La mayoría del grupo de vocales del Consejo General del Poder Judicial propuestos por el PP ha acordado esta noche acudir al pleno convocado para el próximo jueves con una oferta: antes de poner sobre la mesa nombres y votar a los candidatos al Tribunal Constitucional, es preciso establecer las reglas de juego, esto es, las normas por las que se regirá la votación.
Sólo después se abriría una fase de negociación, de manera que el pleno para elegir a los nuevos magistrados del TC se convoque cuando haya un pacto maduro.
El grupo conservador se ha reunido esta noche en una cena a la que han acudido siete vocales: José María Macías, José Antonio Ballesteros, Nuria Díaz Abad, Gerardo Martínez Tristán, María Ángeles Carmona, Carmen Llombart y Juan Martínez Moya. Un octavo consejero, Juan Manuel Fernández, no ha llegado a tiempo pero comparte la sensibilidad de este grupo.
El objeto del cónclave era fijar la postura que mantendrán el próximo jueves, día en el que están convocados por el presidente, Carlos Lesmes, para abordar la elección de los dos miembros del TC que corresponde renovar al órgano de gobierno de los jueces.
La reunión del pleno del Consejo se celebrará cinco días antes del plazo que se ha dado al CGPJ para que proceda a esa elección, prioritaria para el Gobierno de Pedro Sánchez porque esos dos nuevos magistrados, más los dos que designará directamente el Ejecutivo de Pedro Sánchez, permitirá instalar en el TC una mayoría progresista.
Los vocales propuestos por el PP rechazan una ley que sólo ha devuelto al CGPJ las competencias para elegir a los magistrados del TC, pero no para nombrar a los jueces del Tribunal Supremo, donde los problemas para conformar las secciones son cada más intensos.
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Y rechazan también que se les condicione estableciendo un plazo para la elección, que termina el próximo martes.
En ese contexto, la postura alcanzada por los ocho consejeros, que sostienen que defienden "la institucionalidad" y que ello impone "acuerdos debidamente consensuados", es plantear, como primer paso, que se pacte de qué modo se va a proceder a la elección: si se va a votar a candidatos individuales o en dupla, si debe haber o no un número mínimo de vocales que apoye a los candidatos, si éstos han de proceder del Tribunal Supremo o se amplía a otros ámbitos.
"Respeto"
Consideran que, establecidas estas reglas, hay que generar un "marco adecuado" para el diálogo entre los dos sectores del CGPJ, marco en el que "resulta fundamental que se respeten los tiempos de decisión del Consejo".
La posición adoptada, que se ha transmitido a Lesmes esta misma noche, significa que el sector conservador no se niega de entrada a hacer los nombramientos, pero no se va a someter al ritmo que quiere marcar el Gobierno.
Es muy improbable, por tanto, que los nuevos magistrados del Constitucional sean elegidos en la reunión del jueves, ya que la designación exige una mayoría de tres quintos, que equivale a 12 votos. Ninguno de los dos sectores reúne, por sí solo, ese número.
El grupo minoritario, integrado por los vocales propuestos por PSOE, IU y PNV, está preparado para hacer propuestas y también para votar antes del martes, pero necesita el concurso de, al menos, tres vocales del sector conservador y el de Lesmes, cada vez más reacio a 'quemar' a la institución convocando plenos en los que no se logre efectuar la elección.
Esta noche ha tomado fuerza la idea de que el presidente del CGPJ no forzará nuevos plenos posteriores al del jueves si los consejeros no garantizan que la votación es viable.
Ganar tiempo
Ello frustraría las prisas del Gobierno por llevar a cabo la renovación del Tribunal Constitucional, que quedaría demorada, por parte del CGPJ, a una fecha que en este momento no puede ser determinada.
El sector mayoritario del órgano de gobierno de los jueces ganaría, así, tiempo para cumplir una ley que rechaza.
Si no quiere esperar al CGPJ, al Ejecutivo le quedaría la opción de nombrar a los dos miembros del TC que le corresponden. Pero desde el Constitucional ya se le ha advertido de que la renovación debe ser de un tercio del tribunal (es decir, cuatro magistrados), tal como ordena la Constitución, por lo que los dos candidatos gubernamentales no recibirían el preceptivo plácet del actual Tribunal Constitucional.
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