Malestar en el Supremo por la exhibición de las autorizaciones al CNI en beneficio de Sánchez

Aunque institucionalmente el alto tribunal guarda silencio ante el conflicto surgido tras el informe de Citizen Lab sobre el supuesto espionaje a 63 independentistas catalanes y vascos, miembros de distintas Salas del Supremo coinciden en que la forma en que el Gobierno ha tratado de salvar su responsabilidad puede tener "efectos negativos" en cuestiones de Estado como son las relativas a la seguridad y al funcionamiento del servicio secreto de inteligencia.

Los 10 diputados que integran la comisión de secretos oficiales del Congreso (representantes del PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, Ciudadanos, PNV, Bildu y la CUP) tuvieron acceso directo el pasado día 5 a las resoluciones dictadas por los jueces de control del CNI en las que autorizaron escuchas a 18 independentistas. El Centro Nacional de Inteligencia limita a ese número las interceptaciones telefónicas de las que es responsable, todas ellas con autorización judicial.

Entre los documentos mostrados estaba la concesión del permiso para intervenir un teléfono que utilizaba Pere Aragonès cuando era vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. La justificación fue su implicación -nunca explicada por el actual presidente del Govern- en la estrategia de contestación a la sentencia del 'procés', que incluyó la utilización de medios violentos de protesta, el corte de líneas férreas y de la autopista AP-7 o la ocupación del aeropuerto de El Prat.

Durante la reunión de la comisión de secretos oficiales, la entonces directora del CNI, Paz Esteban, cesada cinco días después, entregó una copia de los autos judiciales a cada diputado, que los tuvieron en su poder durante unos 15 minutos. Pudieron leerlos y tomar notas antes de que les fueran retirados.

Magistrados de las Salas Segunda y Tercera, que son los que mejor conocen las cuestiones relacionadas con escuchas y control de los órganos de la Administración, resaltan que las decisiones de los dos jueces que evalúan las peticiones del CNI para interceptar teléfonos o entrar en domicilios son materia clasificada.

"La ley que regula el CNI prevé que la comisión parlamentaria pueda recibir información sobre el funcionamiento y las actividades del servicio de inteligencia. Pero una cosa es que los diputados puedan tener conocimiento de materias clasificadas y otra que se puedan exhibir documentos", afirma un veterano magistrado de la Sala Tercera.

Esos autos contienen detallada información sobre los hechos que determinan la autorización. A través de esos hechos se pueden conocer líneas de investigación pasadas y futuras e incluso es factible atar cabos sobre posibles fuentes del servicio secreto.

"Habrá efectos"

"Estoy seguro de que no hay ningún problema en la motivación de las resoluciones de nuestros colegas, que estarán bien armadas y serán impecables", dice un magistrado de la Sala Segunda respecto a la actuación de los jueces -titular y suplente- que controlan el CNI, Pablo Lucas y Andrés Martínez Arrieta.

"Si no fuera porque esos autos también son materia clasificada, ellos serían los primeros en apoyar que se conozca su contenido y se sepan sus argumentos", añade.

El problema es que "no puede haber un conocimiento íntegro de esos autos porque eso entraña riesgos", coinciden varios magistrados. ¿Qué riesgos? "Las cosas tienen antecedentes y efectos", responden. "Si la pauta es que los autos van a acabar siendo dados a conocer por razones contingentes será difícil que otros servicios secretos confíen en el CNI, que es un organismo imprescindible".

"Los asuntos de los que se ocupa el servicio secreto son delicados y hay que manejarlos con cuidado", explican. "Y además no trabaja solo, sino que en muchas ocasiones maneja aportaciones de otros servicios de inteligencia. Si en cuanto aparece un problema político se tira de los documentos, ¿quién va a garantizar a los servicios extranjeros que es seguro trabajar con el CNI?".

Petición por un juez

Las fuentes consultadas recuerdan que, en las contadas ocasiones en las que ha habido que desclasificar una resolución habilitante de una escucha del CNI, ha sido a petición de un juez y porque era imprescindible para garantizar la tutela judicial efectiva. Pero ni siquiera en esos casos se han dado íntegros unos autos que, antes o después, por exigencias de la publicidad del proceso, deben acabar en manos de las partes.

"Los autos se han dado acotados a la información necesaria para el proceso judicial, pero con otras partes tachadas para salvaguardar los intereses de la seguridad del Estado. Nunca se han facilitado para que se hagan públicos con carácter incondicionado y abierto", señalan.

El Gobierno parece dispuesto a desclasificar las peticiones de escuchas formuladas por el CNI y los autos judiciales habilitantes si lo reclama un órgano judicial. Esto dibuja un escenario prácticamente ilimitado de acceso a esos documentos porque son varios los Juzgados de Instrucción de Barcelona y Madrid que conocen de querellas interpuestas por presuntos espionajes. El expresidente catalán Quim Torra ha anunciado que se querellará contra el Gobierno ante la Sala Penal del Tribunal Supremo.