Bruselas amonesta a España por tercer año consecutivo por el bloqueo del Poder Judicial

Bruselas amonesta a España por tercer año consecutivo por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Comisión Europea ha reclamado este miércoles a las autoridades españolas proceder "con carácter prioritario" a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, pendiente desde diciembre de 2018. Una renovación que debe hacerse con las reglas vigentes, pero que tiene que ir seguida "inmediatamente después" de una reforma del sistema de elección de sus miembros.

El último intento fallido de acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el CGPJ se ha producido esta misma semana. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el negociador popular, Esteban González Pons, se levantaron de la mesa el pasado lunes sin fumata blanca. El nuevo punto de bloqueo fue la proposición de ley presentada por el Gobierno que vuelve a modificar las competencias del CGPJ para que pueda elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, cuya retirada exige el PP como condición para negociar.

El Ejecutivo comunitario vuelve a recomendar un cambio estructural para que los jueces elijan directamente al menos al 50% de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, en lugar del Parlamento como ahora. La otra gran reforma que reclama Bruselas en el ámbito judicial consiste en reforzar la independencia de la Fiscalía General del Estado, algo que requeriría que su mandato no coincida con el del Gobierno de turno.

[Gobierno y PP no logran un acuerdo para renovar el CGPJ al chocar en la reforma para elegir el TC]

Estos avisos de Bruselas aparecen recogidos en el informe anual sobre la situación del Estado de derecho en todos los países miembros de la UE, que se ha publicado este miércoles. Por primera vez, la Comisión no se limita a hacer un diagnóstico de los problemas, sino que hace una serie de recomendaciones: a España le dirige un total de seis.

El objetivo es animar a los Estados miembros a hacer las reformas necesarias y de momento no se habla de sanciones. Pero Bruselas siempre tiene en su mano la posibilidad de expedientar o congelar fondos europeos a los incumplidores.

"El hecho de que la renovación del Consejo General del Poder Judicial esté pendiente desde diciembre de 2018 sigue siendo una preocupación", señala el capítulo dedicado a España del informe del Ejecutivo comunitario. "En este contexto, ha habido nuevos llamamientos para modificar el sistema de nombramiento del Consejo en línea con los estándares europeos, de forma que no menos de la mitad de los jueces-miembros sean elegidos por sus pares", apunta la Comisión.

La recomendación concreta para España se formula de la siguiente manera: "Proceder a la renovación del CGPJ con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de los jueces miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos".

En cuanto a la independencia de la Fiscalía General del Estado, la Comisión considera que ha habido avances, como la reforma legal para aumentar la transparencia de las relaciones entre el Gobierno y el titular del cargo. No obstante, el informe habla también de que persisten las "preocupaciones por la coincidencia de los mandatos del Fiscal General y del Gobierno".

España debe "fortalecer el estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de su mandato del Gobierno, teniendo en cuenta los estándares europeos sobre independencia y autonomía de la fiscalía", señala el informe.

Registro obligatorio de lobistas

La tercera recomendación para nuestro país consiste en "proseguir los esfuerzos para elaborar una legislación sobre lobbying, incluyendo el establecimiento de un registro público obligatorio de lobistas".

"Si bien se han aumentado los recursos dentro del Ministerio Público, la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción de alto nivel sigue siendo motivo de preocupación, ya que los procedimientos siguen siendo largos y complejos", denuncia el informe. Por ello, El Ejecutivo comunitario pide a nuestro país "hacer frente a los problemas relacionados con la duración de las investigaciones y enjuiciamientos para aumentar la eficiencia en el manejo de casos de corrupción de alto nivel.

La quinta recomendación de Bruselas se refiere a la libertad de los medios y el pluralismo. En este capítulo, el marco legislativo general de España "es sólido y estable". "No obstante, persiste dificultades por lo que se refiere a la transparencia de la propiedad de los medios escritos y la autonomía operativa y de recursos del Regulador Audiovisual". El Gobierno está aplicando un acuerdo para facilitar el trabajo de los profesionales de la información, pero los periodistas "siguen enfrentándose a algunos problemas", dice el informe.

España debe "garantizar recursos adecuados para que la autoridad reguladora nacional de medios audiovisuales refuerce sus operaciones, teniendo en cuenta los estándares europeos en materia de independencia de los reguladores de medios", reclama el Ejecutivo comunitario. Una función que en nuestro país realiza la Comisión Nacional de Mercados y Compentencia (CNMC).

El último capítulo del informe se refiere a los controles y los contrapesos institucionales. Aquí se menciona la renovación tardía del Defensor del Pueblo, así como las dos sentencias del Tribunal Constitucional que anularon los decretos del estado de alarma contra la pandemia. También se hace referencia a la reforma pendiente de la Ley de Seguridad Ciudadana, "que sigue suscitando inquietud incluso por parte de la sociedad civil".

Pero la sexta y última recomendación concreta de Bruselas al Gobierno de Pedro Sánchez consiste en "proseguir el trabajo para reforzar el acceso a la información, en particular mediante la revisión de la Ley de Secretos Oficiales".