La denominada comisión de Secretos Oficiales ha hecho este jueves poco honor a su sobrenombre. Escasos minutos después de que terminase la reunión, centrada en el espionaje del caso Pegasus, el contenido de lo tratado a puerta cerrada encabezaba las webs de varios periódicos digitales y era difundido en radios y televisiones.
Esta comisión del Congreso, cuyo nombre oficial es Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, es diferente al resto. Las cámaras y periodistas están vetados. Los portavoces que la integran tienen la obligación de no revelar lo allí analizado.
Y tienen prohibido sacar documentos originales o realizar grabaciones de lo que sucede en su interior. Todo ello, dada la delicada naturaleza de los temas que se debaten y los ficheros que se muestran.
Sin embargo, pasado el mediodía de este jueves, el diputado de ERC Gabriel Rufián detalló a la televisión pública catalana qué se debatió en la comisión. "Me gustaría poder decir: 'Se han dicho un montón de cosas, pero no puedo decir nada'. No, no. Se ha dicho exactamente lo mismo que ya se había filtrado a los medios de comunicación estos días. Reconocen el espionaje... Es lo que se ha publicado, por eso lo digo... Sostienen que es mucha menos gente [espiada]", ha narrado ante las cámaras.
"Apuntan a dos vías: a una nación extranjera o a organismos del Estado que espían por encima de sus posibilidades legales", declaraba el portavoz de Esquerra. Posteriormente, matizó en su Twitter que estas últimas palabras son fruto de su "interpretación".
Aunque Rufián se escudó en que no contaba a TV3 nada nuevo —"es lo que se ha publicado en prensa, por eso lo digo"; "no se ha dicho nada que el CNI no haya filtrado ya"...—, desde Ciudadanos amenazan con "llevar a los tribunales a los separatistas" que, a su juicio, se han saltado la ley.
"Es delito revelar información que tenga la calificación de reservada o de secreta", ha reprochado Edmundo Bal (Cs) durante su rueda de prensa, en reacción a las declaraciones del portavoz independentista.
El artículo 598 del Código Penal (CP) español castiga con penas de uno a cuatro años de cárcel a quien, "sin propósito de favorecer a una potencia extranjera [...] revelare información legalmente calificada como reservada o secreta, relacionada con la seguridad nacional o la defensa nacional".
Pero el art. 599, además, establece que la pena que recoge el 598 "se aplicará en su mitad superior" si quien comete el delito es "depositario o conocedor del secreto o información por razón de su cargo o destino". Y también si la revelación se realiza a través de un medio de comunicación o "de forma que asegure su difusión".
Fuentes de Ciudadanos confirman a EL ESPAÑOL que el partido liberal ya estudia la vía jurídica con la que emprender acciones legales contra Rufián. Entre sus opciones, la de interponer una querella o poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. El Grupo Parlamentario de Vox tampoco descarta ninguna de estas posibilidades. Al tratarse de un diputado aforado ante el Tribunal Supremo, la Sala Segunda de este órgano sería la competente para analizar el asunto.
Otra opción, también por la vía penal: denunciarle por el delito de revelación de secretos. "El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses", reza el artículo 199 del CP.
Desde el PSOE, señalan la gravedad de la situación. Fuentes socialistas indican a este periódico que Rufián ha podido cometer "un error que le puede costar la carrera política" y avisan de que, si Vox o Cs se querellan finalmente contra él, "es difícil que escape". Este jueves, los socialistas han visto al de ERC "demasiado confiado". "Él sabrá por qué lo ha hecho", lamentan.
El Reglamento del Congreso
Pero, ¿puede ser sancionada su conducta de alguna otra forma? Sí. El artículo 99 del Reglamento del Congreso de los Diputados contempla que la Mesa de la Cámara Baja —presidida actualmente por la socialista Meritxell Batet y con mayoría de izquierdas— pueda privar a algún parlamentario "de alguno o de todos los derechos". Podrá hacerlo si éste "quebrantare el deber de secreto".
"En este supuesto, la Mesa del Congreso, en atención a la gravedad de la conducta o al daño causado por afectar a la seguridad del Estado, podrá directamente proponer al Pleno la adopción de las medidas previstas en el artículo 101 de este Reglamento", añade la normativa. ¿Y qué recoge el artículo 101? La suspensión temporal de la condición de diputado.
Meritxell Batet, presidenta de la Mesa del Congreso.
Asimismo, la normativa también faculta a la Mesa para poner un asunto en manos del "órgano judicial competente" si considera que puede constituir un delito.
Ley de Secretos
El corpus jurídico español también incluye a la Ley sobre Secretos Oficiales (9/1968, de 5 de abril). Esta norma alude en su preámbulo a la "especial importancia" de aquellas cuestiones "cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o ponga en riesgo la seguridad del Estado o los intereses fundamentales de la Nación".
Por ello, los Secretos Oficiales aparecen custodiados por sanciones penales "de la máxima severidad". No obstante, la ley reconoce que estos castigos, "especialmente represivos", son sólo una de las medidas de protección.
Las más eficaces —recomienda esta ley— "son las que la propia Administración ha de establecer para garantizar que los documentos o materiales en que físicamente se reflejan los secretos no puedan ser conocidos más que por aquellas personas que, por razón de su cometido, estén autorizadas para ello".