La Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido la decisión del Juzgado de Instrucción número 24 de la capital de interrogar a la delegada del Gobierno, Mercedes González, por un supuesto delito de prevaricación.

El juez titular del mismo, el magistrado David Suárez, dictó recientemente un auto en el que admitía a trámite una querella presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica contra la política socialista.

La Delegación del Gobierno que González encabeza impidió a esta organización manifestarse el pasado 13 de julio frente al Congreso de los Diputados como protesta por la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática.

El departamento de González ofreció a la Asociación realizar otra concentración, el mismo día y a la misma hora, en la Plaza de las Cortes, a escasos metros de la Cámara Baja, "sin rebasar la misma" ni obstaculizar el acceso a las Cortes.

Los querellantes argumentaban que la Delegación del Gobierno sí había autorizado otra concentración prevista para un día más tarde frente al Congreso de los Diputados, organizada por las asociaciones memorialísticas de corte izquierdista.

De ahí que consideraran en su querella que se produjo una diferenciación injusta, "sin base legal alguna" y "en función del signo político de la asociación convocante". Y, con ello, "una limitación ilegítima del derecho de reunión".

El Juzgado ha citado por estos hechos a la delegada del Gobierno el próximo 13 de enero para tomarle declaración. La Fiscalía, por contra, considera que la querella y los hechos descritos en la misma "adolecen de todos y cada uno de los requisitos exigidos por la jurisprudencia para iniciar un proceso penal por un delito de prevaricación".

Por ello, han recurrido esta decisión en reforma (es decir, ante el propio Juzgado, instándole a que corrija su propia decisión) y ante la instancia superior al juez, la Audiencia Provincial de Madrid.

En su recurso, el Ministerio Público explica que la decisión de la Delegación del Gobierno fue que la protesta de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica debía encuadrase en un lugar determinado, pero concebía que, en función de la afluencia de asistentes, "con el fin de que el acto se desarrolle en condiciones de seguridad", las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pudiesen habilitar "nuevos espacios" o "limitar los mismos".

Por tanto, a ojos de la Fiscalía madrileña, "en modo alguno" pueden considerarse estas indicaciones, o el diferente trato esgrimido en la querella, como una resolución arbitraria y susceptible de constituir un delito de prevaricación administrativa.