Mohamed es, ahora mismo, poco más o menos que un apátrida. Nació en Ceuta en 1968, aunque vive en España desde hace años de forma irregular, sin documentación.
Por ello, el Ministerio del Interior no le considera ciudadano español y figura en los archivos policiales como marroquí. Pero el reino alahuita tampoco le considera súbdito suyo.
Este caos administrativo se ha intensificado recientemente, cuando la Policía Nacional ha iniciado los trámites para expulsar a Mohamed, que acumula un amplísimo historial delictivo, con más de 30 robos en su haber. Su primera detención se produjo en Ceuta, a principios de los años 80.
Desde entonces, ha sido arrestado por robos con fuerza, por sustracciones de vehículos, por tráfico de drogas, por infringir la Ley de Extranjería, por malos tratos físicos en el ámbito familiar, por atentado contra un funcionario de la autoridad, por hurto, por detención ilegal... Y ha sido condenado a prisión en varias ocasiones.
En la última, el Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta le impuso dos años y medio de cárcel por un delito de robo con violencia en grado de tentativa, uno de hurto y uno leve de lesiones.
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El relato de hechos probados de esa sentencia, consultado por EL ESPAÑOL, señala que, en 2019, Mohamed robó a un comerciante dos cajas de su furgoneta, valoradas en 34 euros, mientras éste descargaba la mercancía en la barriada de Hadú de la ciudad autónoma. Cuando la víctima trató de evitarlo, Mohamed sacó un cuchillo y una porra y le golpeó en la cabeza.
Por ello, en aplicación del artículo 57 de la Ley de Extranjería, la Administración española ha ordenado su expulsión del país durante, como mínimo, tres años. La Subdelegación del Gobierno de Huelva confirmó esta decisión el pasado 10 de junio. Mohamed tampoco podrá entrar en los territorios que pertenecen al espacio Schengen (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal...).
Un documento policial de 2017 confirma que Marruecos rechazó la entrega de Mohamed al no considerarle marroquí.
España ya intentó expulsar en 2017 a Mohamed. Pero el Reino de Marruecos respondió al Ministerio del Interior que no es ciudadano marroquí, pese a que así es como consta en las bases de datos policiales. Y, de progresar los trámites para volverle a expulsar de nuevo, lo más probable es que el país africano le deniegue, otra vez, la entrada.
Congelar su expulsión
Por el momento, su abogado, Luis Álvarez Collado, ha conseguido que un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva acepte su petición de medidas cautelares y congele la orden de expulsión.
Tal y como recordaba el letrado en su recurso, "la propia Administración española le otorgó [a Mohamed] una cédula de inscripción (...) y un título de viaje para poder desplazarse a Marruecos, único país al que se podía desplazar, lo que evidencia que no tenía documentación alguna de Marruecos, que nunca le ha reconocido como nacional suyo".
Álvarez subraya que, por error, la Delegación del Gobierno sigue considerándole marroquí y que, por tanto, "la expulsión no va a poder ser ejecutada".
"Aunque es cierto —admite el abogado— que [Mohamed] no ostenta la nacionalidad española, también lo es que no ostenta la nacionalidad marroquí, como demuestra el hecho de que las autoridades de dicho país no aceptaron su entrega por parte de las autoridades españolas que pretendían su expulsión, ya que el mismo no era nacional marroquí".
Por ello, en su recurso, el letrado recordaba que, "en cierta medida, se ha de considerar a estas personas como apátridas, al no ostentar ni una, ni otra nacionalidad". Y ello las coloca en "un limbo de alegalidad, que, en muchas ocasiones, es difícil de comprender".
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Tras salir hace un par de meses de la cárcel onubense, Mohamed está actualmente en libertad. En su auto, consultado por EL ESPAÑOL, el Juzgado de Huelva no resuelve el fondo del asunto, pero sí acepta congelar la orden de expulsión, al considerar que la paralización de los trámites "no genera perturbación grave de los intereses generales".
Según consta en su expediente, Instituciones Penitenciarias confirma que Mohamed "carece de recursos económicos propios" y de cualificación laboral, tiene estudios primarios sin terminar y nunca ha trabajado con contrato; siempre, ha cobrado en negro.
Según la valoración que realizaron los expertos carcelarios, "no se muestra receptivo" al tratamiento de reinserción, está "inadaptado a la convivencia pacífica", "su conducta no es buena" y cuenta con siete sanciones sin cancelar; algunas, tachadas de "muy graves".
La documentación de su expediente también subraya que "no consta que haya realizado ningún trámite válido para la regularización de su estancia en nuestro país, aun habiendo nacido en Ceuta".
EL ESPAÑOL ha consultado al Ministerio del Interior por el número de ciudadanos en una situación similar a la de Mohamed. El departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska ha respondido que no cuenta con ese dato.