JpD se aparta de las otras asociaciones y renuncia a que los jueces voten el CGPJ: que elijan las Cortes

JpD, que hasta ahora venía defendiendo la devolución a los jueces de la elección directa de los 12 miembros del CGPJ que deben pertenecer a la Judicatura, ha girado de posición en su último congreso, celebrado el pasado junio en Las Palmas.

Por 34 votos a favor del modelo de elección por las Cortes, frente a 22 que defendieron la elección por la carrera judicial y una abstención, JpD ha regresado a su tradicional postulado de que es el Parlamento el que tiene que nombrar a todos los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial.

El motivo quedó claro en el XV congreso, celebrado en el año 2000 en Gijón, cuando la asociación afirmó que "la defensa del actual modelo de elección con base íntegramente parlamentaria garantiza el verdadero contenido político del Consejo y la propia supervivencia de la asociación que, con otro modelo, o sería erradicada o gozaría de una representatividad casi testimonial".

Tercera asociación

JpD, con unos 500 asociados, es la tercera asociación judicial por implantación, por detrás de la Asociación Profesional de la Magistratura (1.450) y de Francisco de Vitoria (en torno a los 850).

Pese a ello, con la fórmula de elección parlamentaria implantada en 1985, Juezas y Jueces para la Democracia siempre ha conseguido una sobrerrepresentación en el CGPJ, hasta el punto de que ha habido Consejos, como el actual, en el que el número de vocales miembros de JpD (cinco) es el mismo que el de los consejeros que pertenecen a la APM. La asociación Francisco de Vitoria, que casi le dobla en afiliados, no tiene ninguno.

JpD pasó a defender la elección de los 12 vocales judiciales por los propios jueces en el XIX congreso, celebrado en Oviedo en 2014, y en una votación muy ajustada. El entonces magistrado del Tribunal Supremo Perfecto Andrés y otros dirigentes de la asociación como Joaquim Bosch, en aquel momento portavoz, tuvieron un peso decisivo en ese cambio de posición que ahora se ha replanteado en Las Palmas.

"Había interés en el Gobierno y en el PSOE en que volviéramos a girar de postura y que no se pueda decir que todas las asociaciones son partidarias de la elección judicial", explican fuentes de la asociación.

Las mismas fuentes recuerdan que Pilar Llop, miembro de la asociación y actual ministra de Justicia, ha defendido públicamente la elección parlamentaria de los 20 integrantes del CGPJ, pese a que los estándares europeos van en la dirección de que los vocales judiciales del órgano de gobierno de los jueces sean elegidos por sus pares.

En esta idea vienen insistiendo organismos como el Grupo de Estados contra la Corrupción y la propia Comisión Europea.

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Al congreso de Las Palmas se presentaron dos documentos contrapuestos: uno en el que se defendía el sistema de elección parlamentaria y otro que propugnaba la elección directa por los jueces.

El primer documento destaca que con el sistema vigente "la Judicatura participa activamente en el sistema de elección, de modo que los reproches sobre la influencia partidista han de matizarse".

También incluye una crítica al PP, que, pese a haber gobernado con mayoría absoluta, "no cumplió" su compromiso de devolver la elección del CGPJ a los jueces.

"En su programa electoral se contenía la previsión de reforma para la elección corporativa de los 12 vocales judiciales. Tal promesa, que podría haberse hecho efectiva por disponer el PP de mayoría suficiente, no se cumplió y ahora se rescata, cuando está en la oposición. En aquel momento el PP prefirió el consenso, y el PSOE tuvo la responsabilidad de pactar un tema de Estado. Hoy el PP ha roto ese consenso, recupera una petición de reforma del sistema de elección que cuando tuvo ocasión no adoptó y no propone otro consenso distinto que lo sustituya".

Ganaría la APM

Según este documento, las consecuencias que tendría un cambio del actual sistema se pueden ver en las Salas de Gobierno, para cuya elección se sigue una fórmula mayoritaria pura: "La APM ha obtenido, con niveles de participación del 50%, la totalidad de los puestos de las Salas de Gobierno, consiguiendo el 25% de apoyos de la totalidad del censo electoral".

"El sistema corporativo prima los intereses profesionales de la Judicatura. No refleja la diversidad de la sociedad, porque la carrera judicial no es tan plural como la ciudadanía. Convierte a la corporación en un poder en sí mismo, en lugar de al servicio de la sociedad. Y desconecta la cambiante representación de la soberanía popular del CGPJ", afirma el documento.

En todo caso, considera que si se optara "subsidiariamente" por la votación de los vocales judiciales por la carrera, "es preciso reformar el sistema de elección para garantizar la representación de las minorías" y "esas previsiones han de extenderse también a la elección de las Salas de Gobierno de los TSJ".

Intereses partidistas

El segundo documento contradice esas tesis. "En el momento actual (2022), debe partirse de que la carrera judicial está formada por una mayoría de mujeres, donde todos los miembros de la misma accedieron a ella en Democracia, habiéndose formado y estudiado Derecho conforme a los valores democráticos. Más allá de afirmaciones sin un claro sustento científico, como por ejemplo que la 'carrera judicial es mayoritariamente conservadora', procedente de extrapolar los asociados de JpD y de la APM, como progresistas los primeros y conservadores los segundos, lo cierto es que quedan sin catalogar los restantes casi 4.000 jueces y magistrados que conforman la carrera, donde el panorama sociológico de la misma parece que ha cambiado bastante desde 1981 hasta la fecha", sostiene.

"El sistema de elección parlamentaria se ha mostrado, en sus más de 35 años de historia, como un sistema donde la cúpula de los partidos políticos mayoritarios (que no las Cortes Generales) han normalizado su control absoluto del poder de decidir la totalidad de los miembros del CGPJ y su influencia en los mismos", afirma.

Resalta, además, que el sistema parlamentario es incapaz de impedir el bloqueo de las renovaciones "cuando un partido con suficiente relevancia parlamentaria se niega, siempre por intereses partidistas".

"Todo lo anterior hace que el CGPJ sea percibido por la propia clase política como un órgano de gobierno de los jueces que funciona por los intereses políticos de los partidos mayoritarios antes que por criterios técnicos y profesionales", defiende.

En este documento se afirma que "no puede sostenerse ya por más tiempo el desprestigio 'de origen' de nuestro CGPJ, que acaba por afectar a la credibilidad de nuestro Tribunal Supremo".

"Con el cambio del sistema de elección, eliminando el sistema parlamentario para los vocales de origen judicial, saldría reforzado el TS, pues se difuminaría la correa de transmisión existente entre partidos políticos, vocales del CGPJ y nombramientos discrecionales".

Afirma, a este respecto, que "nadie duda de que la puesta en cuestión, por parte de los medios de comunicación y de la opinión pública, en función del interés de cada cual, de las resoluciones judiciales de nuestro TS obedecen, la mayor parte de las veces, a lecturas del tipo 'mayoría progresista o conservadora, voto particular de los progresistas o de los conservadores' que no son más que el análisis de la correa de transmisión en los nombramientos (partido político-CGPJ-cargo judicial discrecional)".