Isabel Gallego, la exjefa de prensa de Esperanza Aguirre, ha presentado un recurso en la Audiencia Nacional contra la decisión del juez del caso Púnica de procesarla a ella y de exonerar a buena parte del resto de investigados; entre ellos, la expresidenta de la Comunidad de Madrid.
La defensa de Gallego critica que el magistrado Manuel García-Castellón, el encargado de investigar esta causa, haya hecho "pivotar la financiación del PP" sobre su representada, "que no formó jamás parte del Partido Popular y sobre la que existieron numerosos cargos orgánicos con responsabilidad y supervisión de su gestión, (...) a los que se archiva el proceso con desiguales argumentos".
En esta pieza, el juez ha investigado la supuesta existencia de una caja B en el PP madrileño. En la resolución en la que proponía juzgar a Gallego y a otros siete investigados, García-Castellón subrayaba que no había indicios contra Aguirre ni contra quien fuera su sucesor en el cargo, Ignacio González.
A lo largo del recurso, de 14 páginas, Gallego apunta a sus "jefes", a los cargos situados por encima del suyo. Y se desvincula de las labores prestadas por las empresas del informático Alejandro de Pedro, el considerado conseguidor de la trama Púnica y uno de los imputados que el juez proponen mandar al banquillo por las contrataciones supuestamente irregulares.
Fue éste quien realizó labores de reputación digital y posicionamiento online a favor de Esperanza Aguirre y de Ignacio González. No obstante, el juez García-Castellón considera que la entonces presidenta madrileña desconocía los detalles de estas contrataciones.
"Ciertamente, en la instrucción se ha ido conociendo que numerosos políticos y personalidades relevantes contrataban a las empresas de Alejandro de Pedro. Si adquirieron con ellas deudas, o se prestaron a pagarlas, le es completamente extraño a la actuación de Isabel Gallego", sostiene su defensa.
Su abogado insiste en que la contratación de De Pedro le fue "impuesta" a su representada. Y que fue recomendada por el exconsejero Borja Sarasola, a quien García-Castellón sí propone sentar en el banquillo.
Esperanza Aguirre e Ignacio González, en una imagen de 2012.
"El encargo (...) fue solicitado al Consejo de Gobierno a través de distintas personalidades de la Comunidad. Así, se dispuso que se contratara el servicio con los fondos presupuestarios de la Dirección General de Medios [que encabezaba Gallego], lo que, en absoluto, puede considerarse ajeno a la Consejería de Presidencia, al Subsecretario General Técnico e, incluso, a los propios presidentes afectados", apunta la defensa de la exjefa de prensa de Aguirre, a la que señala indirectamente, ya que la exlideresa madrileña fue la beneficiaria reconocida de estas labores de reputación online.
Y critica que el juez archiva la causa para los expresidentes Aguirre y González, "pero considera que hay indicios de malversación en quien contrató los trabajos que les beneficiaban personalmente".
Asimismo, recuerda que, en el año 2010, "la encargada de la Secretaría de Comunicación era Lucía Figar y la de las redes sociales, Isabel Díaz Ayuso", actual presidenta de la Comunidad de Madrid. "Fueran quienes fueran las encargadas de aquellos menesteres, lo cierto es que no era Isabel Gallego", añade.
"Que Alejandro de Pedro tuviera o no relaciones personales y/o negociales previas con el PP, con Francisco Granados, Borja Sarasola, Lucía Figar, Esperanza Aguirre o Ignacio González es algo que le era completamente ajeno a Isabel Gallego hasta que aquél le es presentado (...) por Borja Sarasola para que haga en Internet los trabajos que ella había reclamado. ¿Y a quién le hace la petición? A sus jefes [a los de Isabel Gallego]", expone su abogado.
Salvo sorpresa, los exconsejeros Granados y Sarasola sí se sentarán en el banquillo. Y no lo harán Aguirre, González ni Figar.
"No es un error incluir 'jefes', porque la labor decisoria no le competía a la Dirección General de Medios, ni a su directora, Isabel Gallego", concluye el escrito de su defensa.
'Púnica'
Tal y como informó EL ESPAÑOL, el juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, ha decidido archivar la causa, en la que ha investigado desde 2014 la supuesta existencia de una caja B en el PP de Madrid, para la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre y para quien fuese su sucesor en el cargo, Ignacio González.
No obstante, el magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, sí ha propuesto mandar a juicio al exconsejero madrileño y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados.
Tomó esta decisión, en sintonía con lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, "por su posible responsabilidad criminal por un delito electoral, otro de cohecho y otro de tráfico de influencias".
En un largo auto de 257 páginas, dictado el pasado viernes, el juez propuso sentar en el banquillo a otras siete personas más y a dos empresas.
[Un mensaje de Marjaliza desde prisión sirvió para localizar en un altillo el millón de Granados]
Por contra, el juez exoneró a quien fuera presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012. "Del resultado de lo instruido no puede considerarse acreditada la participación de Esperanza Aguirre Gil de Biedma en los hechos delictivos objeto de la presente pieza separada".
"Lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora de los [hechos investigados]", concluyó el juez García-Castellón, quien recordó que los supuestos delitos electorales vinculados a las campañas autonómicas de 2007 y 2011 habrían, además, prescrito.
El sumario del caso Púnica se abrió en 2014, después de que España recibiera una alerta de Suiza por un delito de blanqueo de capitales. En un inicio, el único investigado era Granados, en cuya vivienda la Guardia Civil encontró una agenda Moleskine con anotaciones sobre actos electorales y gastos que apuntaban a la existencia de una caja B en el PP regional.
Contratos
El magistrado sí reconocía en su auto que, desde abril de 2012 hasta su dimisión, Esperanza Aguirre se benefició de los servicios de reputación digital y posicionamiento online prestados por las empresas del experto informático Alejandro de Pedro.
"No obstante, tras la instrucción llevada a cabo, no ha podido acreditarse que la misma [Esperanza Aguirre] tuviese conocimiento ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos", razona el auto.
El fiscal tampoco vio pruebas suficientes que le permitiesen acusar a la expolítica. Por ello, el pasado julio, Anticorrupción pidió exonerarla, al igual que hizo con Ignacio González.
La expresidenta del PP madrileño fue citada a declarar como investigada en Púnica debido a un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señalaba a ciertos servicios de reputación online que habrían sido prestados sin que existiese un contrato firmado entre la compañía y el Partido Popular o la Comunidad de Madrid.
También se libra del banquillo en Púnica el constructor David Marjaliza, que figura en el listado de más de 50 personas para quienes el juez decretó el sobreseimiento provisional.
En él, también aparece la exdiputada del PP en la Asamblea de Madrid Lucía Figar, el exministro y fundador de la constructora OHL Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid, también empresario y yerno del anterior, además de consejero delegado del Grupo Villar Mir.
Aparte de Granados y De Pedro, a quienes el juez sí propone mandar al banquillo son los siguientes: el exconsejero madrileño Borja Sarasola, el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, el exdirector de Sistemas de la empresa Indra Diego Mora y el otrora secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Francisco Lobo, cesado en 2019 por la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Los anteriores se suman a la exjefa de prensa de Aguirre, además de a José Martínez, exjefe de Informática de la Comunidad de Madrid, y a las dos empresas EICO Reputación Management, mercantil propiedad de De Pedro, y Madiva Editorial y Publicidad, también vinculada al experto informático.
Acerca de Gallego, el juez subrayó en su auto que la investigación ha aportado "pruebas directas e indicios" de que era "perfecta conocedora" de que los servicios de reputación online prestados por las empresas de Alejandro de Pedro se efectuaban "sin contratación formal" y que los pagos se encubrían mediante varias artimañas.