El fiscal, sobre Luceño y Medina: "No recibieron ningún trato privilegiado del Ayuntamiento"

El fiscal del caso Mascarillas, Luis Rodríguez Sol, ha dirigido un escrito al juez que lo investiga, Adolfo Carretero, en el que, de forma rotunda, vuelve a insistir, "sin ningún género de dudas", en que los investigados Luis Medina y Alberto Luceño "no recibieron ningún trato privilegiado por parte de ningún funcionario del Ayuntamiento de Madrid".

Así consta en dicho documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En esta causa, el Juzgado de Instrucción número 47 de la capital investiga la supuesta estafa sufrida por el consistorio en tres ventas de material sanitario, por las que Luceño y Medina cobraron abultadas comisiones en los peores meses de la pandemia de la Covid-19.

El fiscal, quien, durante toda la instrucción, se ha mostrado favorable a ceñir la investigación penal tan sólo a los dos comisionistas, insiste en este idea. Lo hace en un escrito en el que responde al partido Más Madrid, personado como acusación popular en la causa.

La formación izquierdista solicitó al juez poder investigar el listado de las conversaciones telefónicas de Carlos Martínez-Almeida, primo del actual alcalde de la capital.

A través de "exhaustivos interrogatorios" a los dos imputados y, sobre todo, a varios testigos, a lo largo de la causa, ha quedado acreditado —sostiene el fiscal— que el pariente del regidor se dirigió a la coordinadora general de la Alcaldía para solicitarle una dirección de correo electrónico para que Luis Medina hiciese llegar su oferta de material sanitario. Ésta le entregó un e-mail genérico, el usado por este departamento para recibir donaciones de productos antiCovid. Y fue a ése al que Medina envió su oferta.

El juez le negó a Más Madrid esta diligencia —recordó que Carlos Martínez-Almeida no está investigado en el caso— y el partido lo recurrió. Ahora, el fiscal solicita al Juzgado que confirme su primera decisión, al tratarse de una petición "claramente inútil" y "correctamente denegada".

"Los querellados accedieron a personas responsables en el Ayuntamiento de Madrid en un contexto en el que las Administraciones Públicas esperaban con ansiedad cualquier oferta de material sanitario", subraya el fiscal. Y considera que dichos funcionarios con los que contactaron los investigados "son irrelevantes" en la comisión de los presuntos delitos, que fue posterior a dichos contactos.

Asimismo, Luis Rodríguez Sol considera que la diligencia que solicita Más Madrid no es necesaria, ni idónea ni proporcional como para actuar en contra del derecho al secreto de las comunicaciones, consagrado por la Constitución. "No va a aportar ningún dato de interés para los hechos investigados", destaca.

Además, la conservación obligatoria de las comunicaciones electrónicas por parte de las empresas de telefonía cesa a los doce meses. Y las conversaciones que el partido izquierdista pedía investigar se produjeron en marzo de 2020.

Este viernes, el juez Adolfo Carretero interrogará como testigo a Mario Tabasco, jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en Madrid Salud, el organismo autónomo adscrito al Ayuntamiento de la capital y encargado de las materias de salud pública. Y aún falta que el consistorio entregue al Juzgado todas las ofertas sanitarias recibidas en aquellas fechas, para poderlas comparar con la remitida por Luis Medina.

'Caso Mascarillas'

A principios del pasado abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.

Lo habrían hecho "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado. La empresa municipal encargada de esta compra pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público.

Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada. Su labor se habría limitado a facilitar el contacto con el Ayuntamiento que había recibido de Carlos Martínez-Almeida y a ofrecer una relación de los productos sanitarios disponibles. El empresario Alberto Luceño, quien negoció los contratos, se embolsó, en total, más de cinco millones de euros.

Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias.

Con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.

Ambos están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo del fallecido duque de Feria y de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.