El juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, ha revocado los terceros grados concedidos por el Gobierno del País Vasco a los etarras Jorge Martínez Ahedo y José Ignacio Bilbao Gaubeca.

La negativa del magistrado a que disfruten de la semilibertad se fundamenta, en ambos casos, en el mismo motivo: ninguno de los presos pidió un perdón expreso e individualizado a las víctimas de sus delitos.

Así consta en sendas resoluciones, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fechadas el pasado 21 de junio y el 22, respectivamente. La Fiscalía de la Audiencia Nacional había interpuesto dos recursos de queja contra la decisión del departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Ejecutivo autonómico.

En el caso de Martínez Ahedo, el juez de Vigilancia recuerda que el preso tiene un pronóstico de reincidencia medio-bajo. Permanece interno en el Centro Penitenciario de Bilbao-Basauri, después de que en 2014 la Sección Tercera de la Audiencia Nacional le condenase a 30 años de cárcel por asesinato. También intentó matar al expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa. No cumplirá la totalidad de la pena hasta 2028.

El Gobierno Vasco acordó progresarle a tercer grado el pasado 18 de mayo, en la modalidad restringida que contempla el artículo 82.1 del Reglamento Penitenciario. La Junta de Tratamiento de la prisión, compuesta por los profesionales técnicos del centro, se mostró a favor de concederle la semilibertad.

Sin embargo, el juez de Vigilancia reprocha en su auto que, a pesar de que Martínez Ahedo firmó una carta renunciando a la violencia, renegando de su pasado delictivo y pidiendo unas disculpas genéricas, "no existe manifestación de perdón a sus víctimas; ni siquiera se referencian en su escrito, máxime cuando existen condenas por asesinato". Además, el preso sólo ha pagado 160 euros como responsabilidad civil sobre el total de 343.378,90.

"Deseo presentar mis condolencias y disculpas a todas las personas a las que he causado daño y, aunque anteriormente ya me he manifestado en este sentido, comprendería perfectamente que esta declaración suene cínica por mi parte. (...) Desde niño se me educó en el respeto al prójimo; algo evidentemente incompatible con los actos violentos y con los atentados contra la vida de semejantes y que, sin duda, siempre me creó contradicciones de índole moral", rezaba la carta del interno, que se mantendrá por el momento en segundo grado, el régimen penitenciario más habitual.

El caso de José Ignacio Bilbao Gaubeca es similar al anterior. Misma fecha de concesión del tercer grado, misma cárcel en la que está interno y mismos motivos para frenar su salida de prisión. Fue condenado en dos ocasiones, en 1997 y en 1998: a 25 años de prisión y a otros 40 por delitos de terrorismo. Entre otros delitos, intentó matar al dirigente del PP vasco Carlos Iturgáiz.

Cumplirá la totalidad de su pena en mayo de 2023. El Ejecutivo vasco le concedió la semilibertad para que participase en un programa de inserción laboral y que finalizase sus estudios de Antropología.

Según reza el auto del juez central de Vigilancia Penitenciaria, su comportamiento en la cárcel es "bueno", de trato "correcto" y "educado", contando en su historial con recompensas y sanciones anuladas. Está pagando parte de su responsabilidad civil, pese a ser insolvente, ha rechazado el uso de la violencia y su grado de radicalización es "bajo".

No obstante, el magistrado recuerda que un informe psicológico concluyó que, a pesar de "existir una empatía hacia las víctimas", Bilbao Gaubeca "no personaliza su posicionamiento frente a aquellas personas sobre las que atentó". Y ello "obliga a potenciar la vía tratamental antes de acceder al grado pretendido". Castro también recuerda la "gravedad de los hechos" por los que fue condenado.

En ambos casos, los internos podrán recurrir la negativa del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria a su semilibertad; tanto en reforma (ante el mismo juez que ha dictado ambos autos) como en apelación, ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Desde que el Gobierno central le transfiriese las competencias en materia penitenciaria a finales de 2021, el Ejecutivo vasco ha concedido cerca de una veintena de progresiones a tercer grado a presos de ETA. Al menos cuatro de ellos ya han sido recurridas por la Fiscalía.