Fiscalía se opone al intento de Rajoy de frenar que Andorra investigue su rol en la 'Operación Cataluña'

La Fiscalía de Madrid se opone al intento del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy con el que éste ha tratado de evitar la tramitación de la comisión rogatoria enviada a España por una juez de Andorra. Esta magistrada investiga si el político y otros miembros de su Ejecutivo presionaron para obtener datos bancarios de Jordi Pujol y su familia en el marco de la Operación Cataluña.

El Ministerio Público ha enviado un escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que rechaza que se frene, como pide el expresidente del Gobierno, el envío de documentación a Andorra.

Rajoy recurrió una resolución administrativa de la Secretaría de Estado de Justicia, que avalaba la postura de la Dirección General de Cooperación Internacional de "dar curso" a la comisión rogatoria enviada a España por la juez andorrana y mandar información a ese país. Para ello, el expresidente español aludió a una posible vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva y a la igualdad.

[Mariano Rajoy, investigado en Andorra por supuesta coacción para obtener datos bancarios de Pujol]

Tal y como recoge el escrito del Ministerio Público, aquella decisión de la Dirección General se limitaba, únicamente, a enviar al Decanato de los madrileños Juzgados de Plaza de Castilla la solicitud de "auxilio judicial internacional" procedente de la juez de Andorra, "con el ruego de informe del curso dado a la solicitud realizada para comunicación a las autoridades requirentes". Es decir, la magistrada solicitaba también que se informase de dicha decisión a, entre otros, Rajoy.

Ahora, el fiscal considera que los motivos esgrimidos por el expresidente del Gobierno son inválidos para esta situación y no afectan a "los derechos que a la parte pudieran asistir en el ámbito de la jurisdicción penal". Y que, al tratar de impugnar esa decisión de la Dirección de Cooperación Internacional, Rajoy no acreditó "la vulneración del artículo 14 [de la Constitución, la igualdad] que se invoca".

Además, el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid —el que, por reparto, ya se encarga del asunto— inadmitió, a su vez, el recurso interpuesto por el expresidente del Gobierno contra la decisión de encargar a la Policía Judicial que atendiese a la petición de la juez andorrana.

Fue entonces cuando la defensa de Rajoy interpuso otro recurso —en este caso, de queja— ante la Audiencia Provincial de Madrid, la instancia superior al Juzgado. Y este tribunal concluyó que "el derecho de todo ciudadano a obtener la tutela judicial efectiva sin indefensión" exigía que la inadmisión del primer recurso pudiese ser motivada y fuese recurrible.

No obstante, según señalaron los magistrados, la documentación ya estaba camino de Andorra. Fue entonces cuando Rajoy solicitó que, cautelarmente, paralizase el envío de esta información.

El TSJM, finalmente, ha concedido la medida cautelarísima solicitada por Rajoy, a la espera de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado se pronunciaran. El Ministerio Público ya ha informado este miércoles de que se opone a ello. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia deberá decidir si mantiene o no la suspensión.

La querella de BPA

Tal y como informó EL ESPAÑOL, el pasado junio, la juez andorrana notificó a Rajoy y a quienes fueran sus ministros de Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se les investiga en el Principado a raíz de una querella por las supuestas "extorsiones" a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información financiera de varios políticos catalanes y tratar así de frenar el procés.

Todo ello se habría producido dentro del marco de la llamada Operación Cataluña. La querella de la que se deriva esta causa fue presentada por el Institut de Drets Humans d'Andorra, la asociación Drets y el expresidente del banco BPA, Higini Cierco Noguer.

Fue el pasado junio cuando la juez Stéphanie Garcia envió una comisión rogatoria a España para notificar la querella a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz.

La magistrada también comunicó su condición de querellados a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, y a Ignacio Cosidó, quien fuese director general de la Policía entre 2011 y 2016.

Todos ellos, según consta en la documentación a la que tuvo acceso este periódico, están investigados en el Principado por los presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión y "creación de un documento falso por parte de funcionario".

'Policía patriótica'

La querella fue presentada por los supuestos delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental y acusa a Rajoy y Fernández Díaz de utilizar, desde el año 2014, a agentes de la denominada policía patriótica para presionar a responsables del banco BPA. 

"La razón era la de conocer, mediante vías ilegales, una información bancaria secreta, protegida por la legislación andorrana y relacionada con distintos gobernantes de Cataluña y sus familiares", explicaba la resolución firmada por la juez.

Entre ellos, se encontrarían el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el líder de ERC Oriol Junqueras o la familia de Jordi Pujol.

La querella de la que se deriva esta causa sostiene que el Gobierno español habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid —ambos ya clausurados— si no facilitaban la información exigida.