La Justicia da la razón a Rajoy y paraliza 'sine die' el envío de información a la jueza de Andorra

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha paralizado cautelarmente el envío de documentación a la jueza de Andorra que investiga el papel del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la denominada Operación Cataluña.

El tribunal ordena que la paralización se mantenga "hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al proceso", lo que remite a una fecha indeterminada la solución final del asunto, que, en todo caso, durará varios meses. 

Así consta en una resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, fechado este mismo jueves y que avanza EL ESPAÑOL. El pasado 2 de noviembre, el TSJ madrileño sí autorizó el envío de documentación.

Pero la defensa del Rajoy, ejercida por el abogado Jesús Santos, interpuso un recurso en contra de la decisión de la Secretaría de Estado de Justicia por la que, en sintonía con lo que anteriormente había decidido la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, el Ministerio aceptaba tramitar la comisión rogatoria solicitada por la jueza del Principado.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado también apoyaron dar curso a esta petición de auxilio judicial internacional. No obstante, ahora, el TSJM paraliza sine die dicho envío, acordando la medida cautelar que solicitaba el expresidente del Gobierno.

Además del de Rajoy, la magistrada andorrana investiga el rol de dos de sus ministros, Cristóbal Montoro (extitular de Hacienda) y Jorge Fernández Díaz (Interior), en la supuesta operación para obtener datos bancarios de políticos catalanes independentistas como Artur Mas o Jordi Pujol y frenar así el procés.

Tal y como argumentaba la defensa de Rajoy, la tramitación de la comisión rogatoria le causaría daños irreparables a la imagen del expolítico.

Además, la defensa adjuntó a su recurso una respuesta parlamentaria —la que dirigió el Gobierno al diputado Sergi Miquel— que confirma que el inspector jefe de Policía Celestino Barroso, durante la misión que desempeñaba en Andorra entre los años 2014 y 2017, gozaba de inviolabilidad. Y que este funcionario también fue objeto de una comisión rogatoria por los mismos hechos que afectan a Rajoy.

A este policía, que fue agregado a la Embajada española en Andorra, sí se le concedió la inmunidad o protección diplomática con respecto a las gestiones para obtener información bancaria sobre dichos políticos catalanes. Y la misma condición de inviolabilidad reclamó Rajoy, al haber actuado como presidente del Ejecutivo español.

"Tales documentos dan, pues, pie para vislumbrar y conjeturar una pretendida vulneración del derecho fundamental de igualdad al compulsar y contrastar ambos supuestos procesales", admite el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"Si el proceso de tramitación de la comisión rogatoria internacional sigue adelante, proporcionándose así la colaboración a la Batllia de Andorra con el fin de que se le otorgue al actor la condición de investigado en un procedimiento penal en el extranjero, devendría ya ineficaz cualquier pronunciamiento judicial en España que diera la razón al actor [Rajoy] una vez cumplimentada y remitida a Andorra la comisión rogatoria", indica la Sala de lo Contencioso del TSJM.

La querella de BPA

El pasado junio, la juez andorrana notificó a Rajoy y a los dos exministros que les investigaba en el Principado a raíz de una querella por las supuestas "extorsiones" a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información financiera de varios políticos catalanes con el fin de tratar de frenar y desacreditar el procés.

La querella de la que se deriva esta causa fue presentada por el Institut de Drets Humans d'Andorra, la asociación Drets y el expresidente del banco BPA, Higini Cierco Noguer.

Fue el pasado junio cuando la juez Stéphanie Garcia envió una comisión rogatoria a España para notificar la querella a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz.

La magistrada también comunicó su condición de querellados a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, y a Ignacio Cosidó, quien fuese director general de la Policía entre 2011 y 2016.

Todos ellos, según consta en la documentación a la que tuvo acceso este periódico, fueron querellados por los presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión y "creación de un documento falso por parte de funcionario".

'Policía patriótica'

La querella acusa a Rajoy y Fernández Díaz de utilizar, desde el año 2014, a agentes de la denominada policía patriótica para presionar a responsables del banco BPA. 

"La razón era la de conocer, mediante vías ilegales, una información bancaria secreta, protegida por la legislación andorrana y relacionada con distintos gobernantes de Cataluña y sus familiares", explicaba la resolución firmada por la jueza.

La querella de la que se deriva esta causa sostiene que el Gobierno español habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid —ambos ya clausurados— si no facilitaban la información exigida.