El juez se opone a imputar a Collado, la funcionaria que negoció con Luceño: declarará como testigo

El juez Adolfo Carretero, encargado del caso Mascarillas, se ha opuesto a imputar a la funcionaria Elena Collado, la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia.

Podemos, el PSOE y el Grupo Mixto, todos ellos personados como acusaciones populares, habían solicitado citar a esta funcionaria como investigada. Collado sí tendrá que acudir a declarar como testigo el 27 de mayo, a las 12.30 de la mañana, ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid.

Ella fue quien negoció por WhatsApp los contratos con Alberto Luceño que ahora investiga el juez. Así consta en las transcripciones obrantes en el sumario del caso Mascarillas. Luceño, así como su socio en esta operación, Luis Medina, está imputado por los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.

En un auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fechado este mismo viernes, el juez descarta, de forma contundente, que la funcionaria cometiese algún delito. 

"No existe, de momento, ni el más mínimo indicio de una posible cooperación necesaria, complicidad o encubrimiento de la señora Collado en la presunta estafa agravada cometida por los investigados", subraya el juez.

También recuerda que la empleada pública "no conocía de nada" a Luceño ni a Medina. "Ni consta que percibiese dinero alguno de los mismos, sino más bien lo contrario; pues fue la engañada por los comisionistas, quienes le ocultaron el importe de sus comisiones, que inflaron el precio de los contratos de una manera desmesurada y su relación verdadera con la empresa malaya Leno [la encargada de proveer el material sanitario que se ofreció al Ayuntamiento]", concluye el magistrado.

Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada. Así lo reconoció ante el juez y, anteriormente, al fiscal del caso. Su labor se habría limitado a facilitar el contacto que, a su vez, obtuvo de Carlos Martínez-Almeida, el primo del alcalde de Madrid. Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.

Tráfico de influencias

El juez también descarta que haya indicios de un supuesto delito de tráfico de influencias cometido por Elena Collado. "Nada se dice sobre qué funcionario autoridad realizó las presiones para firmar los contratos y en qué consistió su influencia", repone.

"Algo más consistente puede ser la imputación de un delito de prevaricación administrativa", admite Carretero. Pero en su auto, a renglón seguido, considera que "decae la misma", al "no precisarse cuál es la resolución arbitraria que dictó [Collado], salvo la firma de los contratos a nombre de la funeraria, que no es una resolución en sí misma ni tampoco es arbitraria".

El magistrado, que a lo largo de la instrucción siempre ha mantenido que el consistorio es el perjudicado por la supuesta estafa, mantiene su criterio. "Máxime cuando el Ayuntamiento pagó un precio por un material sanitario que, aunque fuese defectuoso en parte, fue entregado al mismo, siendo fijado el precio por los investigados que —repetimos, una vez más— ocultaron a la señora Collado el importe de sus altas comisiones".

En su interrogatorio ante el fiscal anticorrupción, celebrado el 16 de marzo de 2021, la funcionaria declaró: "Si llego a oír la palabra comisión, voy a la Policía".

Finalmente, el instructor descarta, a su vez, que la funcionaria responsable de las compras "se apropiase de dinero público o permitiese que los investigados se apropian del mismo", con independencia "de que la señora Collado fuera más o menos diligente en su actuación".

No imputa a Engracia Hidalgo

Adolfo Carretero también ha denegado la imputación de Engracia Hidalgo, concejala delegada del Área de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid.

Podemos lo solicitó por el supuesto delito de prevaricación, cometido, a ojos del partido político, por haber firmado el convenio que encargaba a la funeraria municipal la compra de material sanitario, al inicio de la pandemia de la Covid-19, para el consistorio.

El magistrado, por contra, destaca que "enjuiciar la naturaleza" de este convenio es algo "ajeno" a este procedimiento, sin que haya ninguna prueba de que su utilizó ad hoc para esquivar la supervisión de los pagos efectuados a Luceño y Medina.

Y reprocha que, "si prosperase esa imputación", debería también citar como investigados al resto de firmantes de este convenio, "tanto del Ayuntamiento como de la funeraria". En el consejo de administración de esta empresa municipal se sientan concejales de varios grupos políticos, entre ellos, del PSOE y de Más Madrid.

"Además de descabellado, constituiría una investigación prospectiva, por lo que no procede citar como investigada a la firmante del convenio en nombre del Ayuntamiento, la señora Engracia Hidalgo", concluye el juez.