El juez Pedraz manda al banquillo a 17 investigados por otra trama corrupta del 'caso 3%'

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha mandado al banquillo de los acusados a 17 investigados en el marco de una pieza separada del caso 3%.

Denominada Infraestructures, en ella, el Juzgado Central de Instrucción número 5 ha investigado una presunta organización criminal que habría amañado contratos públicos que adjudicaba la empresa pública Gestió D’Infraestructures o Infraestructures de la Generalitat de Cataluña.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a los investigados de delitos de organización criminal, fraude a las Administraciones públicas y prevaricación.

Según el auto del juez, fechado este miércoles, el objetivo de esta trama era repartirse y fijar los precios, de forma indirecta, en las licitaciones públicas de ciertos organismos públicos de Cataluña, "mediante el establecimiento o concierto de precios idénticos o muy similares con el objetivo de anular la competencia de los no integrantes del pacto". Así lo recoge Pedraz y así lo sostenía el anterior titular del Juzgado, el juez José de la Mata, en el auto de pase a procedimiento abreviado, en julio de 2020.

Por ello, estas presuntas actividades ilegales habrían provocado "la alteración de las cuantías desembolsadas por la Administración Pública por los proyectos de obra pública ofertados en los que las referidas empresas se presentaban", con el evidente perjuicio para las arcas públicas.

Los procesados son: Josep Lluís Quer Cumsillé, Josep Antoni Rosell Polo, Josep Narcis Arderiu Freixa, Tomás Blay Cisa, Josep Secanell Nadales, Albert Palou Soler, Pere Roda Altes, Joan Antonio Domingo Mestre, María Loreto Casas García, Ángel Manuel Ares Montes, Álvaro Palao Llopis, Ramón Rabell Torello, Xavier Montobbio Camprobí, Jaime Llongueras Mestres, Carlas López Carreras y Albert Casajuana Palet.

Para todos ellos, el fiscal anticorrupción José Grinda solicita penas que van desde los seis años y tres meses a los 8 años y 9 meses a los 6 años y 3 meses de prisión por su presunta participación en ese amaño de adjudicaciones entre 2008 y 2015.

Grinda solicita las penas más altas para los que considera líderes de la organización criminal: el expresidente y el exdirector general de la empresa pública de la Generalitat Gestió d'Infraestructures, Josep Lluis Quer y Josep Antoni Rosell.