El Tribunal Supremo reclama a las Cortes una "solución inmediata" a la falta del 24 % de jueces

Esa imposibilidad es consecuencia de la ley que promovió el Gobierno en 2021 para forzar al PP a renovar el órgano de gobierno de los jueces. Pero lo cierto es que el único resultado obtenido es el deterioro de la situación del Tribunal Supremo, donde ya son 19 las vacantes de un total de 79 plazas de magistrado.

Es decir, el máximo órgano del Poder Judicial está funcionando con el 24% menos de su plantilla. Y en los próximos meses las vacantes ascenderán a 24 (el 30,37%).

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Esta es la tercera vez en los últimos meses en que el Tribunal Supremo da la voz de alarma sobre su situación. En esta ocasión, la Sala de Gobierno, encabezada por el presidente en funciones, Francisco Marín, apela expresamente al Parlamento, instando a reclamar de las Cámaras una solución urgente.

Así se ha acordado a la vista de un informe del director del Gabinete Técnico del tribunal, que la Sala de Gobierno ha hecho suyo.

Ese informe, que fue pedido por el CGPJ, concreta el impacto de la ley de 2021 en la actividad de cada una de las cinco Salas del tribunal. 

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial solicitó el pasado noviembre a la Sala de Gobierno del Supremo un informe sobre las consecuencias que está teniendo en la conformación de las secciones y en el dictado de resoluciones la ley que impide al CGPJ cubrir las vacantes del alto tribunal.

La Sala de Gobierno considera necesario que el Parlamento establezca un “remedio inmediato de este estado de cosas y promueva cualesquiera otras iniciativas a fin de impedir que empeore”. Del Parlamento depende la renovación del CGPJ -que parece improbable-, pero también la reforma de la ley que restringe las competencias del Consejo.

1.230 fallos menos

La Sala de Gobierno estima que en 2023 sólo en las dos Salas más afectadas por las vacantes, que son la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo, se dictarán este año unas 1.230 sentencias menos (570 menos en Contencioso y 660 en Social).

Ello se traducirá en "un grave perjuicio para el justiciable" y en un significativo retraso en miles de resoluciones que abocarían al “colapso” de ambas Salas.

La Sala de lo Social tiene vacantes cinco plazas de una plantilla de 13. La Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene 10 vacantes de una plantilla de 33.

Ante la “situación crítica” de ambas Salas, el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno incluye la petición de 15 plazas de letrado más del Gabinete Técnico, ocho para la Sala de lo Contencioso-Administrativo y siete para la de lo Social, con retribución de letrado coordinador y para ser cubiertas preferentemente por magistrados.

Además de la situación alarmante de esas dos Salas, en la de lo Civil hay dos vacantes y otras dos en la Sala de lo Militar.

En los próximos meses se producirán cinco vacantes más por jubilación: una en la Sala Civil, una en la Sala de lo Penal, una en la Sala de lo Contencioso, una en la Sala de lo Social y otra en la Militar.

Además están vacantes (y, por tanto, cubiertas en funciones por los magistrados más antiguos) las plazas de presidente y vicepresidente del tribunal,y las de presidentes de las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.

El TS, "víctima directa"

Respecto a las peticiones de magistrados para el Gabinete Técnico, el informe subraya que apoyarían a las Salas en las fases de decisión, donde se genera el cuello de botella más relevante, para elaborar bajo la supervisión de los ponentes los borradores de sentencias de índole repetitiva o con jurisprudencia estable y consolidada.

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Según destaca el informe, “con una situación de la que el Tribunal Supremo no es en ningún caso causante, sino víctima directa, se hace necesario articular algún sistema que permita superar las dificultades existentes y resolver los recursos en plazos razonables, para no causar mayores perjuicios a los ciudadanos, que confían en la Justicia y esperan la resolución de sus pretensiones sin dilaciones indebidas”.

En cuanto a la Sala de lo Civil, el informe plantea la absoluta necesidad de prorrogar las medidas de refuerzo vigentes, consistentes en cuatro letrados en Gabinete Técnico y cinco letrados coordinadores en fase de decisión.