La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado juzgar ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) al primer juez instructor del denominado caso Cursach, Manuel Penalva Oliver.
Así consta en un escrito, enviado al TSJIB y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. El Ministerio Público solicita para este magistrado, a quien el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) jubiló por "incapacidad permanente", 110 años de prisión por varios delitos.
Concretamente, tres años de cárcel por el delito continuado de revelación de secretos por las filtraciones del caso, así como un lustro y medio entre rejas por cada uno de los quince delitos de detención ilegal de los que le acusa.
Asimismo, Anticorrupción solicita otros 16 años y medio por varios delitos de obstrucción a la Justicia y otros ocho años de prisión por prevaricación judicial en concurso con detención ilegal. Es decir, en total, más de un siglo de prisión.
Penalva Oliver, destinado entonces en el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca, fue apartado de la instrucción del caso Cursach el 6 de marzo de 2018, tras un incidente de recusación promovido por las defensas. Después, debió declarar como investigado por las supuestas irregularidades en la instrucción de esta causa.
La Fiscalía también pide que se siente en el banquillo el fiscal del caso, Miguel Ángel Subirán Espinosa. Y solicita para él 113 años y nueve meses de prisión.
Según relata el escrito de Anticorrupción, cuando Oliver era instructor del caso Cursach y Subirán, el fiscal del mismo, ambos habrían filtrado datos secretos a los medios de comunicación, pese a que las actuaciones todavía eran secretas. Y lo fueron hasta 2017.
El empresario Bartolomé Cursach, el día de su entrada en prisión, el 3 de marzo de 2017.
"Sin que ninguno de los acusados, cuando no era el que facilitaba la información, impidiera o evitara tal divulgación, ni investigaran quién filtraba tal información", sostiene la fiscalía especializada.
"Pese a estar al corriente de lo acaecido por participar [en un chat grupal de WhatsApp en el que figuraban tanto el juez como el fiscal], ninguno de los acusados llevó a cabo conducta alguna para impedir la revelación de las actuaciones sumariales y tras la divulgación del contenido de estas no hicieron nada por perseguir el delito de revelación de secretos", añade el escrito.
Las supuestas filtraciones a la prensa no sólo versaron sobre el caso Cursach, que toma su nombre del más famoso empresario del ocio de Mallorca, Bartolomé Cursach, que se sentó recientemente en el banquillo y fue, finalmente, absuelto después de que el nuevo fiscal de la causa retirase la acusación en su contra.
Según el escrito de Anticorrupción, el fiscal Subirán también habría filtrado información sobre el denominado caso ORA, que versaba sobre el supuesto amaño de un concurso celebrado en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca para la adjudicación de la concesión del servicio de aparcamientos.
"Los acusados mantuvieron su pasividad, pese a ser conocedores de las continuas filtraciones (...) que afectaban a personas investigadas en una causa en la que estaban interviniendo", indica Anticorrupción, que también pide sentar en el banquillo a varios agentes de policía que elaboraron informes sobre estas causas judiciales y que motivaron varias de las detenciones.
La Fiscalía señala que el ya exmagistrado Penalva, al interrogar a una de las personas que habían sido arrestadas, "le leyó, a modo de ejemplo, declaraciones de otros imputados, diciéndole que declararon ciertas cosas que les supuso pasar de imputados a testigos y le manifestó que si decía dos cosas como las mostradas pasaría a ser testigo". El interrogado no aceptó, "porque sería faltar a la verdad".
"Pese a ello, se le siguió insistiendo y, al término de la declaración, el magistrado Manuel Penalva le pidió que lo reconsiderase, que estaba a tiempo de pasar a testigo y que se jugaba una pena de hasta diez años de prisión", añade el escrito de Anticorrupción.
"Por su parte, el policía Miguel Ángel Blanco Villanueva, que estuvo presente en la declaración, le dijo [al interrogado] que era un gran empresario y que iba a tirar todo por la borda por este asunto", añade el documento. La Fiscalía acusa al subinspector Blanco de un delito continuado de revelación de secretos, de doce de detención ilegal, de obstrucción a la Justicia y de prevaricación.
Otro sujeto declaró como testigo del caso ORA ante la Jefatura de Policía. En dicho interrogatorio estuvo presente el fiscal Subirán, quien formuló las preguntas. "[Subirán] le dijo [al testigo] en reiteradas ocasiones que escondía algo y esa noche dormiría en los calabozos como imputado", señala Anticorrupción.
"Como consecuencia de ello, [el testigo] sufrió problemas de salud mental y angustia que le impedían conciliar el sueño, teniendo que tomar medicación para poder dormir y antidepresivos durante más de un año y, además, durante cinco meses estuvo de baja laboral", subraya.
Además, los fiscales anticorrupción Tomás Herranz Saurí y Fernando Bermejo Monje, quienes firman este escrito, relatan que, en agosto de 2017, una testigo protegida declaró ante el Grupo de Blanqueo de la Policía, "siendo interrogada por los acusados Miguel Ángel Blanco e Iván Bandera".
De acuerdo con este escrito, ambos agentes dijeron a la mujer "que estaba allí como acusada, pues unos testigos habían declarado que ella y su madre regentaban un local de prostitución del que eran clientes diversos policías locales y vendían drogas".
"Como (...) lo negó, le dijeron que si reconocía los hechos podía ir como testigo y no como acusada. Y, que si no lo hacía, ella y su madre serían acusadas, y que informarían a su madre de que fue prostituta", reza el escrito de los dos fiscales. Para el agente Iván Bandera también solicitan más de 90 años de cárcel por varios delitos, tales como revelación de secretos y detención ilegal.