Lo que el ministro Félix Bolaños declare ante el juez el próximo 5 de julio, a partir de las 9.00, tendrá carácter secreto. Igual que el interrogatorio ya celebrado a Paz Esteban, la jefa del CNI destituida, que acudió a la Audiencia Nacional el pasado viernes.
El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, acordó este martes levantar el secreto sobre el caso Pegasus, la investigación del espionaje sufrido por el presidente y varios miembros del Gobierno utilizando este software espía.
Pero según confirman fuentes cercanas al proceso a EL ESPAÑOL, se trata de un alzamiento de tipo parcial, que tan sólo afectará a los autos o providencias que Calama dicte a partir de ahora y, en ningún caso, a las declaraciones ya prestadas ni a las futuras, como es el caso de la de Bolaños.
En todo proceso penal, las actuaciones efectuadas durante la instrucción tienen, teóricamente, un carácter secreto, salvo para las partes personadas. En casos como éste, ese secreto se refuerza aún más. De la declaración de Esteban y de la de Bolaños sólo estarán al tanto el juez, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y la Abogacía del Estado.
El levantamiento del secreto tampoco será aplicable a los documentos que ya figuran en la causa, que pueden gozar de carácter reservado.
En el auto en el que Calama acordó el secreto en el caso Pegasus, explicó que tomaba esta decisión para evitar "interferencias o manipulaciones" que pudieran "obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos". Y apuntó a que parte de la información podría ser "sensible" o estar considerada legalmente como clasificada.
Félix Bolaños
Este martes, el juez Calama citó como testigo al ministro de la Presidencia para el próximo 5 de julio. El magistrado le interrogará para recabar información sobre el supuesto espionaje sufrido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros; entre ellas, la de Defensa, Margarita Robles.
Asimismo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, ha acordado ampliar la comisión rogatoria cursada a Israel para que una delegación judicial encabezada por él se desplace a aquel país para tomar declaración como testigo al CEO de NSO Group, la empresa que comercializa el programa espía Pegasus.
El magistrado ya dirigió una primera comisión rogatoria para que la compañía informara sobre distintos aspectos de esta herramienta informática.
En el marco de esta investigación y mientras ha permanecido secreta, José Luis Calama ha tomado declaración como testigos, el pasado viernes, a la exdirectora del CNI, Paz Esteban y al funcionario de ese organismo encargado de elaborar los informes sobre este asunto.
Tal y como publicó este periódico, el 24 de mayo, el Ejecutivo, a través de un acuerdo del Consejo de Ministros, aprobó que los técnicos que analizaron los teléfonos infectados pudieran revelar al magistrado información reservada acerca de su labor si éste les llamaba a declarar.
La investigación
Desde principios de mayo, la Audiencia Nacional investiga, tras una denuncia de la Abogacía del Estado, el espionaje sufrido por varios miembros del Gobierno mediante el programa Pegasus.
La instrucción comenzó ceñida a los teléfonos del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Luego, se amplió al hackeo al móvil del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al intento de infección del ministro de Agricultura, Luis Planas.
A la primera denuncia de Abogacía, muy breve, se adjuntaron los análisis realizados por el CERT, adscrito al Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El CERT (Computer Emergency Response Team) es un equipo dedicado a prevenir, detectar y responder a los incidentes de seguridad sobre sistemas informáticos.
En los primeros informes aportados con la denuncia, fechados el 30 de abril, se certifica que el móvil de Pedro Sánchez fue infectado en dos ocasiones durante el mes de mayo de 2021: los días 19 y 31. En la primera, se extrajeron 2,6 gigabytes de información y en la segunda, 130 megas. Ambas fechas coinciden con la crisis migratoria desatada en Ceuta, que supuso uno de los momentos de mayor tensión en la relación entre España y Marruecos.
Asimismo, los espías accedieron al móvil de Margarita Robles en junio de 2021 y robaron únicamente 9 megas de información. El pasado 10 de mayo, el Gobierno certificó un tercer hackeo: al ministro Fernando Grande-Marlaska, mediante dos ataques, iniciados ese mismo mes, en los que le fueron sustraídos 400 megas y 6,3 gigas.
Pegasus
A pesar de las elucubraciones —cada vez, de mayor contundencia— que apuntan a Marruecos, por el momento, se desconoce con exactitud quién ordenó utilizar el software Pegasus para infectar los terminales de miembros del Ejecutivo. Certificar ese dato es, además, técnicamente complicado. Ninguna de las denuncias de Abogacía detallan tampoco qué tipo de información fue capturada por el programa espía.
Pegasus puede acceder a todos los mensajes de texto y llamadas de un smartphone, ingresar a todas las aplicaciones (WhatsApp, Telegram, etc.) del móvil, localizar a su dueño a través de su posición GPS, activar la cámara o el micrófono, obtener sus contraseñas o extraer sus videos y fotografías.
Desarrollado por la empresa israelí NSO Group e ideado, en un inicio, como arma contra el yihadismo y otros tipos de terrorismo, sólo se vende, teóricamente, a Gobiernos de todo el mundo, previa autorización de las autoridades de Israel.