El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, va a dirigirse a la fiscal general, Dolores Delgado, para pedirle que actúe ante las "falsas imputaciones" que está difundiendo el exjuez Fernando Presencia y de las que son objeto, en particular, los magistrados de la Sala Penal del alto tribunal.
La Sala Penal ha condenado por prevaricación en dos ocasiones a Presencia, que está expulsado de la carrera judicial.
Las condenas firmes se pueden consultar aquí y aquí. Presencia dictaba resoluciones flagrantemente ilegales para favorecer a amigos suyos afectados por procedimientos judiciales.
Lesmes va a remitir a Delgado un escrito que le ha enviado el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, junto a una serie de noticias "que falsamente imputan a algunos de los magistrados de la Sala Penal la titularidad de dinero oculto en paraísos fiscales".
Desde el dominio www.acodap.com se están difundiendo textos con titulares como "nuevo escándalo judicial", "conmoción en el mundo judicial", "sorprendido con 2
millones de euros en un paraíso fiscal". En ellos se atribuyen delitos de corrupción, al menos, a nueve magistrados de la Sala Penal. Varios de ellos han formado parte de los tribunales que han condenado a Presencia.
Twitter y Wikipedia
"Estas noticias no se han limitado a un titular en una determinada dirección", explica Marchena. "Como era más que previsible, han sido replicadas en Twitter y otras redes sociales y han sido difundidas en una entrevista en YouTube" protagonizada por Presencia.
A raíz de esta situación "se han detectado intentos de modificación de la página de Wikipedia de alguno de los afectados, con el objetivo de incluir una mención específica
a esos actos de corrupción, ofreciendo como prueba de su realidad el enlace correspondiente a esa dirección de Internet", añade.
"Los magistrados que integramos esta Sala queremos hacer llegar al presidente del Tribunal Supremo no sólo la indignación que nos asalta por la gravedad de unas imputaciones radicalmente falsas, calumniosas, sin relación alguna con la verdad de nuestra situación patrimonial, sino por el irreversible daño que se está ocasionando a la credibilidad de una institución como el Tribunal Supremo", afirma Marchena.
A su juicio, se resiente "no ya la imagen personal de los afectados, sino los presupuestos constitucionales que legitiman el ejercicio de la función jurisdiccional".
"Creemos que no está sólo en juego la honorabilidad de unos magistrados que han cumplido siempre y seguirán cumpliendo con sus deberes tributarios, sino la integridad de una de las Salas del Tribunal Supremo que, como es sabido, incluye en su ámbito de competencia el conocimiento de asuntos de especial relevancia ligados, precisamente, a la lucha jurídica contra la corrupción", indica el presidente de la Sala Penal.
El escrito de Marchena recuerda que Presencia fue expulsado de la carrera judicial tras la confirmación por el Tribunal Supremo de dos condenas dictadas contra él, pese a lo cual "sigue presentándose como juez en todas sus comparecencias públicas y rubrica la mayor parte de sus escritos con un pie de firma expresivo de su condición de juez, cargo para el que fue expresamente inhabilitado".
Pide donativos
Las falsas imputaciones contra los miembros del Supremo se realizan desde la asociación ACODAP (Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública), "que podría estar al servicio de una estrategia generadora de información falsa que pueda ser utilizada para denigrar a las personas o·instituciones que, por una u otra razón, se oponen a los designios de su promotor".
Se trataría, por tanto, de una persona jurídica "concebida con el exclusivo objeto de ponerse al servicio del delito" y que, además, pide el ingreso de donativos a la cuenta corriente de la asociación "para seguir adelanté en su fingida lucha contra la corrupción".
Fernando Presencia pidiendo donativos./
"Todo apunta", señala Marchena, a que Presencia "puede estar obteniendo aportaciones económicas de confiados ciudadanos que creen que el donativo que ofrecen va a ser destinado a la búsqueda de informaciones o pruebas que demuestren la corrupción de los magistrados de esta Sala".
La asociación montada por Presencia no sólo acusa a jueces de tener dinero en paraísos fiscales. También ha dirigido la misma imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a la fiscal general, Dolores Delgado, contra quienes presentó una denuncia en la Audiencia Nacional.
El juez Joaquín Gadea no sólo rechazó la denuncia sino que envió el asunto a los Juzgados de Talavera de la Reina, ciudad en la que reside Presencia, para que le investiguen por una presunta falsedad documental, entre otros delitos, por haber presentado documentos manipulados para acusar a Delgado y Zapatero.