Interior desoye otra vez a la RAE en las oposiciones a policía y se arriesga a otro varapalo judicial

La situación va camino de repetirse. Unos trescientos aspirantes a la Policía Nacional ya han interpuesto recursos administrativos contra la decisión del Ministerio del Interior de dejarles fuera del proceso por culpa de la prueba de ortografía.

Y, de nuevo, cuentan con el aval de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), que confirma que las respuestas que rellenaron en el examen son acertadas. Y que, por tanto, la corrección realizada por la Dirección General de la Policía (DGP), dependiente del ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska, es errónea.

Los recurrentes, esta vez, pertenecen a la promoción número XXXVIII (38). Y su situación se asemeja a la sufrida por varios opositores de la promoción 36, a quienes, a inicios de mayo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón. Interior, además, optó por no impugnarla ante el Supremo.

Aquella resolución, en base a otro informe de la RAE, concluyó que los opositores habían dilucidado correctamente si los términos ciberataque, LGTBI, reditar y preminente estaban o no en el diccionario.

"Sería un completo sinsentido que consideráramos palabras incorrectamente escritas las grafías analizadas, cuando la RAE, máxima institución garante de establecer los criterios de corrección en el uso de nuestra lengua común, ha señalado inequívocamente que eran palabras correctamente escritas", establecieron los jueces.

En esta ocasión, las palabras en disputa son stent, software y majorette. Se trata de tres de los cien términos que los opositores tuvieron ocho minutos para analizar. Es una prueba de carácter eliminatorio, por lo que algunos de ellos, al no llegar a la nota de corte, se han quedado fuera del proceso. Y, de momento, peligra su acceso a la Academia de Ávila.

Fueron considerados "no aptos", pese a haber rellenado el test de acuerdo a la RAE y en contra del criterio de corrección de Interior. Estas tres palabras aparecían en el folio del examen en letra redonda, no en cursiva, como deben escribirse.

Tras elevar una consulta a la Real Academia, el máximo órgano de regularización lingüística del mundo hispanohablante respondió dándole la razón a estos opositores, que adjuntaron el informe de la RAE a sus recursos de alzada.

Teóricamente, la Administración debería responderlos —estimándolos o rechazándolos— en un plazo de tres meses, que se cumplen en menos de una semana, el próximo 25 de mayo. De no ser atendidos, los opositores, como última opción, no descartan iniciar la vía judicial, como ya hicieran los de la promoción 36. Dan por hecho que la Justicia volverá a fallar en términos similares.

Situación idéntica

"La situación es idéntica", comenta Ángel Galindo, el abogado que defiende a estos 300 recurrentes. "Yo creo que el asunto está claro; tan claro como lo estuvo en el caso de la promoción 36", incide el letrado, tras instar al Ministerio de Interior a "reflexionar", estimar los recursos y "evitar así que los opositores pierdan dos años" en el proceso judicial.

La sentencia del TSJM es clara: considera que es la RAE la que fija el criterio ortográfico. "La Real Academia ya ha dicho que se han corregido mal las tres palabras", reitera el letrado. "Es un precedente, en el que los jueces reconocen que ellos no son quienes para cuestionar a la RAE", añade.

"Pido al señor Marlaska, juez de vocación y ministro responsable, que no deje que se lo cuenten y que se lea uno de los recursos de alzada de la promoción 38. Y después, que lo resuelva en conciencia, como han hecho sus compañeros del TSJ de Madrid. Tengo confianza en su proceder", insiste Galindo.

Fuentes de la Dirección General de Policía confirman a este periódico que los recursos de alzada, que "son una de las vías a los que los opositores tienen derecho", serán respondidos "en tiempo y forma, como siempre".

Los opositores

EL ESPAÑOL ha consultado a varios de las decenas de opositores que los han interpuesto. 

"Que la DGP no haya contestado aún es una incertidumbre, una tortura para nosotros, después de quedarnos fuera del proceso de manera tan injusta", indica uno de ellos. "Nosotros preparamos la prueba según las bases que nos marcan. Y después, hacen la corrección con otro criterio distinto y me dejan fuera del proceso, teniendo buenas notas en el resto de pruebas, que, bajo mi criterio, son más importantes para la función policial", lamenta.

"Hay un precedente jurisprudencial y es de hace apenas unos días", razona otra opositora, acerca de la resolución del TSJM. "Eso sí, se consiguió tras años de recursos y juicios, suponiendo infinidad de gastos, tanto públicos como privados, que se podrían evitar actuando correctamente", compara.

"Es un caso tan claro...", lamenta otro de ellos. "Disponemos de informes favorables a nosotros, tanto de la RAE como de expertos lingüistas. Podrían ahorrar, tanto a la Administración como al opositor, tener que pasar por un proceso tan complicado como es un contencioso-administrativo", apostilla. "Yo me he quedado fuera del proceso teniendo más de un 6 de nota", comenta.

Adiós a la prueba

Se resuelva su conflicto en un sentido o en otro, la promoción número 38 será la última en sufrir la prueba de ortografía. La Dirección General de la Policía anunció el pasado febrero que eliminará este polémico test en las próximas convocatorias, aunque esta materia se evaluará como parte de otra.

"No evalúa la capacidad gramatical del opositor, sino tan sólo comprobar si se sabe las más de 90.000 palabras que recoge el diccionario", indica a este periódico una de las opositoras.

Por contra, el letrado Ángel Galindo lamenta que se elimine. "No estoy de acuerdo en que se haya suprimido; creo que los futuros policías deben acreditar un conocimiento ortográfico relevante", reconoce.

"No es la finalidad de estos recursos acabar con la ortografía en los exámenes ni crear un coladero para que accedan personas que no saben escribir, sino que estas pruebas sean las adecuadas y se corrijan correctamente", sostiene el abogado.