La sentencia firme de la llamada pieza política del caso de los ERE -el mayor fraude en la concesión de ayudas sociolaborales públicas que se ha producido en España- llega cuando se acaban de cumplir 11 años y medio de comienzo de la investigación por la jueza Mercedes Alaya. 

De los 50 investigados iniciales de esta pieza, menos de la mitad (21) se sentaron en el banquillo de la Audiencia Provincial de Sevilla en diciembre de 2017.

Tras un año de sesiones y la correspondiente deliberación, la sentencia de la primera instancia llegó el 19 de noviembre de 2019.

La Audiencia sevillana condenó a 19 de los 21 acusados, 10 de ellos por malversación de fondos públicos y prevaricación y nueve sólo por ese segundo delito.

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El Tribunal Supremo, cuyo fallo ha adelantado EL ESPAÑOL, ha confirmado en su práctica totalidad el fallo de la Audiencia provincial. Sólo ha bajado la pena a un acusado, Juan Márquez, y ha absuelto a los tres acusados de menor nivel político: los exsecretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado y Lourdes Medina. La Audiencia de Sevilla les había condenado a inhabilitación para cualquier cargo administrativo por un delito de prevaricación que el Tribunal Supremo descarta.

La sentencia ha sido dictada por tres votos frente a dos y se conocerá una vez que la magistrada Ana Ferrer termine el voto particular discrepante al que se ha adherido Susana Polo.

Los tres magistrados de la mayoría son Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres (ponente).

Los cinco jueces han coincidido en la confirmación de todas las condenas impuestas por prevaricación. El desacuerdo se ha centrado en algunas de las condenas por malversación, entre ellas la de José Antonio Griñán.

Nueve penas de cárcel

La Sala Penal del alto tribunal ha confirmado, de este modo, una sentencia severa que incluye nueve penas de prisión, todas ellas por encima de dos años de cárcel (el límite para que no se cumplan si se carece de antecedentes).

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El décimo condenado a prisión por la Audiencia de Sevilla, Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo en la Consejería de Empleo, falleció en octubre de 2020. Guerrero fue quien confesó a la Policía en diciembre de 2010 la existencia de un "fondo de reptiles" para repartir millonarias ayudas sociolaborales al margen de todo procedimiento legal.

Entre los condenados a prisión, ya en firme, destaca el expresidente de la Junta de Andalucía y antes consejero de Economía José Antonio Griñán, con seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación.

Los otros condenados son el exconsejero de Empleo José Antonio Viera (7 años de prisión y 18 de inhabilitación) y los exviceconsejeros de Empleo Antonio Fernández (7 años y 11 meses de prisión y 19 años y seis meses de inhabilitación, la mayor pena impuesta) y Agustín Barberá (7 años de prisión y 18 de inhabilitación).

También reciben penas de prisión firmes Carmen Martínez Aguayo, que consejera y antes viceconsejera de Economía (seis años de prisión y 15 años de inhabilitación); Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación (siete años de prisión y 18 años de inhabilitación) y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román (seis años de prisión y 15 años de inhabilitación).

Los dos últimos condenados a penas de prisión son Miguel Ángel Serrano Aguilar, que fue director general del Instituto de Fomento de Andalucía (seis años y seis meses de prisión y 17 años de inhabilitación) y Juan Márquez, exdirector general de Trabajo de la Consejería de Empleo (tres años de prisión y siete años y seis meses de inhabilitación).

Los nueve condenados a prisión tienen aún mecanismos legales para evitar ir a la cárcel. El principal de ellos es la petición de indulto, que permite suspender el cumplimiento de la pena.

También pueden recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional -la defensa de Griñán ya ha anunciado que lo hará- y pedir la suspensión de la ejecución del fallo del Tribunal Supremo.

Chaves, prevaricación

Los otros seis condenados en firme tras la decisión del Tribunal Supremo lo son por un delito de prevaricación, condenado con pena de inhabilitación. Ninguno de ellos tiene que afrontar una privación de libertad.

A la cabeza, el histórico socialista Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009. Apartado de la política y de cualquier cargo desde 2015, la condena no tiene repercusión práctica. 

Chaves ha sido condenado a 9 años de inhabilitación, al igual que su exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y su exconsejera de Economía Magdalena Álvarez.

También han sido condenados a 9 años de inhabilitación José Salgueiro, exviceconsejero de Economía y Antonio Vicente Lozano, exdirector general de Presupuestos.

Jacinto Cañete, el director general de IDEA, ha sido condenado a ocho años e inhabilitación.