La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este jueves reclamar al Ministerio de Justicia una reunión urgente de la comisión en la que ambas instituciones están representadas para discutir la denegación de medidas de refuerzo pedidas por el CGPJ para secciones de Audiencias Provinciales y Juzgados colapsados.
La negativa del Ministerio que dirige Pilar Llop ha causado malestar en el órgano de gobierno de los jueces, que defiende que ha planteado las medidas de refuerzo "imprescindibles", previamente filtradas por la Inspección de tribunales. "No son peticiones caprichosas sino fundamentadas y esenciales para que los ciudadanos no se vean perjudicados", insisten desde el CGPJ.
Además de malestar, en el Consejo hay preocupación porque teme que al rechazo de las 15 medidas de refuerzo que el Ministerio acaba de comunicar seguirá la denegacion de otras comisiones de servicio que terminan el próximo 30 de junio y cuya prórroga está solicitada.
La Comisión Permanente ha hecho este jueves una valoración crítica de la gestión y de la actitud del Ministerio de Justicia. A propuesta del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, se ha acordado que los tres vocales que forman parte de la comisión mixta con el Ministerio (Rafael Mozo, José Antonio Ballestero y Juan Martínez Moya) insten una convocatoria urgente para volver a exponer la posición del Consejo y pedir explicaciones sobre las medidas denegadas y sobre qué va a ocurrir con las que están pendientes de respuesta.
El CGPJ volverá a debatir el asunto a la vista de cuál sea el resultado de ese encuentro.
Compromiso con la Sala Tercera
El Ministerio de Justicia ha hecho público este jueves un comunicado en el que afirma que en el primer semestre de este año ha destinado casi 10 millones de euros (9.798.940 euros) para "reforzar el plan de choque para el Poder Judicial".
El Ministerio vincula esa inversión al "objetivo de paliar los efectos ocasionados por el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de tres años en funciones", si bien no explica qué relación puede tener esta circunstancia con la existencia de órganos judiciales colapsados, la mayoría de ellos con un retraso estructural debido a la escasez de la planta judicial (competencia del Ministerio) y el aumento de la litigiosidad.
El mismo comunicado asegura que "el Ministerio de Justicia ha adoptado todas las decisiones relacionadas con las medidas que afectan a los órganos judiciales de manera conjunta y en cogobernanza con el Consejo General del Poder Judicial. Tanto la aprobación de nuevos refuerzos como la retirada de estos se han realizado con el acuerdo del Servicio de Inspección del CGPJ, en virtud de las nuevas necesidades que se prevén para los juzgados en el ejercicio 2022".
El secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, y presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, César Tolosa, han celebrado también este jueves una reunión en la que el primero "ha mostrado la firme disposición del Ministerio de Justicia a acometer cuantas reformas procesales sean necesarias para mejorar el funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales y, muy singularmente, del Tribunal Supremo, atendida la relevante función que presta”.
"La voluntad del Ministerio es que las reformas propuestas sean incorporadas, vía enmienda, al proyecto de ley de Eficiencia Procesal", añade el comunicado.
Olmedo ha manifestado que el Ministerio "comprende las dificultades que generará a la Sala Tercera la tramitación y resolución de esa bolsa enorme de asuntos de responsabilidad patrimonial que le ha referido el presidente, mostrándose favorable a las medidas de refuerzo propuestas por la Sala Tercera consistentes en la dotación de tres letrados coordinadores, con la categoría de magistrado, que se hagan cargo de las labores de gestión y auxilio técnico a la sección de enjuiciamiento correspondiente".
El comunicado no precisa cuándo será efectivamente atendida la petición de esos tres letrados, hecha por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo el pasado febrero.
Olmedo también ha asegurado que el Ministerio “está trabajando en una reforma legislativa que acabe con la situación de diferencia retributiva que, desde la reforma del año 2015, sufren los letrados coordinadores del TS en función del cuerpo de procedencia”.
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