El funcionario que evaluó varias mascarillas de las que Alberto Luceño y Luis Medina entregaron al Ayuntamiento de Madrid ha puesto en duda, ante el juez, la calidad de estos productos.
Este viernes, Mario Tabasco, jefe de Prevención de Riesgos Laborales de Madrid Salud —organismo autónomo del consistorio, encargado de la salud pública— ha declarado como testigo ante el juez Adolfo Carretero, que investiga el denominado caso Mascarillas.
Según confirman a EL ESPAÑOL fuentes presentes en el interrogatorio, Tabasco ha asegurado que manipuló una de las mascarillas, cuya goma, al estirarla, se rasgó.
Sin embargo, ha admitido que ningún funcionario que aquellos días usó esos cubrebocas se quejó de su calidad. Y en ningún caso Tabasco se opuso a que se utilizasen.
El juez le ha citado en relación a un correo que remitió el 13 de abril de 2020 —una vez firmados los contratos con Luceño y Medina y ya recibido el material— a su superior, el gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto, quien le había pedido su valoración sobre la documentación que acompañaba a los cubrebocas.
Después, Prieto envió otro e-mail a Elena Collado la funcionaria encargada de las compras sanitarias del Ayuntamiento de Madrid. "Se supone que son FFP2, pero no aparece los certificados oficiales que lo garanticen", le indicó el gerente a Collado en ese correo.
De acuerdo con las mismas fuentes, Tabasco también ha asegurado ante el juez que a él no le consta que se efectuase un control de calidad sobre las mascarillas por parte de Madrid Salud ni que se enviasen a un laboratorio, una vez éstas llegaron. Parte de la documentación que las acompañaba, al estar redactada en chino, tampoco pudo ser analizada.
Por ello, según ha declarado, consideró que no cumplían la normativa europea, pero no supo si respetaban la normativa china o la americana. Tabasco también ha reconocido durante su interrogatorio que es afiliado al PSOE.
Certificados
En el mismo auto en el que el juez Carretero citó a Mario Tabasco como testigo, el juez remitió una Orden Europea de Investigación a las autoridades judiciales italianas para que la empresa de ese país Ente Certificazione Macchine (ECM) se pronuncie sobre los certificados falsos que destapó EL ESPAÑOL y que figuran con su logotipo como parte de la documentación del envío de las mascarillas.
Se trata de documentos obrantes en el sumario de la causa y que este periódico comprobó que no son auténticos. Fueron aportados al Ayuntamiento de Madrid por la empresa malasia Leno, la proveedora del material sanitario que los hoy imputados Luis Medina y Alberto Luceño ofrecieron al consistorio y por el que cobraron una abultada comisión.
En el caso Mascarillas, el juez Carretero investiga la supuesta estafa sufrida por el consistorio de la capital en tres contratos firmados a finales de marzo de 2020: de guantes, mascarillas y test contra el coronavirus. Por ellos, pagó más de 11 millones de euros de dinero público en los peores días de la pandemia del coronavirus.
Hace un par de semanas, el magistrado también requirió al Ayuntamiento que le confirme si aún quedan muestras de estas mascarillas en dependencias municipales, que aclare qué uso se le dio a estos cubrebocas y que aporte todas las ofertas de material sanitario recibidas durante esas fechas para poder compararlas con la de Luceño y Medina.
Asimismo, en una providencia a la que ha tenido acceso este periódico, el juez Carretero ha citado para el próximo 8 de julio a las 11.00 de la mañana al agente de la Policía Municipal autor del Informe sobre la adecuación a la normativa de mascarillas de grafeno KN95 en el contexto de la crisis sanitaria Sars-Cov-2 (Covid-19).