El Consejo General del Poder Judicial ha decidido trasladar a la ministra de Justicia, Pilar Llop, el último acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional en el que reclama una sala "de grandes dimensiones" para poder celebrar los juicios de varias 'macrocausas' que reúnen a más de un centenar de acusados cada una.
El acuerdo es consecuencia del último informe que ha elaborado el presidente en funciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, fechado el pasado 14 de julio, tras recopilar los datos de las Secciones sobre las 'macrocausas' pendientes de enjuiciamiento.
Esos datos ponen de manifiesto, señala Guevara, "la necesidad de dotación de, al menos, una sala de grandes dimensiones" y que tenga una capacidad superior a la de las salas de las que dispone en la actualidad.
La Audiencia Nacional pidió por primera vez al Ministerio un recinto de esas características el 19 de julio de 2021 y reiteró la reclamación el 18 de octubre, el 15 de noviembre y el pasado 30 de mayo.
Mientras tanto, siguen pendientes de señalamiento juicios como los de la trama Simón, con 48 personas físicas acusadas y 90 personas jurídicas (Sección Primera); el caso Nueva Rumasa, con 120 intervinientes y más de mil testigos (Sección Segunda); o el caso de los Miami, con 85 acusados (Sección Cuarta).
"No se puede tener un juicio sin señalar meses y meses porque no hay sala donde celebrarlos", se quejan fuentes de la Audiencia Nacional, un tribunal que se encarga de causas de particular complejidad y que ha sido llamado enfáticamente 'el buque insignia' de la Justicia española.
La jurisdicción penal de la Audiencia Nacional tiene dos sedes. En la principal, en el centro de Madrid, hay dos salas de justicia con una capacidad para 12-14 intervinientes. También se usa para vistas el salón de actos, pero no dispone de medidas de seguridad suficientes para causas con preso.
Esta sede fue reformada en 2015 para ampliar a más de 15.000 metros cuadrados los 10.000 metros cuadrados de capacidad del edificio anterior. La obra duró tres años y costó 26 millones de euros, casi el doble del presupuesto inicial. Pese a ello, se ha quedado pequeña.
En 2009 se habilitó en un polígono de San Fernando de Henares (a unos 20 kilómetros de Madrid) un edificio con dos grandes salas para juicios, cada una de ellas con capacidad para unos 70 acusados. Cuenta con 7.300 metros cuadrados y costó casi 12 millones de euros.
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El uso de esas salas se reparte semanalmente de forma rotatoria entre las cuatro secciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. De este modo, con carácter general (en ocasiones las secciones se 'prestan' la sala en función de que la necesiten o no) cada una de ellas dispone cada 15 días de un lugar para celebrar 'macrojuicios'.
Este sistema de celebración intermitente de las sesiones por falta de sala hace que se prolonguen a lo largo de los meses juicios que, de otro modo, podrían durar la mitad de tiempo o incluso menos.
Así las cosas, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó en su última reunión del pasado julio "solicitar nuevamente" -por quinta vez- de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de la Justicia que, "a la mayor brevedad posible, adopte las actuaciones que sean necesarias" para solventar el problema que causa la falta de una sala adecuada para 'macrojuicios' con un elevado número de intervinientes.
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