El fiscal no baja la petición por malversación a Prada, exconsejero de Aguirre, siguiendo el criterio del TS

Así lo considera la Fiscalía Anticorrupción, que ha comunicado a la Audiencia Nacional que no va a modificar el escrito de acusación presentado en enero de 2021, en el que pide penas de ocho años de cárcel para Prada y seis años para los otros cinco encausados.

La Audiencia Nacional pidió a Anticorrupción que se pronunciara sobre una posible modificación del escrito de acusación tras la entrada en vigor de la reforma del delito de malversación, impulsada por el Gobierno para favorecer a los encausados por el proceso soberanista catalán. La interpretación de la reforma que ha establecido el Tribunal Supremo ha frustrado ese favorecimiento porque la Sala Penal considera que los hechos del procés siguen siendo constitutivos de una malversación agravada de fondos públicos.

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La Fiscalía Anticorrupción ya ha seguido la interpretación del Tribunal Supremo en el caso Acuamed, un proceso que también tramita la Audiencia Nacional y en el que el Ministerio Público mantiene la acusación por malversación agravada por las presuntas irregularidades cometidas en contratos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas.

En la misma línea, Anticorrupción ha ratificado ahora su acusación por un delito continuado de malversación agravada en el caso del Campus de la Justicia.

El fiscal explica en su escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que la acusación se hizo conforme al Código Penal vigente al tiempo de los hechos, que era el texto resultante de la reforma realizada en 2003. Pidió la pena más alta establecida para el supuesto de que la presunta malversación revista especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público.

El arco de penas establecido en esa tipificación va de cuatro a ocho años de prisión e
inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años. Pero es la misma horquilla que contempla la reciente Ley Orgánica 14/22, que no ha modificado las penas de la malversación agravada aunque sí ha introducido nuevos tipos penales de malversación más benignos. El fiscal no los considera aplicables al caso del Campus de la Justicia.

El juicio de este proceso no tiene aún una fecha señalada. Prada se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel y 13 años de inhabilitación para empleo o cargo público por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que sostiene que se adjudicaron irregularmente varios contratos relacionados con el proyecto del Campus de la Justicia, desarrollado a través de una sociedad cuyo consejo de administración presidía el exconsejero.

Entre los contratos considerados irregulares figura el encargado al estudio de arquitectura de Norman Foster para construir los edificios que iban a albergar la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia.

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En su escrito de defensa, presentado el pasado septiembre, Prada ha pedido a la Audiencia Nacional que cite a Esperanza Aguirre como testigo para el juicio oral.

"Aguirre firmó el 17 de abril de 2006 el acuerdo con Norman Foster que precedió, con carácter vinculante, al contrato enjuiciado, lo que da idea de su conocimiento y aprobación de dicha contratación. Su testimonio resulta, por tanto, imprescindible", argumenta.

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Además de Alfredo Prada, se sentará en el banquillo el que fuera director de seguridad del Campus de la Justicia, el policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal cuando gobernó en Castilla-La Mancha y está siendo investigado en la pieza Kitchen del caso Villarejo.

Gómez Gordo se enfrenta a una petición del fiscal de 6 años de cárcel, al igual que el resto de los acusados: Isabelino Baños (director general técnico del Campus), Mariano José Sanz (subdirector técnico), Alicio de las Heras (director financiero) y Félix José García de Castro (secretario del consejo de administración).

La Fiscalía Anticorrupción ha hecho una calificación alternativa más benévola por delitos continuados de prevaricación y fraude a la Administración Pública, por los que pide cuatro años y seis meses de prisión y trece de inhabilitación para Prada y tres años de cárcel para el resto.

La Abogacía de la Comunidad de Madrid, que también ejerce la acusación en esta causa, solicita mayores penas por delitos continuados de malversación y fraude a la Administración. Así, para Prada pide 13 años de cárcel y 11 para Gómez Gordo, al igual que para el resto de los acusados.

Sin lucro personal

El 12 de noviembre de 2020, el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 5, José de la Mata, acordó continuar el procedimiento contra Prada y el resto de encausados al considerar que "se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos del Campus de la Justicia de Madrid, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo".

Según De la Mata, Prada y los directivos investigados "corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos del Campus de la Justicia, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos".

"En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial (hasta el punto de haber sufrido perjuicios el erario público de cientos de millones de euros)", afirmaba entonces el juez.