El exviceministro de Energía de Venezuela Javier Ochoa Alvarado ha solicitado a la juez que instruye el llamado caso Caranjuez la declaración como testigo o como investigado del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino.

Alvarado fue uno de los dos dirigentes chavistas que denunciaron una supuesta red de extorsión a altos cargos venezolanos por parte de policías españoles, que les habrían exigido, a cambio de protección en nuestro país, información sobre posibles pagos del Gobierno de Hugo Chávez a dirigentes de Podemos.

En un escrito enviado este viernes al Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, que avanza EL ESPAÑOL, la defensa del exviceministro relata que Eugenio Pino "fue identificado por el señor Ochoa Alvarado como la persona de máximo rango con la que éste se reunió y a quien entregó cientos de documentos relativos a las actividades ilegales de las que el señor Ochoa había tenido conocimiento que se habían llevado a cabo en Venezuela".

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"Dichos documentos, sorprendentemente, acabaron en poder de la Fiscalía de Estados Unidos y fueron aportados por ésta a la causa de extradición que se siguió frente al señor Ochoa ante la Audiencia Nacional", añade el escrito.

Las autoridades norteamericanas solicitan a la Justicia española que entregue al ex viceministro venezolano, nacionalizado español, para ser juzgado en EEUU por presunta corrupción.

"Por otra parte, el señor Pino era también, en el momento en que empezaron a cometerse los hechos que son objeto de la presente instrucción (año 2015), director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional y, por tanto, máximo superior jerárquico de algunos de los investigados. Por ello, consideramos absolutamente imprescindible que preste declaración", argumenta la defensa de Ochoa Alvarado. 

Como imputados en esta causa figuran en torno a una decena de personas —algún policía o exagente—, a las que la juez tomó recientemente declaración.

Asimismo, el abogado del exdirigente chavista ha solicitado a la juez que tome declaración —ya sea como testigos o como imputados— a los dos inspectores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que firman el informe que dio pie al inicio de esta investigación.

A juicio de la defensa de Ochoa Alvarado, este escrito, fechado el 31 de enero de 2019, tiene "errores, inexactitudes y falsedades" relativas a la concesión de su nacionalidad y a "otras circunstancias".

"En dicho informe se cometen una serie de errores o falsedades tan graves y perjudiciales para mi representado que, no siendo (...) fácilmente justificable, bien pudieran estimarse como una continuación de los actos delictivos en perjuicio de mi representado objeto de la presente instrucción", relata el escrito de la defensa de Alvarado.

Finalmente, el escrito dirigido al Juzgado solicita que se cite, como testigo o como investigada, a la fiscal estadounidense Sarah Edwards, residente en Washington DC, a fin de que aclare si usó, en la solicitud de extradición contra Alvarado Ochoa, los documentos que éste asegura haber entregado a Eugenio Pino. Y, según declaró el exviceministro ante la juez, el exDAO de la Policía también le solicitó información sobre la financiación de Podemos.