Los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles, imputados en el llamado caso Dina, han solicitado que se investigue por falso testimonio a Dina Bousselham, la exasesora de Pablo Iglesias que da nombre a esta causa judicial.
Esta pieza del macrocaso Villarejo versa sobre el supuesto robo del teléfono móvil de Bousselham en 2015, cuyo contenido acabó publicado en medios de comunicación.
Al finalizar la investigación, el juez instructor Manuel García-Castellón propuso enviar a juicio a los dos reporteros y al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Asimismo, el magistrado acordó deducir testimonio contra Dina y su novio, el portugués Ricardo Sa Ferreira. Es decir: García-Castellón pidió que se investigase a ambos por, presuntamente, haber mentido durante su declaración como testigos, a fin de proteger a Pablo Iglesias y beneficiar a Podemos, del que éste era secretario general.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional también sugirió investigar a la pareja por un delito de denuncia falsa y/o simulación de delito. Bousselham y Sa Ferreira recurrieron esta decisión del juez ante la Sala de lo Penal.
Ahora, en un escrito firmado por la defensa de los dos periodistas, fechado el 28 de septiembre y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, su abogado considera que hay "indicios firmes y sólidos" de que la asesora y su novio "faltaron reiteradamente a la verdad en sus declaraciones" ante el Juzgado.
Y eso —a ojos de la defensa de los dos periodistas— "ha supuesto un grave obstáculo para la averiguación de la verdad". "Haciendo que, incluso, la 'perjudicada' [estatus del que goza Bousselham en el caso] haya quedado absolutamente deslegitimada para mantener la acción penal", añade el letrado, que considera que el futuro procesal de Dina "debe forzosamente tener repercusión" en el de Pozas y Rendueles, que rozan el banquillo de los acusados.
Los dos periodistas
El juez García-Castellón abrió la llamada pieza Dina dentro del caso Tándem (o caso Villarejo) el 19 de marzo de 2019, ante los indicios de que la filtración de ciertos mensajes del móvil de Dina a la prensa habría sido hecha por el excomisario José Manuel Villarejo. En el domicilio de este último se encontró en 2017 una copia de los archivos almacenados en el dispositivo de Bousselham.
Había mensajes entre Iglesias y su asesora o con su equipo, en los que el líder de Podemos comentaba, entre otros asuntos, que le hubiera gustado "azotar a [la presentadora] Mariló Montero hasta que sangrase".
Pero en el curso de la instrucción, se descubrió que Pablo Iglesias tuvo en su poder una copia de la tarjeta SD del teléfono de su asesora y que la retuvo varios meses. La recibió en enero de 2016 del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio. A este conglomerado mediático pertenecía la ya extinta revista Interviú, de la que Pozas y Rendueles eran director y subdirector, respectivamente.
Ambos informadores han reconocido que tuvieron acceso a la información de la tarjeta y que cedieron una copia al excomisario Villarejo. Pero manifestaron que, cuando éste se la pidió, creyeron que lo hacía en el marco de una operación policial.
Las versiones
Al haber descubierto que Iglesias retuvo varios meses la SD, el juez solicitó al Supremo, mediante una exposición razonada, poder investigar al entonces vicepresidente del Gobierno, que estaba aforado. El Alto Tribunal lo denegó.
Cuando ha sido interrogada como perjudicada, Dina Bousselham ha mantenido dos versiones distintas. En un primer momento, declaró que nunca fue capaz de acceder a la SD tras recibirla de manos del entonces líder de Podemos. Posteriormente, se retractó: aseguró al juez que sí pudo mirar los archivos una única ocasión y que, luego, el dispositivo dejó de funcionar.
Dina Bousselham en la Audiencia Nacional.
De esta forma, Dina desvinculó a Iglesias de un posible delito de daños informáticos. Tampoco le acusó nunca por revelación de secretos, que precisa de la denuncia del agraviado para ser perseguido. Así, el político se alejó de ser imputado.
En su última declaración ante el juez (15 de marzo de 2022), Bousselham apeló, incluso, a la "confianza" mutua que ambos se tenían para justificar que el líder de Podemos accediese a su tarjeta, que contenía fotos íntimas.
Sin embargo, la exasesora decidió no exculpar ni a Pozas ni a Rendueles. E, incluso, calificó el comportamiento de ambos de "machista", por haber visualizado sus fotografías. El juez, finalmente, propuso mandar a juicio a ambos informadores.
Las capturas de pantalla
De una forma o de otra, parte del contenido del móvil de Dina acabó en los medios de comunicación. La revista Interviú, a cuya redacción llegó la tarjeta SD en un USB y de forma anónima, no publicó ningún dato.
En su escrito de alegaciones, en el que responden al recurso presentado por Dina, la defensa de Alberto Pozas y de Luis Rendueles recuerda que Bousselham, interrogada en marzo de 2019, negó "tajantemente" haber enviado pantallazos por WhatsApp de sus propias conversaciones. Pero, preguntada el 18 de mayo de 2020, reconoció que sí los había capturado ella, pero que no recordaba a quién los había mandado.
"Resulta evidente, por tanto, que la señora Bousselham faltó a la verdad en una u otra declaración", concluye al abogado de Pozas y Rendueles, en sintonía con la postura del juez García-Castellón.
Pablo Iglesias, en una imagen de archivo.
Algo similar sucede con las contradicciones sobre el estado de la tarjeta. Dina manifestó en un primer momento que, al recuperar la SD de manos de Iglesias, no funcionaba. Posteriormente, en marzo de 2022, se desdijo. Aseguró que sí pudo comprobar su contenido.
"Es obvio que mintió en una u otra declaración, modificando su versión hacia una totalmente opuesta; precisamente, cuando el foco mediático se situó sobre el señor Iglesias, a quien, ya en la exposición razonada [que envió García-Castellón al Supremo] se le atribuía la posible comisión de un delito de daños informáticos", señala el abogado.
[La última bala de los familiares de Franco contra los periodistas que informaron de su herencia]
El letrado también recuerda que Bousselham no comunicó, ni a la Policía ni al Juzgado de Instrucción número 5 de Alcorcón (el que investigó, en su inicio, el robo del móvil), que, finalmente, había recuperado la tarjeta una vez que Pablo Iglesias, tras haberla retenido varios meses, se la devolvió.
En sintonía con lo redactado por el juez García-Castellón en su exposición razonada al Supremo, la defensa de los dos reporteros acusa a Iglesias de "desplegar una actuación falsaria", ya que "sabía que (...) ni había hurto ni conexión entre la sustracción [del móvil] y la publicación [de los pantallazos]". Todo ello se produjo a escasas semanas de las elecciones generales de 2019.
Arremetiendo contra la legitimidad de Bousselham para acusar a los dos periodistas de la extinta Interviú, la defensa de Pozas y Rendueles cuestiona la "actuación de los perjudicados [Dina y su pareja]", a quienes solicita investigar por falso testimonio.
Y concluye: "Resulta jurídica y moralmente insostenible que pueda mantenerse una acusación legítima por parte de quien resulta indiciariamente responsable de tratar de simular hechos inexistentes, (...) hacer un uso torticero del proceso penal por pura oportunidad política y (...) tratar de lograr algún tipo de ventaja electoral".