El Tribunal Constitucional avala la prórroga de la investigación de los casos de corrupción del PP

En una sentencia aprobada este lunes por unanimidad, la Sala Segunda del TC respalda, por extensión, el régimen procesal implantado en 2020 y vigente en la actualidad, según el cual el plazo general de las instrucciones penales (12 meses) puede ser prorrogado sin limitación por períodos sucesivos de seis meses.

La Sala ha desestimado una demanda de amparo interpuesta por el empresario Javier López Madrid y a la que se adhirieron otros 14 investigados del caso Púnica. Se trata una macrocausa en la que desde 2014 se investiga una presunta trama de corrupción que pivota sobre el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados.

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Constituida inicialmente por 13 piezas, aún están abiertas seis en distintas fases procesales. Entre ellas se encuentra la investigación de la presunta caja B del PP de Madrid, asunto que afecta a dos expresidentes del Gobierno regional, Esperanza Aguirre e Ignacio González, y a un buen número de exconsejeros y ex altos cargos.

Otras partes del caso Púnica se refieren a la adjudicación de contratos públicos por parte de la Comunidad de Madrid a cambio de supuestas comisiones ilegales.

En la casilla de salida

El recurso de amparo de López Madrid relataba que en marzo de 2016, tras el primer año y medio de investigación, Eloy Velasco, primer juez del caso, amplió la instrucción otros 18 meses.

Su sucesor, Manuel García-Castellón, acordó el 30 de noviembre de 2018 volver a prorrogar la instrucción por 40 meses más.

A la Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional le pareció excesivo. El 10 de abril de 2019, la Sala revocó la decisión del instructor y fijó para el caso Púnica un último plazo, excepcional e improrrogable: el 6 de junio de 2020. Esta resolución quedó firme.

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Sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus, el Gobierno aprobó el 14 de marzo de 2020 un real decreto que, entre otras medidas, paralizó durante dos meses los plazos procesales. Con ese apoyo, el instructor señaló como nueva fecha de terminación de la instrucción el 27 de agosto de 2020.

El 24 de agosto de 2020, tres días antes de que tuviera que acabar forzosamente la instrucción, el juez volvió a alterar el plazo. Esta vez lo hizo con apoyo en la entrada en vigor de la Ley 2/2020, que suprimió los plazos máximos de instrucción.

La ley estableció en una disposición transitoria que la eliminación de los plazos máximos de instrucción "será de aplicación a los procesos en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley [29 de julio de 2020]. A tal efecto, el día de entrada en vigor será considerado como día inicial para el cómputo de los plazos máximos de instrucción establecidos en aquél".

En resumen: el plazo de instrucción del caso Púnica, que para entonces ya llevaba seis años abierto y debía finalizar tres días después, empezaba desde cero, es decir, con otros 12 meses por delante y sucesivas prórrogas ahora ya sin límite.

La Sección Penal Cuarta avaló la decisión del juez García-Castellón y ahora el TC ha respaldado esas decisiones.

En una sentencia de la que es ponente el magistrado Antonio Narváez, el Constitucional considera que el régimen vigente equilibra el principio de eficacia de las instrucciones y los derechos de los investigados a la vista de que el sistema anterior -el establecido por el PP- podía generar un riesgo de impunidad de los delitos complejos.

El caso Púnica es una de esas investigaciones complejas, constata el TC. Y, aunque con la Ley 2/20 los investigados han visto alargada la fase de instrucción, el nuevo sistema no impide realizar un adecuado control judicial sobre la duración de las diligencias.

Sin derecho a una duración

El TC deja claro que no existe un derecho a una duración determinada de la instrucción penal, aunque debe prolongarse sólo el tiempo estrictamente necesario.

En este sentido, aclara que, aunque López Madrid tuvieran una legítima expectativa a que la investigación terminara en una determinada fecha, ello no fue un derecho o situación jurídicamente consolidada.

De esta forma, el "límite infranqueable" establecido por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no podía impedir que una reforma procesal posterior estableciera una norma distinta que afectara a la duración de la instrucción.