El fiscal Luis Rodríguez Sol vuelve a oponerse a la imputación del primo de José Luis Martínez Almeida en el caso Mascarillas, que considera "irrelevante" y la tacha de "pretensión totalmente infundada".
Así consta en un escrito, fechado este jueves y dirigido al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. El juez titular del mismo es el encargado de investigar la estafa cometida, supuestamente, por Luis Medina Abascal y Alberto Luceño en tres contratos sanitarios de material contra la Covid-19.
En dicho documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Rodríguez Sol tilda incluso de "irrelevante", de cara a aclarar el caso, la declaración como imputado de Carlos Martínez-Almeida.
Este pariente del regidor de Madrid fue quien facilitó a Medina el correo electrónico de la funcionaria responsable de las compras municipales, Elena Collado. De esta forma, el hijo de Naty Abascal pudo hacer llegar su oferta de guantes, test y mascarillas al consistorio de la capital. La funeraria pública, que asumió la adquisición, gastó once millones de euros públicos en estos tres encargos.
"No existe ningún indicio de que su conducta [la de Carlos Martínez-Almeida], que se limitó a facilitar [a Luis Medina] datos de contacto de la persona que gestionaba en el Ayuntamiento las compras sanitarias, constituya tráfico de influencias", indica el fiscal.
Asimismo, en su contundente escrito, el Ministerio Público considera que nada podrá aportar la imputación del primo del alcalde "a los efectos de investigar los presuntos delitos que son objeto de la presente causa", que se habrían cometido posteriormente a la participación de Carlos Martínez-Almeida en los hechos.
Luceño y Medina figuran como imputados por estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. Este último suma, además, el de alzamiento de bienes. Interrogado por el juez, Luis Medina aseguró que no conocía "de nada" al primo de Almeida, cuyo contacto le había sido facilitado, a su vez, por una amiga común, que está citada como testigo para el próximo 9 de mayo.
Respaldo a la funcionaria
Asimismo, el fiscal Luis Rodríguez Sol, respalda la labor de Elena Collado, la funcionaria municipal que negoció los contratos por Whatsapp con el imputado Alberto Luceño.
El representante del Ministerio Público considera que "no tuvo ningún momento intención de causar un quebranto al erario público", que no fue "cómplice ni cooperadora" de la estafa y se opone, del mismo modo, a que sea citada como imputada.
En el mismo escrito dirigido al juez, Rodríguez Sol descarta que haya motivos para solicitarlo, como pretendían el PSOE y el Grupo Mixto municipal, ambos personados en el caso como acusación popular. El fiscal sostiene, además, que la funcionaria "fue la persona principal y directamente engañada".
Elena Collado, responsable de contratación del Ayuntamiento de Madrid.
Y lanza una advertencia a las acusaciones: "Si prospera la petición del Grupo Mixto [de imputar a Collado], habría que llamar en calidad de investigados a todos los miembros del consejo de administración de la empresa pública", integrado por concejales de varios partidos; también de Más Madrid y del PSOE, que ejercen la acción popular en el caso Mascarillas.
Rodríguez Sol reitera que no hay indicios de que Elena Collado cometiese un delito de prevaricación o malversación de fondos públicos. "Sin identificar una concreta resolución presuntamente arbitraria, no es posible imputarle ningún delito", expone.
"Los hechos que se relatan [sobre la actuación de Collado] podrían revelar, a lo sumo, una actuación negligente", admite el fiscal. "Pero para cualquiera que analice objetivamente el material obrante en las diligencias y, en particular, los mensajes dirigidos por ella al investigado señor Luceño resulta evidente que la señora Collado no tuvo ningún momento intención de causar un quebranto al erario público", expone.
El Ministerio Público recuerda, a su vez, que Collado no tenía "facultades para administrar caudales públicos", pues la funcionaria era una simple consejera de la empresa municipal, la funeraria de Madrid, que encargó los guantes, mascarillas y test contra la Covid en la peor etapa de la pandemia.
'Caso Mascarillas'
A principios de abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Alberto Luceño y su socio en esta operación comercial, el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.
Lo habrían hecho "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado. La empresa municipal pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público.
Luis Medina, cuya labor en esta operación habría sido únicamente la de facilitar el contacto de la funcionaria Elena Collado, cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada. Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.
Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. Y, con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.
Ambos querellados están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.