La Audiencia Nacional seguirá investigando el naufragio del pesquero Villa de Pitanxo. Así lo ha establecido su Sala de lo Penal, que confirma la competencia del Juzgado Central de Instrucción número 2 para indagar en los hechos.
En aquel accidente, ocurrido el pasado 14 de febrero en aguas cercanas a la Isla de Terranova (Canadá), fallecieron 9 tripulantes y otros 12 desaparecieron.
En un auto fechado este viernes, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal rechazan el recurso de apelación de la Fiscalía. El Ministerio Público pedía que se ordenase la inhibición de la causa en favor de un juzgado de instrucción de Marín. Este último, además, rechazó asumir esta investigación.
No obstante, la Sala recuerda que el Supremo ya se ha pronunciado en casos anteriores similares, otorgando la competencia a los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional por el hundimiento de un buque español en aguas internacionales.
En dichas ocasiones, el Alto Tribunal señalaba que, de considerar competente a un juez ordinario, se plantearían "problemas de territorialidad muy complejos" que provocarían "inevitables dilaciones".
Además, el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el magistrado Ismael Moreno, ya ha aceptado investigar estos hechos y ha acordado diligencias. Y "ninguna ventaja —y sí indeseables dilaciones— supondría ahora privar al juzgado a quo de una competencia ya aceptada, sobre una causa que ya se está tramitando", zanja el tribunal de la Sección Tercera.
Según la ley, la Audiencia Nacional es competente para investigar y juzgar delitos cometidos fuera del territorio nacional por parte de españoles.
El patrón del 'Villa de Pitanxo', Juan Padín (i), y su sobrino, Eduardo Rial (d).
Sin embargo, la Fiscalía abogaba por enviar la causa a Galicia. El Ministerio Público consideraba que la Audiencia Nacional no era competente para la instrucción, ya que los posibles delitos se cometieron en territorio español, una condición de la que gozan los buques y aeronaves con bandera de nuestro país. Por ello, sostenía que el asunto debería ser investigado por el juzgado de Marín (Pontevedra), al ser éste el puerto de base del pesquero.
No obstante, la Sala de lo Penal, en una ponencia de la juez Carolina Rius, subraya que la querella interpuesta por los familiares de las víctimas, ya admitida a trámite por el juez Moreno, acusa al capitán del barco de, entre otros, un delito de falsedad documental que se habría producido en territorio extranjero.
"Ya en Canadá, el capitán elaboró y presentó la Protesta de Mar [una especie de petición de auxilio marítimo] faltando a la verdad en la narración de los hechos", sostiene la querella de las familias de los marineros fallecidos. "De ser España competente, la instrucción por esos hechos que se dicen producidos en Canadá corresponde, sin dudas, al Juzgado Central de Instrucción", reza el auto, contra el que ya no cabe recurso.
El naufragio
De los tres únicos supervivientes del naufragio, el testimonio de uno de ellos fue clave para la investigación abierta —en paralelo a la judicial— por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), órgano dependiente del Ministerio de Transportes que aún deberá emitir un informe sobre el siniestro.
Se trata del marinero ghanés Samuel Kwesi, que pudo salvar su vida junto al patrón del pesquero, Juan Padín, y el sobrino de éste, Eduardo Rial, ambos naturales de la localidad pontevedresa de Cangas. La defensa de Padín también solicitó, al igual que el fiscal, que la causa fuese enviada a Galicia.
Ante los investigadores de la Guardia Civil, Kwesi declaró que el accidente se produjo durante la maniobra de virada del aparejo y apuntó a Padín por no haber atendido las recomendaciones de la tripulación y corregir la escora del barco para tratar de evitar el naufragio.
Asimismo, el Villa de Pitanxo acumulaba varias sanciones por infracciones graves de pesca ilegal; entre ellas, por sus capturas de unos 27.000 kilos de fletán negro sin declarar.