El revés judicial a Corinna en Londres libra a Juan Carlos I de la parte más grave de la demanda

"La conducta denunciada previa a la abdicación es inmune a la jurisdicción de los tribunales de este país", ha zanjado este martes el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales. La Corte ha estimado parcialmente un recurso de los abogados del monarca emérito contra la decisión del juez Matthew Nicklin, del Tribunal Superior de Londres.

Larsen atribuye a su antiguo amante supuestos actos de acoso, amenazas, seguimientos ilegales y difamación en el período comprendido entre abril de 2012 -tras la cacería en Botsuana durante la que Juan Carlos I sufrió una caída- y julio de 2021, cuando presentó la demanda.

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Es una acción civil, no penal, en la que Larsen pide (más) dinero a Juan Carlos I, del que en 2012 recibió una "donación" de 65 millones de euros que, según declaró al fiscal suizo Bertossa, se debió a la "gratitud y amor" del rey hacia ella y sus hijos.

El dinero había sido un "regalo" del rey saudí Abdalá a Juan Carlos I. Tal como desveló EL ESPAÑOL, el entonces jefe del Estado español ordenó a sus gestores suizos crear una estructura financiera opaca en Ginebra para ocultar esos fondos y no declararlos al fisco.

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El rey emérito no se ha librado del proceso abierto en Londres por Larsen, que seguirá su curso aunque con un contenido mucho más limitado, que ha perdido consistencia tras el fallo del Tribunal de Apelación y contra el que la defensa de Juan Carlos I reserva más acciones.

Larsen tendrá que reorientar su estrategia una vez que no podrá esgrimir ningún hecho anterior al 18 de junio de 2014, cuando Juan Carlos I dejó de ser jefe de Estado.

Qué queda fuera

En concreto, no serán tenidas en cuenta las referencias a las supuestas presiones y amenazas a Larsen que, "siguiendo las instrucciones del demandado", habría realizado el general Sanz Roldán, entonces responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Según la demanda, durante los meses de abril a junio de 2012  Sanz Roldán, "actuando bajo la dirección o con el consentimiento" de Juan Carlos I, habría coordinado una operación encubierta para allanar y registrar la oficina y el apartamento de Larsen en Mónaco.

Durante esa operación se habrían examinado y copiado documentos comerciales y personales de Corinna y algunos de ellos habrían sido sustraídos.

Todo ello queda ahora fuera del proceso, lo mismo que la entrevista entre Larsen y Sanz Roldán celebrada en el hotel Connaught, de Londres, el 5 de mayo de 2012 y durante la que el director del CNI le habría dicho que "no podía garantizar su seguridad física o la de sus hijos".

Ese mismo día Larsen viajó a su apartamento en Villars (Suiza), donde "descubrió que los papeles habían sido revueltos y un ejemplar de un libro sobre la muerte de la princesa Diana había sido dejado en una mesa".

Esa noche, la empresaria habría recibido una llamada telefónica de un desconocido "que le dijo, en español, que 'hay muchos túneles entre Mónaco y Niza'".

Quedan, asimismo, al margen del pleito los supuestos correos que, con el seudónimo Paul Bon, habría enviado a Larsen el general Sanz Roldán, con amenazas de que habría consecuencias si hacía algo en contra de los intereses del entonces rey.

El proceso sigue

Por el contrario, Larsen hará valer los supuestos actos de acoso posteriores a junio de 2014, como la vigilancia de sus vehículos y asistentes o el pirateo de sus teléfonos y ordenadores.

Larsen dice haber sufrido un "intento" de colocar un dispositivo de rastreo en su coche y afirma que "se intentó interceptar o vigilar sus comunicaciones".

En 2014, alega, Juan Carlos I la presionó para reiniciar su relación y le propuso matrimonio por segunda vez, lo que ella rechazó. El ya rey emérito "se enfadó" y "declaró que habría consecuencias".

Empezó a reclamarle los 65 millones de euros, que Larsen se negó a devolverle, y "adoptó una conducta destinada a socavar las relaciones personales y comerciales de la demandante y a afirmar falsamente que ella le había robado". 

Juan Carlos I habría difundido entre allegados y personas con las que Larsen hacía negocios "alegaciones difamatoria" y "suministró, o hizo que se suministrara, información falsa a los medios de comunicación, con la intención de que se publicara y dañara la reputación de la demandante".

Según la demanda, el 2 de noviembre de 2014 Juan Carlos I comió con Pepe Fanjul y Allen Sanginés-Krause. Este último, que era cliente de Larsen desde 2010, rompió la relación de consultoría que tenía con la empresaria.

Lo mismo habría ocurrido con Mohammed El Husseiny, que "dejó de trabajar con ella".

El rey emérito también se habría acercado al chófer de Larsen, al que habría obsequiado con un reloj Rolex Daytona, y a su asistenta personal Noelia Muñoz para convertirles "en fuentes de información sobre sus movimientos, actividades y asuntos en general".

En abril de 2015, Juan Carlos I visitó a la familia de su segundo marido Casimir zu Sayn-Wittgenstein y afirmó que Larsen le había robado dinero. Antes, en enero de ese año, el rey emérito habría manifestado lo mismo a rey del Arabia Saudí y al príncipe heredero Mohammed Bin Salman.

En junio de 2017, alguien perforó con un agujero de bala la ventana de su dormitorio en el manor que Corinna Larsen se compró en Shropshire con parte de los 65 millones donado por Juan Carlos I. En esa misma propiedad, alguien habría disparado en abril de 2020 contra las cámaras de vigilancia. 

Según Larsen, como consecuencia de ese "acoso", ha "sufrido un gran dolor mental, alarma, ansiedad, angustia, pérdida de bienestar, humillación y estigma moral" y sus negocios se han vito afectados.