El juez Manuel García-Castellón, encargado de investigar el caso Miguel Ángel Blanco, ha aceptado la personación de Marimar Blanco, hermana de la víctima, como acusación particular.
Así consta en una resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fechada el pasado 22 de julio.
Dos días antes, el 20, la hermana del concejal asesinado en 1997 por ETA y también diputada en la Asamblea de Madrid solicitó al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional personarse en esta causa.
El pasado marzo, García-Castellón reabrió la investigación tras admitir a trámite una querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) contra la cúpula etarra. A pesar de que los autores materiales de los hechos ya habían sido condenados años atrás, DyJ señalaba ahora a los exjefes de la banda terrorista, por su "dominio" y "control" de la misma, su poder para diseñar las estrategias y su capacidad para haber frenado el secuestro y el asesinato de Blanco.
Además de Dignidad y Justicia, en este procedimiento ya están personados, como acusaciones populares, el PP —formación a la que perteneció Miguel Ángel Blanco y en la que también milita Marimar— y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
La de Marimar Blanco, representada por los mismos letrados que Dignidad y Justicia, Miguel Ángel Rodríguez Arias y Vanesa Santiago, será ahora la única acusación particular de la causa.
'Caso Miguel Ángel Blanco'
El pasado jueves, el Juzgado citó a dos de los imputados en el caso Miguel Ángel Blanco: los exjefes de ETA Mikel Antza y Anboto. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar. Su abogada tachó la reapertura de la investigación de "venganza".
Sin embargo, la principal novedad de aquel interrogatorio no vino por parte de los investigados ni de su defensa, sino del Ministerio Público. El hasta entonces fiscal del caso, Vicente González Mota, no acudió a las declaraciones, debido a sus discrepancias con la directriz impuesta días antes por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, favorable a considerar prescritos los hechos para Antza y Anboto.
El 19 de julio, un día antes de la solicitud de personación de Marimar en la causa, Alonso remitió un correo electrónico a González Mota fijando este criterio. Por ello, este último optó por apartarse del caso. El pasado jueves, durante los interrogatorios, fue sustituido por Pedro Rubira, quien defendió mantener viva la investigación para que las víctimas "sepan la verdad", pero se manifestó a favor de la prescripción.
Manifestación contra el secuestro de Miguel Ángel Blanco en 1997.
Sin embargo, este sábado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional difundió un comunicado en el que negaba tajantemente "presiones" de cualquier índole —"mucho menos, políticas"— detrás de esta decisión, pese a que haya coincidido con el anuncio del nombramiento de Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado.
Fue a este último a quien, precisamente, se dirigió Alonso para preguntarle por este criterio. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional elevó una consulta a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, encabezada aún por García Ortiz, quien avaló esta postura.
Asimismo, el Ministerio Público niega que se trate de un viraje. Por ello, en su comunicado, subrayó que la prescripción "se ha de declarar en el momento procesal oportuno" y "no impide ni obstaculiza estas primeras investigaciones abiertas en los distintos juzgados de la Audiencia Nacional, cuyas reaperturas, no se puede ni debe olvidar, siempre han contado y seguirán contando con el apoyo del Ministerio Público".
Por el momento, la Fiscalía tan sólo contempla la prescripción de los hechos para Mikel Antza (alias de Mikel Arbisu Iriarte) y para Anboto (Soledad Iparaguirre).
Como adelantó EL ESPAÑOL, el Juzgado Central de Instrucción número 6 aún está a la espera de que las autoridades francesas le autoricen a interrogar al tercero de los investigados: Kantauri (cuyo nombre real es José Javier Arizkuren Ruiz).
Por ello, García-Castellón ya ha solicitado al país galo que le permita citar como investigado a este exjefe de ETA, antiguo responsable de su aparato militar, tras haberlo denegado ya en una pirmera ocasión por defectos de forma en la petición de la Audiencia Nacional.