El TC mantiene paralizada la tramitación del cambio exprés del tribunal que pretende el Gobierno

La Cámara Alta pidió en un escrito presentado en la tarde del martes ser parte en el proceso iniciado tras la admisión a trámite de un recurso de diputados del PP contra la forma en que el Congreso ha tramitado esa reforma.

El TC ha acordado tener por parte al Senado. Pero, en rechazo de su pretensión, ha confirmado la necesidad de mantener paralizada cautelarmente la tramitación parlamentaria de esa iniciativa porque, de seguir adelante, la posible vulneración de los derechos de los diputados de la minoría no podrían ser reparados. Una sentencia estimatoria dictada dentro de varios meses sería papel mojado.

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El presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, ha convocado al pleno de los magistrados con la misma celeridad con que lo hizo la pasada semana tras recibir la demanda de amparo de los diputados del PP. En ambos casos se había alegado la urgencia derivada del hecho de que el Congreso -el pasado jueves- y el Senado -mañana- tenían previsto votar la modificación del sistema de elección de los miembros del TC.

Recusación adhesiva

La reunión empezó a las 19 horas y concluyó pasadas las 22 horas. Además del escrito del Senado, se debatió la petición del fiscal jefe ante el TC, Pedro Crespo, de volver a considerar la recusación de González-Trevijano y del magistrado Antonio Narváez planteadas por Unidas Podemos y el PSOE antes de la admisión a trámite del recurso del PP.

Por ese motivo las recusaciones fueron rechazadas el pasado lunes y lo han vuelto a ser esta noche, por seis votos a cinco. El fiscal no planteaba una recusación propia, sino que se adhería a las promovidas, de forma extemporánea, por los socios de Gobierno.

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Por la misma proporción de seis votos de los magistrados conservadores frente a cinco de los progresistas se ha desestimado la petición del Senado de levantar la medida cautelarísima.

Era el último intento para que la reforma del TC pudiera ser aprobada este jueves en el marco de la modificación del Código Penal que, atendiendo las reclamaciones de los independentistas catalanes, suprime el delito de sedición y rebaja las penas de la malversación de fondos públicos.

El Senado argumentaba su petición en que la suspensión cautelar "ocasiona una perturbación de la máxima gravedad a un interés constitucionalmente protegido, como es el consistente en que el poder legislativo del Estado español, encarnado en las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado), que representan al pueblo español, pueda ejercer con plenitud las funciones que tiene constitucionalmente atribuidas, sin interferencias indebidas"

Esa "perturbación" es, para la Cámara Alta, "particularmente grave" para los derechos de los senadores, a los que se les "niega ejercer en tiempo y forma el derecho a enmendar, debatir y votar" la proposición de ley procedente del Congreso.

Según fuentes del TC, el tribunal ya consideró esos argumentos el pasado lunes y los contestará tanto en el auto por el que admite a trámite la demanda de amparo de los diputados del PP como en la resolución en la que desestima la petición del Senado.