Bolaños y Pons negociaron en secreto hace días y se bloquearon en el escollo que ahora buscan superar

Aunque hasta ahora no ha trascendido, Bolaños y Pons retomaron la pasada semana los contactos en la más estricta reserva y se llegaron a intercambiar propuestas con el fin de alcanzar un acuerdo sobre el órgano de gobierno de los jueces, que espera su renovación desde diciembre de 2018.

El ministro de la Presidencia y el vicesecretario de acción institucional del PP volvieron a hablar a instancias de Carlos Lesmes, hasta ahora presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que llamó a ambos negociadores el viernes 30 de septiembre y logró que hubiera una cierta receptividad mutua entre los negociadores del PSOE y del PP.

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Durante la semana pasada se produjeron varios contactos entre Bolaños y González Pons. Pero la pretensión del PP de lograr un acuerdo sobre la modificación futura del modo de nombrar a los vocales judiciales del CGPJ, una recomendación de la Unión Europea que el PSOE rechaza rotundamente, hizo naufragar el intento.

El pasado domingo, Lesmes, que estuvo pendiente de la evolución de las conversaciones en todo momento, constató que los contactos no daban resultado y decidió anunciar que formalizaría su dimisión este lunes, como efectivamente ha hecho.   

El mantenimiento de la elección parlamentaria de los 20 vocales del CGPJ -tanto de los ocho juristas como de los 12 que deben ser jueces o magistrados- es una seña de identidad del PSOE en materia de Justicia.

Elección parlamentaria

Fue el PSOE el que en 1985 implantó la elección parlamentaria pura. Después populares y socialistas pactaron que los 12 vocales de turno judicial fueran elegidos por el Congreso y el Senado pero entre una bolsa de candidatos preseleccionados en una votación de la carrera judicial.

Para el Gobierno socialista, esta fórmula no se aparta de los estándares de la Unión Europea, que, en todo caso, no debería inmiscuirse en una cuestión doméstica como es la regulación legal del órgano de gobierno de la Judicatura.

El PP niega que el actual sistema responda a los criterios de despolitización del Poder Judicial y de separación de poderes que exige la Unión Europea, ya que la mano de las fuerzas políticas sigue siendo determinante en la designación de los 12 vocales.

En esta posición el PP ha encontrado el respaldo de la Comisión Europea, que viene insistiendo a España en que es preciso que cambie el sistema de elección de los vocales judiciales de modo que no exista ninguna injerencia política.

Reforma

El PP ha propuesto al PSOE que sea el futuro CGPJ -designado conforme al vigente sistema de elección parlamentaria- el que en un plazo de seis meses haga una propuesta al Parlamento para la reforma del sistema de nombramiento de los vocales del turno judicial, de modo que la participación de los propios jueces y magistrado sea "decisiva".

Pero Bolaños ha rechazado hasta ahora un acuerdo en el que se consagre la realización de esa reforma, aunque sea a futuro, y no quiere oír hablar de plazos.

El nuevo escenario que se ha abierto tras la dimisión de Lesmes, que llevó a Pedro Sánchez a convocar a Feijóo en la Moncloa de forma urgente, pasa por desencallar ese punto. Se haría a través de una redacción de interpretación ambivalente que, de un lado, no comprometa inexorablemente una reforma encaminada a eliminar la intervención parlamentaria pero, de otro, permita al PP hacer valer esa expectativa como una opción realizable.

En ese encaje de bolillos se juega el éxito o el fracaso de la "última oportunidad" que se ha abierto este lunes durante el encuentro celebrado en la Moncloa entre Sánchez y Feijóo, al que Bolaños y Pons se incorporaron. 

La hoja de ruta del PP será la propuesta que envió al Gobierno el pasado julio y que nunca tuvo respuesta oficial. En ella figuran medidas de despolitización de la Justicia que no son difíciles de aceptar, como el incremento de la autonomía de la Fiscalía o el aumento de los años de servicio activo para poder ser magistrado del Tribunal Supremo.

Aparte del ámbito judicial, tampoco representa un obstáculo la reclamación del PP de poder designar al magistrado que ocupará en el Tribunal Constitucional la vacante de Alfredo Montoya, que dimitió el pasado julio por motivos de salud.

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Mayor dificultad entraña la pretensión del PP de conocer por anticipado los nombres que el Gobierno designará para el TC y que permitirán que haya una mayoría progresista. También habrá que determinar qué CGPJ -el actual o el nuevo- designará a los otros dos miembros del Constitucional con los que debe completarse la renovación del tribunal de garantías. 

En todo caso, la idea del Gobierno es llevar a cabo una negociación rápida que permita saber si hay o no acuerdo en pocas semanas. Si la renovación institucional no se completa antes de diciembre, la entrada en precampaña electoral hará prácticamente inviable el pacto.