público. No sólo es el único órgano decisorio que, aunque sea parcialmente, refleja el criterio democrático de la carrera, sino que sus funciones le convierten en uno de los pocos contrapesos existentes al poder del fiscal general.

El Consejo Fiscal debe ser oído de manera preceptiva, aunque no vinculante, sobre los nombramientos discrecionales para los cargos del Ministerio Público. Conoce de los recursos contra resoluciones dictadas en expedientes disciplinarios, informa las modificaciones legislativas que afectan a la Fiscalía y puede instar reformas relativas al servicio y al ejercicio de la función fiscal.

Los resultados de las elecciones reflejan un cuestionamiento mayoritario de la carrera a la actuación de Dolores Delgado tanto como un apoyo a la política seguida por la Asociación de Fiscales en labor crítica que ha desarrollado respecto a la fiscal general. 

La AF ha llevado a los tribunales el sistemático favorecimiento de Delgado a los candidatos que la UPF ha presentado a los cargos discrecionales y su privilegiado ascenso a la primera categoría. El Tribunal Supremo estimó el pasado abril el recurso interpuesto contra el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de menores pese a la clara inferioridad de méritos respecto a otro candidato, José Miguel de la Rosa (miembro de la AF).

También ha sido muy contestada la decisión de Delgado de paralizar la constitución de la Comisión Ética después de que, también en elecciones democráticas, la carrera votara como miembros de la misma a los candidatos de la Asociación de Fiscales.

La modificación legal para que Delgado se convierta automáticamente en fiscal de Sala cuando acabe su mandato y la reforma propuesta por el PSOE para que la fiscal general informe al Gobierno de cuantos asuntos considere de interés han sido entendidos por la carrera como un peligroso y rechazable incremento de la politización del Ministerio Público.

En este contexto, el resultado electoral de este miércoles representa una llamada de atención para Dolores Delgado, que desde el comienzo de su mandato arrastra el lastre de haber sido nombrada fiscal general por el mismo Gobierno del que formaba parte como ministra de Justicia, y sin solución de continuidad entre ambos cargos.

La fiscal general no tiene que someterse, legalmente, a los criterios del Consejo Fiscal, pero si insiste en ignorar la opinión mayoritaria de este órgano corre el riesgo de agravar su divorcio de la carrera.