El Pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremo ha acordado este martes desestimar el recurso que presentó la Fiscalía contra la absolución de la activista independentista Tamara Carrasco, acusada de incitar a desórdenes públicos en protestas de los Comités de Defensa de la República (CDR). La decisión se ha adoptado por 10 votos a favor de mantener la absolución frente a 6 votos en contra.
Estos últimos han sido emitidos por el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y los magistrados Julian Sanchez Melgar, Antonio Del Moral, Pablo Llarena, Vicente Magro y Ángel Hurtado. En 2020, la Fiscalía pidió siete meses de prisión para Carrasco por un presunto delito de distribución o difusión pública de consigna que incite a la comisión de un delito de desórdenes públicos.
En el escrito de calificación, le atribuyó "funciones de coordinación de los denominados CDR" al considerar que impartió directrices para acciones de reivindicación durante la Semana Santa de 2018.
La acusación en el juicio se centró en un mensaje de voz de Whatsapp, pero la juez consideró que no se podía considerar "distribución o difusión pública", por lo que descartó el delito.
Sin embargo, la Fiscalía consideraba que, con independencia del número de miembros del chat al que la acusada envió sus mensajes, Whatsapp es "un potencial canal de distribución a gran escala", como lo demuestra el hecho de que sus audios llegaron incluso a teléfonos de la Guardia Civil.
Para el ministerio público, el contenido de los mensajes y la "colaboración masiva" que solicitaba Carrasco para acciones que "necesariamente precisaban de un alto número de participantes pone de relieve que la acusada precisamente pretendía que llegara a un gran numero de personas" o al menos así debió preverlo.
El Ministerio Público presentó recurso contra la decisión del Juzgado de lo Penal Número 25 de Barcelona. La Audiencia Provincial, sin embargo, desestimó sus alegaciones y confirmó la absolución. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también la mantuvo.
Tamara Carrasco fue detenida en 2018 y acusada de terrorismo, y permaneció más de un año confinada en Viladecans (Barcelona) por orden de la Audiencia Nacional, pero finalmente fue juzgada por un delito de incitación a los desórdenes públicos por enviar wasaps sobre movilizaciones independentistas planeadas para la Semana Santa de 2018, entre ellas la ocupación del puerto y el aeropuerto de Barcelona, que no llegaron a consumarse.