El juez instructor del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha advertido a la Fiscalía Anticorrupción de la reforma del delito de malversación, que ha entrado este jueves en vigor.

Así consta en varias resoluciones, fechadas este jueves. El magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, ha acordado dar traslado al Ministerio Público, en cuatro de las piezas de la macrocausa, "por si, a la vista de la reforma del delito de malversación, [la Fiscalía] solicita el sobreseimiento para alguno de los encausados".

Varias de estas piezas salpican al exconsejero madrileño Francisco Granados, que también fue alcalde de la localidad de Valdemoro, donde nació la trama, y sobre la que versa alguna de las investigaciones. Las cuatro en las que el juez ha tomado esta decisión son las número 4, 5, 8 y 10 de esta compleja causa judicial que se instruye en la Audiencia Nacional.

El magistrado también se ha dirigido al Ministerio Público y a las acusaciones personadas en el denominado caso Cártel del fuego por el mismo motivo. Es decir, para que se pronuncien y confirmen o no si mantienen sus calificaciones en este procedimiento.

Tal y como informó EL ESPAÑOL, el pasado junio, García-Castellón propuso juzgar al exconseller valenciano y exdelegado de Gobierno Serafín Castellano por el supuesto amaño de contratos de extinción de incendios; especialmente, de helicópteros antifuego.

El juez señaló que los hechos por los que procesó al expolítico y a otras 30 personas podrían ser constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos, además de organización criminal, alteración de precios en concursos o contratación pública, cohecho, falsedad documental, prevaricación, asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias y exacciones ilegales.

Ahora, en un auto y cuatro providencias, el magistrado señala que, si bien ya se ha dictado en los cinco procedimientos la apertura de juicio oral, "concurren circunstancias excepciones que nos llevan a considerar la posibilidad de revisar la calificación" del Ministerio Público y del resto de las acusaciones. Concretamente, se refiere a la reforma, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, del delito de la malversación.

Esta modificación del Código Penal, tal y como recuerda el juez en sus resoluciones, no sólo contempla alterar varios de los tipos de este ilícito, sino que modifica también las penas que van a aparejadas a ellos.

'Kitchen'

El mismo juez, Manuel García-Castellón, ha sido también el instructor del caso Kitchen, el supuesto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, que habría sido orquestado desde el Ministerio del Interior cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno.

Según confirman fuentes fiscales a EL ESPAÑOL, la Fiscalía Anticorrupción, de oficio, está revisando su escrito de acusación por estos hechos, por si la reforma del delito de malversación obligase a introducir cambios.

Las mismas fuentes aseguran que dicho documento, que no llegó a ser enviado al Juzgado, llegará a manos del juez "próximamente". Entre los imputados por el caso Kitchen destacan el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz o el excomisario de Policía José Manuel Villarejo.

'Caso Acuamed'

Cártel del fuego y Púnica se suman así al caso Acuamed, en el que el mismo juzgado de la Audiencia Nacional también ha advertido a la Fiscalía de la reciente reforma de la malversación, por si afectase a su acusación.

El pasado 29 de diciembre, el juez Joaquín Gadea solicitó a la fiscal anticorrupción Inmaculada Violán que revise si la modificación del Código Penal implica algún cambio en su acusación y reduce las penas que próximamente solicitará.

Gadea señaló en su resolución que "sería necesario dar nuevo traslado [a la fiscal] a los efectos de valorar si procede o no la transformación a sumario" del procedimiento.

El caso Acuamed gira en torno a la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas S. A., que dependía del Ministerio de Medio Ambiente, y afecta a cargos tanto del PSOE como del PP, por supuestos contratos irregulares por obras hídricas y medioambientales concedidos por gobiernos socialistas y populares. No obstante, la rama que salpica al PSOE se instruye en los Juzgados de Valencia.

A la espera de que la fiscal se pronuncie, el juez Joaquín Gadea optó por prorrogar la instrucción de esta causa otros tres meses, hasta el 29 de marzo de 2023. El caso lleva investigándose judicialmente casi ocho años, desde febrero de 2015.

Ahora, será la fiscal Violán la que, a solicitud del instructor, deberá responder si la causa debe transformarse por la vía del sumario —tal y como ya solicitó el Ministerio Público—, aplicable en los casos en los que las penas por los hechos delictivos superan los nueve años de prisión, o no, tras la reciente reforma legal pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC.

El juez quiere saber si, debido a esta modificación penal, la fiscal va a solicitar ahora la continuación de los trámites por la vía del procedimiento abreviado, propia de delitos a los que van asociados un número menor de años de cárcel.