El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha cuestionado la legalidad de los nuevos audios aportados a la investigación de la trama Kitchen, el supuesto espionaje parapolicial que sufrió el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.
En un escrito de 22 páginas, dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la defensa del que fuera número dos del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz se opone a reabrir esta investigación y critica el "dudoso origen" y la "evidente ilegalidad" de estas grabaciones.
La llamada Kitchen es una de las más de treinta piezas del caso Villarejo, que investiga el juez Manuel García-Castellón. Una vez el magistrado ya había finalizado la instrucción y propuesto mandar al banquillo a varios de los imputados —entre ellos, el propio Martínez, varios policías y el exministro de Interior—, aparecieron nuevos audios que no constaban en el sumario.
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Se trata —de ser verídicos— de conversaciones mantenidas entre el excomisario de Policía José Manuel Villarejo y la exsecretaria del PP María Dolores de Cospedal y que fueron publicadas en prensa.
Hay otra tanda de audios: tres supuestas charlas del excomisario con Francisco Martínez, que fueron entregadas a la Policía, en mayo de 2022, por el empresario Javier Pérez Dolset en un pendrive, tras recopilarlos del canal de la red social Telegram en el que fueron difundidos.
A la luz de estas nuevas pruebas, tanto PSOE como Podemos ya han pedido reabrir la investigación de Kitchen y citar como investigada a Cospedal, que ya lo estuvo, antes de que el juez archivase la causa tanto para ella como para su esposo.
El ex número dos de Interior no se opone a investigarla, pero sí se niega a reabrir esta pieza del caso Villarejo y a que se practiquen nuevas diligencias basándose en los audios que señalarían a Martínez.
"Tal situación habilitaría, a lo sumo, a las acusaciones a instar la incoación de un nuevo procedimiento contra los sujetos respecto de quienes se sobreseyó provisionalmente la causa [es decir, Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro], pero no a la reapertura de un procedimiento que no está cerrado (...), perjudicando además a las personas sometidas al procedimiento abreviado que verían conculcado su derecho a no padecer dilaciones indebidas", expone la defensa de Francisco Martínez.
"Sin que este escrito suponga reconocimiento de la autenticidad de tales archivos de audio, ni de la participación en los mismos de mi representado, es evidente que constituyen una prueba ilícita y, en consecuencia, (...) también sería ilícita cualquier otra prueba que pudiera derivarse de aquella", añade.
Las grabaciones, explica el abogado de Martínez, no cuentan con "garantía alguna de originalidad ni autenticidad, al ser, por completo, desconocida la fuente originaria de las mismas".
Y critica también que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional las transcribiese en un escrito: "Asume de forma indubitada que mi mandante [Francisco Martínez] participó en tales conversaciones sin haberse realizado la más mínima comprobación de la realidad de tales grabaciones, requiriendo, por ejemplo, el soporte original con que fueron realizadas, las grabaciones originales completas e íntegras, la adecuada comprobación de voces o la más mínima comprobación de la existencia de manipulación o simulación de voces".
El abogado Juan Manuel Ruiz Sanz, a su vez, tacha los audios aportados a la causa de "troceados" y "descontextualizados", con un "origen desconocido" e insuficientes para constituirse como prueba.
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Además, de ser cierto que la voz de dichos audios es la de Francisco Martínez y no ha sufrido ninguna manipulación, la difusión de estas grabaciones, supondría, a juicio del letrado, un atentado contra la intimidad personal, contra la protección de datos personales y constituiría un delito de revelación de secretos.
Todo ello —concluye la defensa del exsecretario de Estado— "hace patente, aún más si cabe, la ilicitud de la incorporación de los audios al presente procedimiento y de la práctica de nuevas diligencias de investigación en relación con los mismos".
"De ser ciertas, constituirían una prueba obtenida con vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de datos, cuya incorporación al proceso conllevaría, inextricablemente, una vulneración del derecho fundamental de mi patrocinado a un proceso con todas las garantías", subraya la defensa del ex número dos de Interior.
Archivo para Cospedal
El juez que ha investigado el caso, optó, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, por dejar a Cospedal al margen de la Operación Kitchen y ceñir la causa, únicamente, a miembros del Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díaz, a quien García-Castellón sí ha propuesto juzgar, al igual que a Martínez.
Además, el magistrado ha rechazado volver a investigar, a la luz de los nuevos audios, a la ex secretaria general del PP. Ahora, será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que decida sobre los recursos interpuestos contra esta decisión del juez.
No obstante, en una resolución reciente, García-Castellón sí acordó abrir una nueva pieza del caso Villarejo en la que investigar las nuevas grabaciones.
Por su parte, Podemos, otra de las acusaciones populares de Kitchen, también ha solicitado revocar el archivo de la causa para Cospedal y para su marido. Tal y como ha informado EL ESPAÑOL, la formación izquierdista subrayó en su recurso que la entonces secretaria general del PP "estaba al tanto" del espionaje a Luis Bárcenas.
El PSOE también ha solicitado que los nuevos audios sean "adverados" y, una vez se compruebe su autenticidad, "se levante el sobreseimiento provisional del que disfruta la señora Cospedal" en la pieza Kitchen.