La Policía encontró "seis hojas con impresiones de imágenes de tarjeta" del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), del DSN (Departamento de Seguridad Nacional), del Ministerio de Defensa y del Cuerpo Nacional de Policía" al registrar la vivienda de Alberto Luceño, uno de los dos imputados por la supuesta estafa sufrida por el Ayuntamiento de Madrid en una venta de material sanitario (el conocido como el caso Mascarillas).
Así figura en el acta policial de entrada y registro, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y que consta en la documentación de una pieza, secreta hasta el pasado día 23 de septiembre, que abrió el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, el mismo que se encarga de investigar el caso Mascarillas.
Según el documento, la Policía halló dichos folios en el interior de una "cartera negra" que estaba en el domicilio, ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Además, los agentes hallaron "un portaplacas negro con placa de agente de la autoridad [del] Centro Nacional de Inteligencia" durante su registro, ocurrido el pasado jueves.
Fuentes cercanas a la investigación confirman a este diario que Luceño, al ser preguntado por la supuesta placa del CNI, alegó que se trataba del elemento de un disfraz, que era "de juguete".
Fragmento del acta de entrada y registro.
El juez titular del Juzgado, el magistrado Adolfo Carretero, ordenó este registro, solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, para recabar más datos sobre San Chin Choon, el supuesto empresario malasio que suministró a Luceño y al también imputado Luis Medina el material sanitario que ambos vendieron al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia de la Covid-19. Dicha compraventa se investiga ahora por estafa.
Tal y como informó EL ESPAÑOL, el Juzgado recibió un correo, firmado por San Chin Choon, en el que el supuesto proveedor avalaba las tesis de la defensa de Luceño y Medina, quienes se embolsaron una suculenta comisión —entre ambos, unos seis millones de euros— por ejercer de intermediarios en estos contratos.
Según dicho e-mail, ambos imputados eran "agentes exclusivos de venta" de la compañía de San Chin Choon y la operación comercial se efectuó siguiendo todos los cauces legales.
Sospechas de Fiscalía
No obstante, el ciudadano malasio se ha negado a comparecer presencialmente ante la Justicia española —también fue infructuosa la comisión rogatoria enviada a su país— y ha ofrecido al juez Carretero declarar mediante una videoconferencia.
Este martes, el partido Más Madrid, personado como acusación popular en el caso Mascarillas, ha enviado un escrito al Juzgado en el que insisten en que el empresario asiático sea citado como testigo. "Y no para 'mantener una videoconferencia', tal y como pretende, sino para comparecer ante la Justicia española y proceder a su interrogatorio, con la participación de todas las partes personadas", reza su escrito.
Una resolución, dictada por el juez Carretero el pasado 13 de septiembre, revela que, según sospecha la Fiscalía Anticorrupción, dicho correo electrónico "contiene una serie de datos y afirmaciones (...) que hacen sospechar de su autenticidad". El Ministerio Público cree que no fue escrito realmente por el proveedor malasio.
Es por ello que el juez acordó la entrada y registro en la vivienda de Luceño y en la sede de una de sus empresas (Takamaka Invest S. L.), ubicada en la madrileña calle Lagasca; por si en alguno de esos dos lugares la Policía encontraba más documentación sobre la relación comercial entre el imputado y San Chin Choon.
'Caso Mascarillas'
A principios del pasado abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.
Lo habrían hecho —a ojos del Ministerio Público— "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado.
La empresa municipal encargada de esta compra pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público. Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada.
Su labor se habría limitado a ofrecer material al Ayuntamiento y a facilitar un contacto que, a su vez, recibió, gracias a una amiga en común, por parte del primo del alcalde de Madrid. El empresario Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.
Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias.
Con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.
Ambos están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez fue interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.