Anticorrupción plantea que el Estado indemnice a Bárcenas por ser espiado por Villarejo e Interior

Así consta en el escrito de acusación de Anticorrupción, ya enviado al juez de la Audiencia Nacional que ha investigado esta causa, denominada Kitchen. El Ministerio Público solicita 15 años de prisión para el exministro y 19 de cárcel para otro de los principales encausados, el excomisario de Policía José Manuel Villarejo.

Anticorrupción señala que si varios procesados —todos ellos, funcionarios— no abonan una indemnización a Bárcenas y a su esposa, deberá hacerlo el Estado, de forma subsidiaria. Concretamente, se trata del exministro Jorge Fernández Díaz; su número dos, Francisco Martínez, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino; los comisarios Enrique García Castaño, José Manuel Villarejo, Andrés Gómez Gordo y el exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos.

[La Fiscalía dice que el espionaje a Bárcenas contó con "el acuerdo pleno" del exministro Fernández Díaz]

Todos ellos, según solicita la Fiscalía, "deberán indemnizar, de manera conjunta y solidaria, a Luis Bárcenas en la cantidad de 6.000 euros y a Rosalía Iglesias, en la cantidad de 3.000 euros por los delitos contra la intimidad".

"De dicha cantidad responderá subsidiariamente la Administración General del Estado", pide Anticorrupción. Así lo establece el artículo 121 del Código Penal (CP), que reza lo siguiente: "El Estado (...) y demás entes públicos (...) responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados".

"Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos, la pretensión deberá dirigirse simultáneamente contra la Administración o ente público presuntamente responsable civil subsidiario", añade este precepto.

Es decir, el Estado respondería con dinero público si no lo abonan los anteriores, responsables principales.

Fondos reservados

Asimismo, la Fiscalía narra en su escrito de acusación, enviado este viernes a la Audiencia Nacional, que la trama empleó fondos reservados en esta operación de espionaje. Por ejemplo, cifra en casi 60.000 euros el dinero que la Kitchen, supuestamente, empleó para "captar" al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.

Los dos fiscales del caso solicitan que varios encausados retornen estos fondos a las arcas públicas.

Anticorrupción también solicita 15 años de cárcel para Francisco Martínez, quien fuese el número dos del exministro Fernández Díaz y quien desempeñó el cargo de secretario de Estado de Seguridad.

La misma pena, también, para Eugenio Pino, el exDAO de la Policía Nacional, el cargo más importante del Cuerpo después de su director general. Para estos tres encausados, la Fiscalía solicita, a su vez, 33 años de inhabilitación absoluta por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad.

Para el excomisario José Manuel Villarejo, otro de los procesados en el caso Kitchen, Anticorrupción pide 19 años de cárcel, 33 de inhabilitación absoluta y 9 de inhabilitación especial por los delitos de encubrimiento, malversación, delitos contra la intimidad y cohecho pasivo propio.

El excomisario Enrique García Castaño, apodado El Gordo, enfrenta una petición de los fiscales de 12 años y medio de prisión, más otro 28 de inhabilitación absoluta por los delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.

Para Sergio Ríos, quien fuese el chófer de Bárcenas y de su mujer, Rosalía Iglesias —y quien habría sido captado como confidente por esta trama—, el Ministerio Público solicita 12 años, 5 meses y 15 días de prisión por estos tres mismos delitos.

Anticorrupción también pide 15 años de cárcel y 48 de inhabilitación absoluta para Andrés Gómez Gordo, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, además de hombre de confianza de la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

Para Marcelino Martín Blas, excomisario de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, los fiscales solicitan dos años y medio de cárcel y 9 años de inhabilitación absoluta por el delito de encubrimiento. En total, la Fiscalía solicita un total de 106 años, 5 meses y 15 días para estos ocho procesados en el caso Kitchen.