El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha archivado las diligencias abiertas tras una denuncia de un abogado particular contra el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.
El letrado acusaba al político de "omisión del deber de perseguir delitos", al no haber denunciado la supuesta estafa en el contrato de material sanitario firmado entre la Administración municipal y los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina, hoy imputados en el caso Mascarillas.
En un auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la juez Josefa Bustos, por contra, concluye que "al denunciado [el alcalde de Madrid] no le es exigible haber podido detectar, con anterioridad a la investigación llevada a cabo por la Fiscalía", la presunta comisión de un delito de estafa, que ahora investiga otro juzgado madrileño tras una querella de Anticorrupción.
La magistrada insiste: tampoco era "exigible" que Almeida "conociese minuciosamente los precios de mercado del material adquirido por el ente público que dirige", especialmente "en una situación excepcional de emergencia y necesidad" como fue la de los peores meses de la pandemia de la Covid-19.
Asimismo, la juez Bustos recuerda que una funcionaria del Ayuntamiento, encargada de negociar con Alberto Luceño los encargos, reclamó la rebaja del precio ya pagado por una parte del material al detectar que el mismo artículo se vendía en España sustanciosamente más barato. Ello evidencia, a juicio de la magistrada, "la finalidad del Ayuntamiento de no abonar un sobreprecio" por los productos adquiridos.
El auto también descarta que el alcalde, de forma "intencionada" o "maliciosa", optase deliberadamente por no perseguir la supuesta estafa. Este elemento subjetivo es el que caracteriza al delito de omisión de perseguir delitos (artículo 408 del Código Penal), el que le atribuía la querella interpuesta por el abogado Fernando Pamos de la Hoz.
La juez también desmonta otro de los argumentos del querellante: que el consistorio habría debido denunciar los hechos una vez supo que el fiscal los investigaba. "Si la Fiscalía, (...) competente para perseguir delitos, necesitó la incoación de diligencias de investigación para comprobar la existencia de indicios de criminalidad, no resulta procedente la exigencia al responsable del Ayuntamiento [José Luis Martínez-Almeida] de iniciar acciones penales con carácter previo a dicha comprobación, que hubieran resultado precipitadas y carentes de sustento indiciario", concluye el auto.
'Caso Mascarillas'
A principios del pasado abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.
Lo habrían hecho "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado.
Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada. Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.
Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias.
Y con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado de Instrucción número 47—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.
Ambos están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.