'Caso Mascarillas' | El juez se plantea imputar a San Chin Choon: "Su relato alberga numerosas dudas"

El juez del caso Mascarillas, Adolfo Carretero, no descarta imputar a San Chin Choon, el empresario malasio que, supuestamente, suministró a Luis Medina y Alberto Luceño el material sanitario que vendieron al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia de la Covid-19.

Actualmente, ambos están investigados por los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo. En un auto reciente, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, critica la actitud del empresario malasio en esta causa.

San Chin Choon había solicitado poder declarar, como testigo, por videoconferencia desde la embajada española en Kuala Lampur. Ahora, Carretero se lo deniega, le obliga a venir a España si quiere testificar y, además, no descarta su imputación una vez sea interrogado.

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"En el caso concreto de este procedimiento, tampoco sería descartable una posible imputación del testigo, como cooperador necesario en la estafa, como ya pide el partido Podemos [acusación popular en el caso Mascarillas], por lo que se precisa la más absoluta inmediación, a fin de que el citado señor pueda ser perfectamente identificado por la Policía española y responda ante las partes y el Ministerio Fiscal y este instructor con intérpretes de chino oficiales reconocidos por la Comunidad de Madrid para que sus respuestas resulten claras", reza la resolución.

Antes del pasado verano, el juez recibió un correo electrónico, firmado por el empresario malasio —o por alguien que se habría hecho pasar por él, como sospecha el fiscal—, en el que se exculpaba a Medina y a Luceño de los delitos que se le imputan y apuntala la tesis de sus defensas.

Tal y como ha publicado este periódico, la Fiscalía Anticorrupción sospecha que fue este último el que lo redactó, atribuyéndolo al ciudadano asiático.

"No entiende este instructor que el supuesto San Chin Choon no quiera colaborar con la Justicia en un primer momento, luego mande correos en distintas fechas, con inicio a finales del mes de julio de 2022, y ahora quiera declarar mediante videoconferencia, cuando está avanzada la instrucción y puede conocer las declaraciones de los investigados y de los testigos", cuestiona Carretero en la resolución, fechada el pasado 5 de octubre.

Fotomontaje de los dos imputados en el 'caso Mascarillas: Luis Medina (i) y Alberto Luceño (d) Europa Press

Asimismo, el juez critica los "motivos profesionales que aduce este señor [San Chin Choon] para venir a España en una fecha fijada, máxime cuando dice que es un empresario solvente (...), que este caso está politizado (...) y que no viene a España para que parezca que ha hecho algo malo".

"Con estos antecedentes, no se puede admitir una videoconferencia del supuesto San Chin Choon [desde Malasia]", concluye el juez. "No sólo por la falta de garantías procesales internacionales y de legalidad, sino porque su testimonio alberga numerosas dudas que deben ser aclaradas ante esta instrucción, el Ministerio Fiscal y las partes con total inmediación", explica.

Y reitera: "Cabe la posibilidad de que el citado testigo sea imputado en cualquier momento de su declaración como cooperador necesario o cómplice de los investigados en el delito de estafa".

El instructor del caso Mascarillas recuerda que, además de la lejanía, España no cuenta con un tratado de extradición con Malasia. Es por ello que el magistrado considera que lo óptimo es que San Chin Choon se desplace a España para declarar como testigo.

El Ayuntamiento, víctima

En la misma resolución, el juez Carretero insiste en que el Ayuntamiento de Madrid y la Funeraria Municipal, la empresa pública que compró los guantes, mascarillas y test antiCovid a Luceño y Medina, "tienen la calidad de perjudicados". 

Además, "ningún funcionario" del consistorio "o gestor político del mismo ha sido imputado hasta el momento". De esta forma, el magistrado se opone a una diligencia que había solicitado el PSOE, otro de los partidos que ejercen la acusación popular en este caso.

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Concretamente, los socialistas pidieron al Juzgado que requiriese al Ayuntamiento "información sobre la dirección de correo electrónico cgalcaldia@madrid.es y todos los e-mails que allí fueron remitidos y sus archivos entre el 18 de marzo de 2020 y 25 de marzo de 2020".

"El Ayuntamiento de Madrid y la Funeraria Municipal no tienen por qué ser objeto de diligencias como si fuesen imputados, en una especie de investigación prospectiva para ver si algún funcionario o gestor (...) fuese cómplice o cooperador necesario en la estafa, o hubiera cometido una malversación de fondos públicos dolosos", insiste el juez.

No obstante, al igual que ya ha señalado el fiscal del caso en algún escrito, "la mala gestión de este asunto en la ejecución de estos contratos, sin duda, puede tener un gran interés político, e incluso generar alguna responsabilidad política". "Pero ello —concluye Carretero— es ajeno al proceso penal, sin que sea necesaria más documentación para acreditar el engaño que ha sufrido el Ayuntamiento de Madrid como consecuencia de la venta de un material sanitario a un precio exorbitado en plena época de la pandemia de Covid".

'Caso Mascarillas'

A principios del pasado abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.

Lo habrían hecho —a ojos del Ministerio Público— "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado. 

La empresa municipal encargada de esta compra, la Funeraria, pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público. Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada.

Su labor se habría limitado a ofrecer material al Ayuntamiento y a facilitar un contacto que, a su vez, recibió, gracias a una amiga en común, por parte del primo del alcalde de Madrid. El empresario Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.

Así lo recuerda el juez Carretero en este último auto: "Un material sanitario a un precio exorbitado en plena época de la pandemia Covid, con la absoluta necesidad de adquirir el material para evitar muertes y al que los investigados ocultaron desde el primer momento sus comisiones, ya las fijasen ellos o ya las fijase un tal San Chin Choon, que no ha contestado a una comisión rogatoria enviada [a Malasia] al efecto".

Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias.

Con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.

Ambos están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez fue interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.