La Fiscalía de Área de Ceuta ha presentado este viernes en un Juzgado una denuncia por prevaricación contra la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta del Ejecutivo ceutí, María Isabel Deu, por la expulsión de los menores marroquíes.
Según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el Ministerio Público considera que, al repatriar a Marruecos a 34 menores migrantes no acompañados, se omitieron "de forma voluntaria y consciente las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran en un Estado de Derecho".
La Fiscalía de Ceuta relata que, entre los días 17 y 18 de mayo de 2021, se produjo la entrada masiva e irregular en Ceuta de un número aproximado de 15.000 inmigrantes, de los cuales 1.200 dijeron ser menores de edad y fueron afiliados como tal, "siendo competente por ley la ciudad de Ceuta de la protección y tutela de estos menores no acompañados".
Pero, desbordados por la escasez de recursos, Deu "decidió emprender varias actuaciones" a fin de "agilizar" su repatriación. Y lo hizo a través del Acuerdo entre el Reino de España y el de Marruecos sobre cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y retorno.
Los niños y adolescentes fueron trasladados hasta la frontera en furgones. Las repatriaciones comenzaron el 13 de agosto, pero el 16 fueron paralizadas por orden del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Ceuta.
El pacto entre España y el reino alauita nunca se había aplicado hasta entonces. Y este documento señala en su artículo 5 que la repatriación debe aplicarse "con la observancia estricta de la legislación española, las normas y principios de Derecho Internacional y de lo establecido en la Convención sobre Derechos del Niño por parte de las autoridades competentes españolas".
La Delegación del Gobierno de Ceuta, el pasado 10 de agosto, se mostró favorable a las repatriaciones. Aunque recordó que, por indicación del Ministerio del Interior, debería hacerse respetando los derechos de los menores.
Sin embargo, tal y como destaca Fiscalía en su denuncia, presentada tras casi nueve meses de investigación, "no sólo se han omitido algunos de los trámites preceptivos del procedimiento, sino todos, al no existir traza alguna del expediente de repatriación exigido por el acuerdo entre ambos países [España y Marruecos]".
"No consta la incoación de procedimiento", reprocha Fiscalía. Tampoco, que se pidieran informes sobre la situación familiar de los menores. Ni que se celebrase una fase de alegaciones. Ni resoluciones acordando la entrega a Marruecos. Ni se dio traslado al Ministerio Público.
En su denuncia, el fiscal incluye el listado de 145 menores inmigrantes no acompañados que iban a ser repatriados, según acordaron la vicepresidenta primera y la delegada del Gobierno de Ceuta. Pero no todas las entregas se completaron, una vez el Juzgado de lo Contencioso lo paralizó días después de que se iniciasen.