El fiscal respalda a la funcionaria municipal que negoció con Luceño: "Fue la principal engañada"

El fiscal del caso Mascarillas, Luis Rodríguez Sol, respalda a Elena Collado, la funcionaria municipal que negoció los contratos por Whatsapp con el imputado Alberto Luceño.

El representante del Ministerio Público considera que "no tuvo ningún momento intención de causar un quebranto al erario público", que no fue "cómplice ni cooperadora" de la estafa y se opone, por tanto, a que sea citada como imputada.

Así consta en un escrito, dirigido al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, el encargado de investigar la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid cometida por, presuntamente, Luceño y el aristócrata Luis Medina.

En dicho documento, Rodríguez Sol descarta que haya motivos para solicitar la imputación de Elena Collado, como pretenden el PSOE y el Grupo Mixto municipal, ambos personados en el caso como acusación popular. El fiscal sostiene que la funcionaria "fue la persona principal y directamente engañada".

Asimismo, reitera que no hay indicios de que Collado, la responsable de las compras municipales al inicio de la pandemia, cometiese un delito de prevaricación o malversación de fondos públicos. "Sin identificar una concreta resolución presuntamente arbitraria, no es posible imputarle ningún delito".

"Los hechos que se relatan [sobre la actuación de Collado] podrían revelar, a lo sumo, una actuación negligente", admite el fiscal. "Pero para cualquiera que analice objetivamente el material obrante en las diligencias y, en particular, los mensajes dirigidos por ella al investigado señor Luceño resulta evidente que la señora Collado no tuvo ningún momento intención de causar un quebranto al erario público", expone.

Asimismo, el fiscal recuerda que Collado no tenía "facultades para administrar caudales públicos", pues la funcionaria era una simple consejera de la empresa municipal, la funeraria de Madrid, que encargó guantes, mascarillas y test contra la Covid en los peores meses de la pandemia.

Y, finalmente, el fiscal advierte: "Si prospera la petición del Grupo Mixto [de imputar a Collado], habría que llamar en calidad de investigados a todos los miembros del consejo de administración de la empresa pública", integrados por concejales de varios partidos; también de Más Madrid y PSOE, que ejercen la acusación popular en el caso Mascarillas.

'Caso Mascarillas'

A principios de abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Alberto Luceño y su socio en esta operación comercial, el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra la Covid-19.

Lo habrían hecho "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado, en los peores meses de la pandemia de coronavirus. La empresa municipal pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público.

Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada. Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.

Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. Y, con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.

Ambos querellados están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.

Por su parte, Elena Collada, interrogada por el fiscal el 16 de marzo de 2021, aseguró: "Si hubiera oído la palabra comisión, voy a la Policía".